Hasta el lunes 18 de noviembre habrá plazo para que el gobierno y los congresistas presenten mejoras al proyecto que modifica la ley General de Servicios Eléctricos, en materia de cálculo del valor agregado por concepto de costos de distribución de la energía. Esto luego que la norma en segundo trámite, fuera despachada por en general por la Sala del Senado.

Según informó el Senado, “la propuesta iniciada en mensaje y que refunde una moción de autoría de diputados, apunta a rebajar la rentabilidad de las empresas distribuidoras de electricidad (del 10% a un rango entre 6 y 8%)”.

“En la práctica, las cuentas de luz bajarían unos $300, lo que ha sido calificado como algo marginal; pero en términos globales, significaría una pérdida para las distribuidoras de mil 200 millones de dólares en 4 años, monto que saldría directamente del bolsillo de los consumidores, con cargo a la cuenta mensual”, se indicó desde el sitio web de la Corporación.

“Con este dato en mente y recogiendo el compromiso del Ejecutivo de presentar a más tardar en marzo del 2020 un proyecto de ley larga donde se regulen diversos aspectos del negocio de la distribución eléctrica, los legisladores apoyaron la iniciativa”, se agregó.

Durante el debate también se hizo mención a la urgencia de despachar el texto considerando que su aprobación tiene que quedar lista antes de que se inicie el 2020. De lo contrario, las tarifas de distribución eléctrica que regirán por los próximos cuatro años, se calcularán con la actual tasa del 10% de rentabilidad asegurada y las empresas seguirán participando decisivamente en la definición de los precios.

Intervinieron en la discusión, el presidente de la Comisión de Minería y Energía, el senador Álvaro Elizalde, y su par Alejandro García Huidobro. También hizo lo propio el ministro de Energía, Juan Carlos Jobet.

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Proyecto

De acuerdo con lo informado desde la Cámara Alta, en la cuenta de la luz, un 70% del valor a pagar corresponde a generación, un 10% a transmisión y un 20% a distribución. En ese último tramo se hace el cambio, en particular el uso de las redes de distribución que se denomina valor agregado de distribución. El costo se fija cada 4 años pensando en una empresa modelo que opera de manera costo eficiente.

Hoy se realiza un cálculo del valor agregado por área típica (se agrupan las compañías similares), haciéndose estudios de costos para cada una. Es decir, la Comisión Nacional de Energía (CNE) hace un estudio pensando en la empresa modelo, mientras que las distribuidoras hacen lo propio. La tarifa propuesta por la CNE tiene una ponderación de dos tercios, y la de las empresas un tercio. Así se obtiene la tarifa final.

Este proyecto modifica esos parámetros. La tasa fija de un 10% se cambia por una de mercado con un piso de un 6% y un techo de un 8%. Asimismo, se define un único estudio de costos que debe hacer la CNE. Las empresas pueden hacer observaciones a las bases de licitación. Si hay discrepancias pueden ir al panel de expertos, el que debe aprobar la propuesta del CNE o la que defienda las empresas, no una intermedia.