(El Mercurio de Calama) Luego que el primer tribunal ambiental acogiera unánimemente la reclamación de las comunidades Camar, Peine y del Consejo de Pueblo Atacameños, a la aprobación del Plan de Cumplimiento (PDC) que presentó la empresa SQM Salar a la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) para la extracción de litio en el salar; la minera aseguró que sí resguardará el medio ambiente y que evalúa el acciones judiciales para revertir el fallo.

Conocido el dictamen, la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) informó, a través de un comunicado, que el jueves 26 de diciembre fue notificada de la sentencia, respecto del reclamo contra la resolución de la SMA, que aprobó con fecha lunes 7 de enero de 2019 el plan de cumplimiento presentado por SQM Salar.

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Lamenta la decisión

En el mismo escrito la empresa minera señala que el 1TA estimó que el PdC presentado por SMQ Salar y aprobado por la SMA, “no cumple respecto de ciertas medidas propuestas con los requisitos de integridad y eficacia exigidos por la legislación ambiental”.

“La sociedad, sigue el documento, lamenta esta decisión y está convencida de que el programa evaluado acuciosamente por las autoridades competentes- resguarda la protección del medio ambiente. A su vez, SQM Salar S.A. está evaluando también el ejercicio de las acciones que contempla la ley”.

Asimismo, la empresa agregó que “reafirma su compromiso con el medio ambiente y con el resguardo del salar de Atacama, junto con el respeto de las comunidades vecinas a sus operaciones. Ademas, espera continuar su permanente colaboración con las autoridades ambientales, para incorporar las mejores que sean pertinentes para seguir robusteciendo su gestión ambiental”.

Finalmente, SQM informó que “con la información disponible, la sociedad no ha realizado ajustes a su programa de producción ni en sus compromisos ambientales”.

En lo sucesivo, la SMA deberá retomar el proceso administrativo sancionatorio en contra de SQM, la que, por su parte, podría presentar recurso de casación en la forma o fondo en la Corte Suprema, misma potestad que tienen las comunidades que llevan la reclamación.