(El Mercurio) El miércoles pasado, la defensa de los ejecutivos de CGE logró llegar a un acuerdo con los afectados por los incendios forestales que se produjeron en la Región del Maule en 2017, trato que permitió suspender el proceso judicial que llevaba adelante la fiscalía.

Sin embargo, a la fecha, la compañía no ha logrado dar este paso con los afectados de la Región de O’Higgins, donde la propuesta inicial fue rechazada por la gran mayoría de los involucrados, que suman más de 500 víctimas, según la fiscalía local. Esto, producto de los cinco incendios que quemaron más de 80.000 hectáreas de la zona.

CGE destinará más de $9.500 millones en compensación para las víctimas de la Séptima Región, condiciones similares a las que se ofrecieron a los afectados en comunas como Marchigüe o Paredones en la VI Región.

Parte de la disconformidad de los siniestrados tiene que ver con el sistema de compensación ideado por la empresa, con el que se indemniza mayormente a aquellas víctimas que sufrieron daños menores como consecuencia de los incendios.

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“Lamentablemente, CGE intenta dar una visión sesgada y torcida, ya que con su actuar persigue reparar únicamente en un 100% los daños ocasionados a un cierto porcentaje de víctimas que representa menos de un 10% de la superficie incendiada, a quienes arbitrariamente han definido como ‘víctimas vulnerables’, negándose a la reparación de los daños causados a víctimas que representan cerca del 90% de la superficie”, asegura el abogado defensor de las víctimas, Arturo Correa.

Fuentes de la Fiscalía de la Región de O’Higgins confirman que se está trabajando en una nueva propuesta de compensación para los afectados, la cual tendría que ser superior en montos y beneficios que la propuesta original de CGE.

Esta versión fue compartida por la empresa, desde donde señalaron: “No obstante que hemos reiterado que a nuestros ejecutivos no les cabe responsabilidad penal en los hechos que se les imputan y que la causa del origen de estos incendios forma parte de investigaciones aún en curso, seguiremos haciendo nuestros mejores esfuerzos con la Fiscalía de O’Higgins con el objeto de alcanzar un acuerdo y así lograr un cierre satisfactorio para las partes”.

Sin embargo, la principal dificultad para lograr estos acercamientos tiene que ver con los acotados plazos que se manejan, ya que en las próximas semanas vence el lapso estipulado para la investigación, y el persecutor confirmó que no solicitará una ampliación de los tiempos. De no llegar a un acuerdo, el proceso debiese seguir su curso normal, con la acusación y luego juicio oral correspondiente.