(Diario Financiero) “La migración de clientes regulados a libres y la baja tasa de crecimiento de la demanda, han tenido como efecto que las compras de energía de las distribuidoras se encuentran por debajo de sus niveles históricos y, además, lejos de las expectativas de las empresas que ganaron bloques en las licitaciones. Creemos que es necesario abordar esta materia para dar más certidumbre a los inversionistas”.

El director ejecutivo de la Asociación de Energías Renovables (Acera), Carlos Finat, puso de manifiesto en la reciente cena del gremio que el éxodo de consumidores que buscan ser abastecidos directamente por generadoras está provocando impactos que no estuvieron considerados ni en los escenarios más adversos cuando se alentó esta flexibilización comercial.

Aunque este cambio en el mercado fue muy aplaudido, nadie esperó que se suscitara con la masividad que se ha observado, debido a la señal de precios más bajos que las generadoras entregaron en las últimas licitaciones de suministro para clientes regulados.

Si antes el manual establecía que al menos el 60% del consumo eléctrico correspondía a usuarios regulados, al cierre de 2017, con este fenómeno aún en etapas iniciales, el 50,5% de la demanda correspondió a clientes libres (ver gráfico).

Financiamiento y desorden

Claro que, como advirtió Finat, esta situación no es inocua. El traspaso de clientes vino a agravar la sobrecontratación de energía a nivel regulado, derivada de las estimaciones de demanda excesivamente optimistas que tuvo el gobierno anterior.

Se estima que el próximo año, el 25% de la energía adjudicada en licitaciones de suministro no se necesitará. Esto tiene por las cuerdas a varios desarrolladores de proyectos renovables que se adjudicaron bloques en las subastas ¿la razón? Los menores flujos que obtendrán tienen a los bancos pensando dos veces si entregarán financiamiento.

En la industria explican que si esas centrales no se construyen, una vez que la actividad económica se normalice y la demanda eléctrica vuelva a crecer a tasas normales, podría producirse un déficit en la oferta, elevándose los precios que hoy para los clientes libres están en niveles históricamente bajos.

El director ejecutivo de Electroconsultores, Francisco Aguirre, califica como “violento” el traspaso de clientes regulados a libres, que en menos de un año pasaron de poco más de una docena a más de 300.

Esto está provocando un problema económico, ya que las generadoras no cuentan con una estructura comercial acorde a este nuevo requerimiento y eso ha afectado procesos como la facturación, donde el desorden y los errores han estado a la orden del día, comenta, dando paso incluso a litigios.

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Para los clientes las cosas tampoco han sido fáciles, puesto que las distribuidoras, cuenta el consultor, están tratando de retenerlos con ofertas más atractivas o bien mostrándoles que al firmar con un generador están duplicando su relación comercial, pues deben seguir vinculados contractualmente con la distribuidora por el uso de redes.

Para la autoridad la sobrecontratación y las complicaciones que derivan de ella son una situación compleja, a tal extremo que el gobierno anterior evaluó hasta último momento alguna solución o, al menos, una “jugada” que ayudara a mitigar estas amenazas.

Una de las alternativas fue aplazar el inicio de contratos adjudicados en la licitación eléctrica de diciembre de 2014, pues se trata de volúmenes importantes de energía que entran en vigencia el próximo año, como el adjudicado por los socios de la central El Campesino, que aún no inicia su construcción. Sin embargo, el fantasma de la judicialización dejó todo en nada.

En lo que respecta a la actual administración, la visión es distinta y aseguran que las estimaciones de demanda para las licitaciones pudieron ser objetadas ante el Panel de Expertos, lo que hasta la fecha no ha sucedido.

“Las empresas de generación, no solo renovables, deben evaluar los proyectos que desarrollarán junto con las condiciones de mercado que deben estimar. Una de esas condiciones esperadas es la proyección de demanda, donde una posibilidad era que ésta no fuera la esperada por efectos de variables, como el traspaso de clientes regulados a libres, y otras”, explica José Carrasco, jefe de la División de Mercado y Seguridad Energética del Ministerio de Energía.

Potenciales soluciones

Aunque reducir el volumen de energía comprometida en contratos luce como la alternativa más eficiente para sortear esta encrucijada, pensar en la eliminación de contratos es muy difícil. En Acera plantean que si bien no son soluciones que surtan efecto en lo inmediato, es muy importante que la autoridad sincere las proyecciones de demanda y, con ello, postergue al menos un par de años la realización de nuevas licitaciones o bien que difiera la cantidad de años en que se inicia el suministro de la energía adjudicada.

A ello suman el introducir cambios a la ley que regula estos procesos, haciendo que las distribuidoras se obliguen a retirar toda la energía que contrataron, o al menos una parte con seguridad, por ejemplo con que el 70% de lo contratado sea en régimen a firme.

CGE eleva inversión en 30% y busca cubrir 80 mil nuevos clientes

Un crecimiento en las inversiones en el país fue el que anunció CGE, ligada a Gas Natural Fenosa en Chile, para este año, apuntando a superar los US$ 370 millones.

El anuncio lo realizó el presidente de la compañía, Antonio Gallart, quien explicó que el foco estará en la construcción de obras de infraestructura y los equipamientos necesarios para abastecer el crecimiento de clientes y la modernización de las instalaciones que ya tienen.

«Fundamentalmente tenemos un capítulo para nuevos clientes que estimamos serán 80 mil, por lo tanto, hay que conectarlos. Hay un capítulo muy importante que se refiere a reforzar las redes y mejorar la calidad del servicio», indicó el ejecutivo.

En comparación al desembolso que realizó la firma controlada por Gas Natural Fenosa en 2017, se trata de un incremento de hasta un 30%.

Parte de las inversiones también irán a la adaptación a la nueva norma técnica dictada por la autoridad y que busca mejorar la calidad del servicio entregado. Consultado si estos costos se verán reflejados en las cuentas de los clientes, Gallart aseguró que el impacto será modesto.

«Dentro de todo lo que es la cuenta de la luz que se recibe a fin de mes, el costo de la distribución es de alrededor del 20%, lo que quiere decir que serán efectos acotados, pero que tendrán un impacto en la mejora de la calidad, que es lo que la ciudadanía en estos momentos nos está pidiendo y, a su vez, nos permitirá afrontar mejor los desastres naturales», explicó.

Respecto a la nueva Ley de Distribución que el gobierno comenzará a elaborar desde mayo, Gallart explicó que la actual normativa «cumplió su rol», pero que no se adecúa a los desafíos de la sociedad actual tiene.

«Por una parte se espera mejor y mayor calidad de suministros y, por otra, hay nuevas tecnologías que queremos implantar, como los medidores inteligentes, la generación distribuida, la electromovilidad y esperamos que la ley lo haga», aseguró.