El Tribunal Ambiental de Santiago acogió parcialmente, por dos votos contra uno, la reclamación presentada por Imelsa en contra de la resolución del director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) que mantuvo la calificación ambiental desfavorable del proyecto «Central de respaldo Doña Carmen», ubicado en La Ligua.

«Se resuelve acoger parcialmente la reclamación, interpuesta por Imelsa S.A. en el sentido de dejar sin efecto la Resolución Exenta N° 967/2017 y ordenar retrotraer el procedimiento a sede de revisión administrativa del Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, de manera que se corrijan los vicios señalados, pronunciándose como en derecho corresponda sobre el recurso interpuesto por la reclamante de autos», detalla la sentencia.

Según informó el Tribunal mediante un comunicado, la empresa acudió a esta institución «luego que el director ejecutivo (s) del SEA rechazara el recurso interpuesto con objeto de dejar sin efecto la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) desfavorable del proyecto y que se dictara una nueva RCA que aprobara la iniciativa».

Fauna

La sentencia analizó los descargos presentados por el SEA, constatando discrepancias entre el informe presentado por el Servicio ante el Tribunal Ambiental y los fundamentos mismos de la resolución que rechazó el recurso de reclamación.

«Por tanto, el Tribunal debe hacer presente que, no obstante lo sostenido por la reclamada en su informe -referido a la falta de antecedentes para descartar los efectos del artículo 11 letra b) de la Ley N° 19.300- es menester aclarar que el acto administrativo impugnado ante este Tribunal es la Resolución Exenta N° 967/2017 -y no la RCA N° 31/2017 que contenía dicha afirmación- por lo que el Tribunal descartará todas las excepciones y defensas contenidas en el informe de la reclamada que vayan en contradicción con los fundamentos de la resolución cuya legalidad se impugna, tales como por ejemplo aquellos que versen sobre la falta de antecedentes para descartar los efectos del artículo 11 letra b) de la Ley N° 19.300 respecto del componente fauna», aclaró.

En relación con un posible impacto a determinados reptiles identificados en el sector, es necesario indicar que la empresa propuso durante la evaluación del proyecto la medida de ‘perturbación controlada’ mediante la modalidad de un compromiso voluntario, con la intención de hacerse cargo de los pronunciamientos del SAG a este respecto. Según el SEA esta medida no habría contado con la información suficiente, para su aprobación.

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Sin embargo, tras analizar los antecedentes presentados en la causa, el Tribunal concluyó que la «acusada falta de información de detalle de la medida de ‘perturbación controlada’ pudo haber sido subsanada mediante la imposición, por parte del Director Ejecutivo del SEA, de una condición o exigencia, ciñéndose para ello -en lo sustantivo- en los criterios estándares establecidos en la Guía Técnica del SAG, a los que IMELSA se remitió expresamente, y -en lo formal- en el artículo 19 letra d) del RSEIA. Por lo tanto, la afirmación en contrario que realiza la reclamada atenta contra el principio de razonabilidad y configura un vicio en la fundamentación de esta causal de rechazo, lo que llevará a estos sentenciadores a acoger la reclamación en este aspecto».

Emisiones

El Tribunal Ambiental de Santiago, también encontró vicios de legalidad en las causales de rechazo referidas a las emisiones atmosféricas del proyecto. Al respecto reiteró que la facultad del director ejecutivo del SEA para corregir eventuales errores de una RCA, no lo exime «de motivar debidamente sus actos, situación que no ocurrió en la fundamentación en la determinación de la causal de rechazo referida al riesgo a la salud de la población por emisiones atmosféricas. Ello se evidencia en la falta de fundamentos para desestimar los pronunciamientos de los organismos técnicos competentes, esto es, de las Seremis de Medio Ambiente y Salud y de la Subsecretaría del Medio Ambiente, que validaron las metodologías, los resultados, la no superación de la norma de calidad del aire y la no generación de riesgo a la salud de la población».

«Que, a juicio del Tribunal, es necesario hacer presente que no basta un argumento intuitivo -una aparente inconsistencia entre los resultados de las mediciones de diésel versus mezcla- para resolver en sentido opuesto a los pronunciamientos técnicos de los organismos sectoriales competentes, sin una debida fundamentación para descartarlos y sostener lo contrario. Por tanto la reclamada incurrió en un vicio de fundamentación y de razonabilidad por las consideraciones previamente expuestas. Tal vicio sólo puede ser enmendado mediante la nulidad del acto impugnado, por lo que la reclamación también será acogida en este aspecto», explica el fallo.

El Tribunal estuvo integrado por los ministros Alejandro Ruiz, presidente (s), Felipe Sabando y Ximena Insunza. La sentencia fue redactada por el ministro Ruiz y la disidencia por la ministra Insulza, quien estuvo por rechazar en todas sus partes la reclamación pues afirmó que si, luego de analizar los antecedentes de procedimiento, la autoridad ambiental aún tenía dudas respecto de la medida de perturbación controlada y de la emisión de material particulado, el rechazo del recurso administrativo era esperable.

De acuerdo a lo informado por el Tribunal Ambiental, el proyecto energético contempla una inversión aproximada de US$43 millones, y consiste en la instalación y operación de una central de generación eléctrica de respaldo, que operará en momentos de contingencia, compuesta por 32 motores generadores, que se encontrarán en contenedores insonorizados, totalizando una potencia de 48 MW instalados.