La preocupación de que el proceso de la reforma a la distribución eléctrica se detenga fue planteada en el análisis que realiza la consultora Systep en su reporte mensual de agosto, el cual giró en torno a la llamada ley corta de distribución, la cual se tramita actualmente en el Congreso Nacional.

Según el documento, la actual iniciativa legal que “rebaja la rentabilidad de las empresas de distribución y perfecciona el proceso tarifario de distribución eléctrica” podría producir un desincentivo político para “seguir legislando en los temas de fondo del sector de distribución”.

“Más aun, el actual Proyecto de Ley, de no continuar la reforma al sector, podría ser incluso perjudicial, ya que no resuelve los desafíos de la distribución del futuro, como incentivos a la inversión para aumentar la calidad de servicio, incorporación de generación distribuida, introducción de productos y
servicios, electromovilidad, entre otros temas”, se indica.

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“Previo al ingreso de este Proyecto de Ley, se venía discutiendo una reforma mayor al sector de la distribución, que abarca diversos tópicos: esquema de empresa modelo, tasa de rentabilidad acorde a la realidad actual del país, incentivos a la calidad de servicio, separar la comercialización de la distribución, propiedad de la medición, etc. Sin embargo, dada la polémica suscitada por los medidores inteligentes, la discusión pública se centró en las utilidades de las distribuidoras, lo que llevó finalmente a adelantar algunos aspectos de la discusión para ser incorporados en el estudio tarifario 2020 mediante el Proyecto de Ley citado”, recuerda el análisis de la consultora.

“Si bien el actual Proyecto de Ley introduce mejoras, no resuelve los diversos temas que se venían discutiendo previamente”, sostiene otra parte del análisis.