(El Mercurio) La amplia controversia que ha suscitado el proyecto de ley del gas, que incluso ha generado discrepancias entre instituciones como el Ministerio de Energía, la Corte Suprema, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) y la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) está lejos de terminar. Por el contrario, la iniciativa contiene algunos puntos que podrían elevar la polémica.

El proyecto busca medir la rentabilidad por empresa distribuidora de gas y no por zonas de concesión. Si bien en la industria señalan que, en la práctica, los retornos siempre se midieron por empresa, pese a lo que dictaba la ley, cercanos al Gobierno indican que esto podría generar problemas importantes en materia de libre competencia.

Lo anterior, porque, por ejemplo, una empresa como Metrogas -que tiene concesión en la Región Metropolitana y está extendiendo su red a Rancagua- podría cobrar más a los usuarios de mayores ingresos y subsidiar de forma cruzada a aquellos de la VI Región. Lo mismo podría ocurrir con todas las concesionarias. Esto desincentivaría el ingreso de nuevos actores a invertir en el negocio, puesto que no contarían con las mismas ventajas de otras firmas con mayor presencia en el país.

Fuentes ligadas al proyecto comentan que la iniciativa promueve la extensión de redes y, con ello, un mayor uso de un combustible que es más eficiente y ecológico que sus sustitutos -gas licuado de petróleo (GLP) y leña, principalmente-, pero advierten que no incentiva la competencia. Además, podrían surgir problemas con la forma de distribución de la riqueza, por cobrar más a unos para subsidiar a otros. En otras palabras, el Estado estaría avalando que las empresas financien la extensión de sus redes, cobrándoles más a los clientes con mayor poder adquisitivo.

Agregan que este punto del proyecto sería como un «impuesto encubierto», dado que si bien los clientes pueden usar sustitutos al gas natural, la demanda en los sectores de mayores recursos es más bien inelástica. Es decir, la tarifa de gas natural debería subir considerablemente para que los clientes con mayores recursos opten por el GLP.

En la industria desestiman que la posibilidad de establecer subsidios cruzados incentive el desarrollo de la red. Aseguran que el sector del gas natural se ha desarrollado sobre la base de este mecanismo. También descartan de raíz que el proyecto de ley del gas estimule el desarrollo de la red. Concluyen que la iniciativa busca dos objetivos que son contrapuestos: bajar la rentabilidad de las empresas por un lado y expandir la red por el otro.