(Diario Financiero) Mientras Enel Generación Chile sigue los conductos regulares para tratar de impugnar la multa por más de US$ 8 millones que en agosto pasado le impuso la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) por entregar información incorrecta respecto de los mínimos técnicos y tiempos mínimos de operación de la central de su filial GasAtacama, recientemente esta misma autoridad le cerró la puerta a la aspiración de la eléctrica de obtener un pago adicional por este esquema de generación.

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Aunque se trate de un aspecto técnico, la capacidad en que las generadoras declaran que pueden operar incide en los costos del sistema y, por ende, afecta a los usuarios de éste, fundamentalmente aquellos que tienen grandes consumos. Así lo demostraron los más de US$ 260 millones de sobrecosto que dejó en el SING la operación de la unidad, por sobre el mínimo real, entre los años 2011 y 2015.

Este caso y el de otras centrales que han sido sometidas a auditoría por parte de los hoy desaparecidos Centros de Despacho Económico de Carga (CDEC) pusieron al descubierto una práctica que, según explicó hace unos días el director ejecutivo de la Asociación Chilena de Energías Renovables (Acera), Carlos Finat, se arrastra hace varios años, lo mismo que la revisión de estas prácticas.

Rechazo de la SEC

Luego que la SEC multó a GasAtacama por declarar un mínimo técnico superior al que correspondía técnicamente, el CDEC le fijó un rango que la empresa consideró muy bajo respecto del requerido para cumplir con la norma de emisión para termoeléctricas, razón por la que planteó al CDEC-SING que el sistema debía cubrir la totalidad de los costos variables incurridos por esta unidad, considerando que se la obligaba a operar a un mínimo inferior al que ellos declararon considerando las restricciones operativas de corte ambiental.

A raíz de esta situación, que GasAtacama llevó incluso al Panel de Expertos, aunque a fines de diciembre desistió de esa discrepancia, fue el CDEC-SING el que consultó a la SEC respecto de si correspondía o no realizar el pago adicional que implicaba operar en un nivel que la empresa insistía no le correspondía, pero que fue fijado técnicamente por el coordinador del sistema, ya que una segunda auditoría se estableció que la central “puede operar en el mínimo técnico sin incumplir la norma de emisiones”.

Expertos del sector eléctrico ven esta resolución que data de fines de noviembre como un precedente porque otras eléctricas que también deben cumplir la norma de emisión, han declarado mínimos técnicos a partir de esa obligación, lo que -a juicio de algunos ex directores del CDEC- funciona como una “excusa” que se usa con fines comerciales.

De hecho, en una de las últimas actas de directorio del CDEC-SING se planteó la necesidad de que el nuevo Coordinador Eléctrico Nacional, instancia que los sucedió, sea parte de los procesos de evaluación ambiental a fin de aportar el análisis técnico respecto de la capacidad mínima a la que una central puede operar en forma segura, para que eso quede a firme en el permiso ambiental.

Un ejecutivo del sector asegura que si una empresa tiene un sobrecosto derivado de la forma en que usa una central, debe declararlo para que el sistema lo pague. El problema, añade, es que como no hay sustento técnico, las generadoras se apoyan en el criterio ambientales.

El dilema de las centrales nuevas

Los cuestionamientos respecto de la declaración de mínimos técnicos también se ha extendido a la nueva capacidad de generación térmica.

Así se desprende, al menos, de las actas de directorio del desaparecido Centro de Despacho Económico de Carga del Sistema Interconectado del Norte Grande (SING) que hoy forma parte del recién estrenado Coordinador Eléctrico Nacional.

En estos documentos se menciona la situación de las centrales Cochrane, unidad térmica a carbón de AES Gener, y Kelar, unidad que usa gas natural y pertenece a BHP Billiton.

Trascendió que en ambos casos las empresas habrían informado mínimos técnicos de fábrica, es decir, niveles promedio, que a juicio de especialistas podrían no ajustarse a la realidad local, lo que ameritaría la realización de auditorías, una vez que estén en régimen comercial y su producción incida en los cálculos de costo del sistema.