(El Mercurio) Una propia y particular sequía enfrenta el fisco de Chile en materia de derechos de aprovechamiento de agua. Por ley, desde 2006 quienes poseen estos títulos pero no utilizan el caudal que se les asignó, deben pagar una patente anual. Y si bien desde entonces el Estado ha recaudado US$ 417 millones por este concepto, cada vez menos empresas y personas están cumpliendo con el impuesto, que fue creado para desincentivar la especulación de precios.

Datos de la Dirección General de Aguas (DGA) del Ministerio de Obras Públicas (MOP) muestran que el número de patentes pagadas oportunamente (durante marzo de cada año) ha ido cayendo de manera consecutiva en los últimos diez años.

Mientras en 2007 se llegó a un récord de 67% de patentes pagadas (1.110 de un universo de 1.651), por US$ 21 millones, de US$ 31 millones posibles, una década después solo cumplieron con esa obligación 1.078 patentes de un total de 5.320. Es decir, el 80% de quienes debían pagar está en situación de morosidad, una cifra récord desde que existe esta patente. La recaudación, en tanto, fue de apenas 21%, US$ 26 millones de un total esperado de US$ 124 millones.

“Lamentablemente, la tasa de morosidad es alta”, reconoce Óscar Cristi, asesor de la DGA. “Hasta julio se han recaudado solo US$ 26 millones de los US$ 124 millones que la Tesorería General de la República debe cobrar”, confirma.

Así, los primeros 11 años de vigencia de este tributo acumulan una morosidad de US$ 317 millones, dineros que de haber sido enterados habrían robustecido las cuentas del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (65%), de los municipios (10%) y del presupuesto general de la nación (25%).

Detallada en la resolución 3430 de la DGA, la nómina de las patentes morosas del año pasado incluye a la mayoría de las actividades productivas del país, desde empresas eléctricas y mineras, hasta agrícolas y ganaderas, pasando además por viñas, sanitarias, salmoneras, inmobiliarias y alimenticias.

También hay compañías estatales. Codelco, por ejemplo, exhibe la deuda más cuantiosa en esa categoría: un millón de dólares por 20 patentes de Antofagasta, Calama, Los Andes y San Felipe y un caudal total de 2.723 litros por segundo.

La lista incluye a otras dos empresas públicas (Enami, con $50,4 millones, y a Enap, con $5,5 millones), a seis municipalidades (Camiña, Tierra Amarilla, Nogales, Ranquil, Lanco y La Unión) y hasta a la Junta Nacional del Cuerpo de Bomberos.

Entre los privados, la nómina de la DGA identifica a las eléctricas Colbún, AES Gener y Endesa, y a mineras como Quebrada Blanca, SQM, Collahuasi, Zaldívar, Escondida, Spence, Antofagasta Minerals, Casale y Mantos de Oro.

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Plan de cuatro pilares

Enfrentar este problema es una de las prioridades que el ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine, anunció recientemente al Congreso, al exponer su agenda de recursos hídricos ante la comisión ad hoc de la Cámara de Diputados.

En tiempos de escasez hídrica, el secretario de Estado explica a “El Mercurio” que “como Gobierno buscamos garantizar el abastecimiento de agua para consumo humano en zonas urbanas y rurales y potenciar el buen funcionamiento del mercado de agua”.

La estrategia para alcanzar ese objetivo se basa en cuatro pilares: certeza jurídica de la duración y transferibilidad de los derechos de agua; certeza hídrica de los mismos, para que sean consistentes con la real disponibilidad en las cuencas y acuíferos; mayor transparencia y menores costos de transacción en el mercado, y fiscalización efectiva por parte de la DGA.

Fontaine avizora cambios regulatorios y de gestión, entre ellos terminar con el sobreotorgamiento de derechos de agua, reducir las extracciones ilegales y monitorear el nivel de los acuíferos.

Según el titular del MOP, además, “vamos a reducir la especulación en los derechos de agua, haciendo un cobro efectivo de las patentes por no uso del agua, las cuales hoy muchas veces no se pagan”.

Fuera de la fiscalización

De acuerdo con el Código de Aguas, el cobro de estas patentes se basa en un trabajo conjunto de la DGA y la Tesorería General de la República. La primera fiscaliza el no uso de los derechos de agua, informa a los deudores y cada último día hábil de diciembre envía la nómina de morosos a Tesorería.

Luego, esta última debe cobrar la patente y distribuir lo recaudado entre el FNDR, los municipios y el presupuesto general; y en caso de morosidad, enviar los antecedentes a los juzgados de letras competentes, para que estos realicen las subastas respectivas.

Hoy, la DGA y la Tesorería trabajan en un software de gestión de patentes, que permita interconectar sus sistemas de información para agilizar la cobranza y el eventual remate de los derechos morosos.

Un problema no resuelto es el desconocido número de derechos de agua que no han sido inscritos en el Catastro Público de Aguas y que están, por ende, al margen de la fiscalización.