(Emol) El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, presentó esta mañana un Acuerdo Verde voluntario entre el Gobierno, los reguladores y los actores privados del sector financiero, cuyo objetivo es contribuir a la estabilidad financiera y al logro de los compromisos de Chile en materia climática.

La presentación se realizó en una ceremonia a la que asistieron cerca de 100 autoridades del mercado financiero, entre ellas, el presidente del Banco Central, Mario Marcel; el presidente de la CMF, Joaquín Cortez; el Superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías; el Presidente de BancoEstado, Arturo Tagle, y la representante del BID en Chile, Yolanda Martínez.

En su exposición, Briones subrayó que el cambio climático no solo tiene una dimensión ambiental, sino que “también es un problema moral y de justicia intergeneracional, toda vez que las acciones de la generación actual tienen una repercusión evidente en la generación futura. Esto impacta en la forma en cómo miramos las políticas públicas y plantea desafíos enormes en este sentido, partiendo por la pregunta sobre cuánta tasa de descuento social vamos a ocupar en nuestro análisis de costo/beneficio”.

En esta iniciativa han participado el Gobierno, los reguladores financieros, las asociaciones gremiales y actores en general del sector financiero de los rubros de administración de fondos, intermediarios de valores, bancos y seguros. Además, cuenta con el apoyo técnico del Ministerio del Medio Ambiente.

Briones recalcó que, en el marco de COP25, en la reunión de Ministros de Finanzas por la Acción Climática, se estableció que la transición climática tiene como condición necesaria una transición financiera. “La primera no es posible sin la segunda, y de ahí la importancia de este puntapié inicial que es nuestro Acuerdo Verde”, dijo.

Un acuerdo ampliamente valorado

El presidente de la Comisión para el Mercado Financiero, Joaquín Cortez, puntualizó que “con casi el 73% de los activos financieros de Chile bajo nuestra supervisión, la firma de este acuerdo va en línea con nuestro compromiso formal por avanzar en que los actores de los mercados que regulamos sean más explícitos en entregar información sobre su gestión en todo lo que se refiere a políticas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo”.

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En ese contexto, informó que la CMF puso en consulta modificaciones a la norma que regula la información contenida en el reporte anual de Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible. “Pediremos información precisa, por ejemplo, sobre la relación de las entidades con sus proveedores; indicadores que den cuenta de iniciativas, inversiones y metas relacionadas con el consumo de energías renovables; e índices de diversidad, derechos, seguridad y beneficios para los trabajadores. Un avance que nos pondrá en línea con lo hecho por reguladores en mercados desarrollados”, destacó.

Por su parte, el superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, sostuvo que “el riesgo asociado al cambio climático es relevante para los fondos de pensiones por su potencial efecto en la sustentabilidad de largo plazo de las inversiones”.

“Ese riesgo debe ser explícitamente reconocido e integrado en la gestión de riesgo y políticas de inversión de las administradoras de fondos de pensiones en el objetivo de garantizar una adecuada gestión de los ahorros previsionales de las personas”, agregó.

Declaración de autoridades financieras sobre cambio climático

En la ceremonia, el Ministro Briones dio a conocer también la suscripción de una Declaración en la que el Ministerio de Hacienda, el Banco Central de Chile, la CMF y la Superintendencia de Pensiones expresan su firme compromiso e interés en monitorear los riesgos asociados al cambio climático.

“Esta es una señal correcta, porque reconocemos que los efectos del cambio climático y la transición hacia una economía baja en carbono tienen riesgos que, de materializarse, podrían tener consecuencias negativas relevantes para las instituciones financieras y también, para la estabilidad de nuestro sistema financiero”, valoró el jefe de la billetera fiscal.

El trabajo de la Mesa continuará durante el año 2020, con la intención de crear una institucionalidad que revise estos temas continuamente, para así estar preparados para posibles eventualidades futuras.