(Pulso) A más de un mes de que venciera el plazo autoimpuesto por el Ministerio de Energía para que éste ingresara al Congreso un proyecto de ley corta que abordara las sanciones de las empresas distribuidoras, las compensaciones en caso de corte de suministro, y la problemática de los electrodependientes, aún no hay humo blanco.

Tras el masivo corte del suministro eléctrico que impactó a los hogares durante los últimos temporales de medianos de año, el ministro de Energía, Andrés Rebolledo, anunció el 24 de julio, que en 15 días enviaría una ley corta para elevar las multas y compensaciones que deberán desembolsar las empresas de distribución -entre las que está CGE, Enel Distribución, Chilquinta y Saeda, entre otras- en caso de corte de luz. La autoridad fue en ese entonces enfática: “Es urgente y se hace ineludible avanzar en reformular y poner al día las reglas del juego, las regulaciones y por lo tanto entregar, ojalá en los próximos meses, una nueva ley de distribución eléctrica en el país”, comentó Rebolledo al anunciar la iniciativa.

Si bien el plazo se vencía el 8 de agosto, a la fecha aún la iniciativa no ha sido ingresada.

Si bien, en un principio lo que explicaba el retraso atendía a que aún no se llegaba a acuerdo en la forma de financiar los requerimientos de los electrodependientes, ahora se han sumado otros factores que han entrampado el proyecto: en concreto, la salida del ex ministro Rodrigo Valdés de Hacienda y la preparación del presupuesto de la nación para el 2018.

Aunque el nuevo titular de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, estaba al tanto del proyecto, por su anterior cargo al interior de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), lo que lo llevó incluso a participar en la discusión al interior del comité político previo a anunciarse, habría que ponerlo al corriente de los detalles y los costos reales que significaría el programa para los electrodependientes. Cosa que no sería del todo fácil ya que los ojos de la cartera estarían en la elaboración del presupuesto, el que tiene que ser presentado a más tardar el 30 de septiembre próximo.

“Cuando hay cambios de autoridades siempre hay necesidad de un impulso nuevo, y sin duda, hoy es objetivo y conocido que la prioridad, desde el punto de vista de Hacienda, es el presupuesto nacional”, reconoció el ministro de Energía, Andrés Rebolledo.

Y agregó: “Estamos trabajando interministerialmente para poder afinar todos los detalles, tenemos un acuerdo ya prácticamente completo en todos los temas, todavía nos falta un elemento específico en relación al apoyo presupuestario de la familia electrodependiente, y esperamos la próxima semana estar en condiciones de ingresarlo al Congreso. Estamos conscientes que nos hemos demorado más de lo que en su momento planteamos pero la agenda legislativa se pone compleja”.

Y es que este último punto es el más complejo, ya que considerando la tramitación del presupuesto, y las semanas que efectivamente le queda a los parlamentarios para sesionar, en caso de que el proyecto no sea ingresado a la brevedad, no quedaría espacio para que sea promulgado durante este gobierno, precisan conocedores de las tratativas, por lo que sería clave la agilización de los acuerdos para su ingreso a tramitación.

El rol de Hacienda

Dado el bajo número de electrodependientes a nivel nacional -se habla de unos 6.000 en la red pública-, el subsidio que se le estaría solicitando al Ministerio de Hacienda sería una cifra muy menor, de unos cientos de millones de pesos al año. Sin embargo, sin la venia de la cartera, buena parte de la promesa realizada por el gobierno tras los temporales registrados hace unos meses, caerían.

En este sentido, si bien al interior de Energía han analizado ingresar el proyecto sólo con el artículo relativo a las multas y sanciones, dicha idea ha sido descartada de momento.