(El Mercurio) Ese es el resumen de la implementación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), suscrito por Chile en 1991, ratificado por el Congreso Nacional recién en 2008 y que durante el futuro cuatrienio del Presidente Piñera -2018-2022- ofrecerá una ventana para que el Estado de Chile pueda renunciar a él.

Partidarios y detractores saben que esa ventana está próxima y, desde ya, han comenzado a someter a escrutinio las ventajas y desventajas de este pacto, suscrito solo por 22 países en todo el mundo y que obliga a los estados a consultar a las comunidades indígenas sobre los proyectos que afecten su entorno.

¿La principal crítica que se plantea sobre este pacto? Que dificulta la puesta en marcha de proyectos de inversión, agregando un elemento más de judicialización. ¿Y qué dicen los defensores? Que todos los datos muestran que la incidencia del Convenio 169 sobre la inversión en Chile ha sido muy marginal.

Según estadísticas del Sistema de Evaluación Ambiental (SEA), desde el 15 de septiembre de 2009 hasta ayer han ingresado 9.806 proyectos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). De esa cifra, solo han sido sometidos a consulta 45 iniciativas: “Estos procesos se están desarrollando con 84 grupos humanos”, señalan en el SEA.

En una nota técnica, la OIT explicitó que “la denuncia es posible al cabo de un período inicial de cinco o diez años (según cada convenio), a partir de la fecha en que se haya puesto inicialmente en vigor, pero solamente durante un plazo de un año”.

Considerando que Chile ratificó el Convenio en 2008, desde algunos sectores críticos de este pacto han señalado que el período de diez años expira en septiembre de este año. Esto, tomando como punto de inicio la ratificación por parte del Congreso Nacional de septiembre de 2008.

Sin embargo, la OIT específica que la entrada en “vigor” se establece según lo dispuesto en el artículo 38 del convenio, donde se explica que “entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificaciones de dos miembros hayan sido registradas por el director general (de la OIT)”. Con esto, la ventana para denunciar el pacto se abriría recién en septiembre de 2021.

De los 22 países que se han incorporado desde 1989, 13 lo hicieron en la década de los 90 y nueve en los últimos 17 años. El primer registro de ratificación del Convenio 169 corresponde a Noruega el 19 de junio de 1990 y el segundo fue México ese mismo año en septiembre.

Faltando solamente algunas semanas para que el Presidente Sebastián Piñera asuma su segundo mandato, ha surgido el debate sobre la conveniencia de seguir adelante o no con este convenio, el que le costó a Chile 17 años ratificar.

Difícil implementación

El ex coordinador de la Oficina de Asuntos Indígenas del primer gobierno de Piñera, Matías Abogabir, considera que salirse del convenio sería un error: “Es un instrumento jurídico que permite avanzar en la relación con los pueblos indígenas”.

Carlos Llancaqueo, director de la Fundación Aitué y quien suena como posible intendente de La Araucanía, afirma que “salir del convenio sería un error político”, mientras que Luciano Rivas, presidente de la Multigremial de La Araucanía, espera que la norma sea revisada por el gobierno entrante, y afirma que “el Convenio 169 se ha usado con fines ideológicos y para trabar la inversión”.

Abogabir reconoce que la implementación del convenio ha sido difícil. Sin embargo, asegura que se ha avanzado con la experiencia. Además, discrepa con la tesis del bloqueo a la inversión: “los proyectos que hacen buenos procesos de consulta quedan fortalecidos. Hace tres o cuatro años, todos los días teníamos proyectos judicializados con el tema indígena. Ahora hay discusiones, pero una vez que se hace la consulta, esta se zanja”.

Nicolás Figari, director ejecutivo de la Fundación Aitué, considera que hay otras prioridades, las que serían abordadas extensamente por el futuro ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, el próximo 16 de abril en el Foro Anual de Naciones Unidas sobre territorio y asuntos indígenas, el que se celebrará en Nueva York.

Conocedores del tema argumentan que la llave que podría destrabar el debate es el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, paso que podría resultar incluso más exigente para el Estado que mantenerse en el Convenio 169.