(El Mercurio) «Procesos débiles» e «insuficientes mecanismos de control». Estos son algunos de los calificativos que utiliza la Agencia para el Desarrollo Internacional del Gobierno de EE.UU. (Usaid) para describir los mecanismos de inversión en Chile que ha seguido un ente del gobierno de ese país. Se trata de una auditoría realizada por el inspector general de esa unidad sobre la Overseas Private Investment Corporation (OPIC), institución dedicada a canalizar inversiones con dineros públicos en proyectos extranjeros -generalmente junto a compañías de EE.UU.

Según el documento, OPIC ha garantizado inversiones por US$ 900 millones en Chile en seis proyectos de energía en el país. Aunque cinco de ellos son de energía solar, la principal inversión de la firma en el país es la hidroeléctrica Alto Maipo, el proyecto de energía de AES Gener (de la estadounidense AES), y que ha estado marcado por problemas financieros y ambientales. OPIC invirtió US$ 245 millones en este proyecto que también recibió importantes inversiones de instituciones de otras entidades internacionales, como el BID y el Banco Mundial, aunque este último abandonó el proyecto hace unos meses, durante su reestructuración financiera. Antes, el mismo grupo Luksic, uno de los impulsores de Alto Maipo a través de minera Los Pelambres, había vendido su participación en él tras los sobrecostos detectados y críticas de grupos medioambientales. El BID, por su parte, a través de uno de sus voceros, dice que «continuamos evaluando y monitoreando el proyecto».

Usaid explica que las inversiones en Chile «demostraron falta de rigor en los procesos de OPIC para aprobar los proyectos, evaluar sus progresos y pedir reportes de resultados».

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La agencia señala que se realiza esta auditoría en Chile porque es uno de los países con más inversiones por parte de OPIC y que, por tanto, el país debe ser usado como caso de estudio. Si bien destaca que los proyectos solares en los que ha invertido «han ayudado a que Chile sea un pionero en materia de energías renovables», dice también que es poco claro «cómo los 531 MW de Alto Maipo, considerada una fuente convencional de energía, se puedan concretar, luego de retrasos y contratiempos».

Una de las críticas que le atribuye a OPIC en Chile es que no hacía seguimiento a los impactos de los proyectos. Por ejemplo, al momento de ser evaluados, los seis proyectos en Chile señalaron a OPIC que entregarían a sus empleados beneficios sociales por sobre los que exige la ley. No obstante, «OPIC no exigió documentación que respalde este punto y cuando se pidió verificación, solo una empresa declaró hacerlo». Esto hace que sus evaluaciones no sean confiables y se preste para inflar sus atributos e impactos.

OPIC destaca que estas fallas en los procesos debilita la capacidad para monitorear y mitigar los riesgos detectados. De hecho, señala que el mayor riesgo considerado entre todas las iniciativas fue justamente el tema ambiental de Alto Maipo. Agrega que su sistema de seguimientos y evaluación de estos, ya sea basado en cuestionarios enviados a las empresas, a través de visitas de su personal o a través de terceros, no generaban registros formales, de acuerdo con los estándares de las agencias gubernamentales de EE.UU.

La auditoría de Usaid, presentada a inicios de febrero en un documento de 49 páginas, concluye que los débiles procesos y faltas de controles internos de OPIC, tal como los vistos en Chile, son un obstáculo para su misión. En él, hace 16 recomendaciones para mejorar sus procesos, aunque no hay referencias sobre cambios en el portafolio de sus activos en Chile.