(El Mercurio) Reforma la Reforma. No se trata de un déjà vu, sino de un nuevo movimiento ciudadano que está impulsando Bernardo Fontaine, economista y director de empresas. Esta vez el foco es la reforma laboral que el gobierno envió a tramitación al Congreso.

[El 80% de los empresarios cree que la reforma laboral será negativa para la productividad]

Tal como en el pasado ya lo hizo con la reforma tributaria y usando el mismo nombre, este nuevo grupo busca advertir de los efectos que tendrá dicho proyecto de ley, y generar un debate para incorporar temas que, estiman, no aborda la iniciativa.

Se trata de un grupo de acción ciudadano transversal, no político, y que está compuesto tanto por antiguos integrantes del equipo que buscó cambiar la reforma tributaria, como por nuevos miembros.

Entre ellos hay abogados, economistas y expertos laborales, pero también ciudadanos, emprendedores y representantes de pymes que conocen la realidad laboral, por su propia experiencia y porque la viven en terreno a diario, destaca Fontaine.

El grupo lo integran Rafael Garay (economista), Juan Carlos Jobet (ex ministro del Trabajo), Germán Dastres (ex dirigente de la Conapyme), Joanna Davidovich (economista), y Carlos Boada (abogado laboral y asesor de PYMES), entre varios otros.

Fontaine destaca que se trata de un grupo que no es monolítico, que tienen entre sí diferencias con algunos puntos de la reforma y que tiene distintas sensibilidades políticas. Pero que tiene en común buscar cambios en la iniciativa para que fomente el empleo y los salarios.

“Estamos convencidos de que la reforma planteada por el gobierno no es la que necesitan los chilenos. Pero no se trata de un grupo de ‘expertos’, sino de personas que saben lo que hablan porque no lo hacen desde la academia o un escritorio corporativo, sino desde el terreno, la acción y lo que les toca vivir”, explica.

El grupo está en pleno proceso de formación, se prevé que se integrarán nuevos nombres, y ya cuentan con una página web -www.reformalareforma.cl-, que aún está en borrador en sus contenidos.

Si bien Bernardo Fontaine precisa que no pretenden levantar propuestas como grupo ni ser un interlocutor con el Gobierno, el objetivo es aportar contenidos y, por esa vía, generar un debate ciudadano en torno al proyecto. “Queremos incorporar los intereses de los ciudadanos comunes y corrientes, y del consumidor”, dice, en el sentido de también recoger la mirada de los que se verán afectados como usuarios y consumidores.

Fontaine concuerda con que es necesario hacer una reforma laboral y modernizar la actual normativa. Y en ese sentido destaca aspectos positivos del proyecto en trámite, como que incorpore la adaptabilidad, que aborde la violencia en las huelgas, sanciones las prácticas antisindicales y que simplifique el proceso de negociación colectiva.

Pero estima que le faltan muchos temas, que no es inclusiva y, sobre todo, que no se hace cargo de fomentar el empleo entre quienes están al margen de él y más lo necesitan: tres millones de mujeres, un millón de jóvenes y 700 mil adultos mayores, todos quienes potencialmente podrían trabajar y que, según Fontaine, deberían estar en la prioridad a la hora de legislar. “En el 20% más pobre, el 70% no trabaja. Y en el 20% más rico, el 70% sí lo hace. Si eso cambiara, modificaría radicalmente la radiografía de la desigualdad”, grafica.

“Las personas se dan cuenta de que esta reforma le da un enorme poder a los sindicalistas y no necesariamente a los trabajadores (…) Lo que yo percibo es que esta reforma se fundamenta más en un acuerdo político de campaña con la CUT para lograr su apoyo, que en la búsqueda de mejoras per sé. Me parece una forma equivocada de legislar. Es una reforma pro CUT”, cree.

Tampoco cree que se cumpla con la expectativa del gobierno de disminuir la conflictividad y paros ilegales. “Nos vamos a llenar de huelgas. Va a haber un aumento muy grande en la conflictividad”, estima. En parte, agrega, porque al incorporar el sistema de piso mínimo en los beneficios, el empleador va a tener un claro incentivo a ser muy cauteloso sobre qué ofrece en una negociación, pues sabe que esa será la oferta base a futuro.

¿Qué cambiaría o sumaría Fontaine? Que en el tema de adaptabilidad no se imponga un piso de sindicalización para que aquella opere (en el proyecto se exige 30% de sindicalización en régimen), de modo que todas las empresas puedan acceder, incluidas las pymes. También incorporar expresamente la posibilidad del trabajo por horas, con cotizaciones previsionales. Sobre el reemplazo en la huelga, plantea la necesidad de conciliar el derecho a esa paralización, pero sin olvidar a los afectados, consumidores que se quedarían sin servicios frente a una paralización. “No favorece a las pymes, que no tienen capacidad financiera para resistir si quedan sin ventas y pueden ser sustituidas. Uno de los grandes perjudicados son las pymes”, dice.

 Otros integrantes del grupo

* Germán Dastres : Empresario del rubro salud. Ex dirigente de la Conapyme

* Carlos Boada : Abogado, magíster en Tributación. Profesor de Magíster en Tributación en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile.

* Paola Cabezas: Abogada laboral y actual estudiante de Magíster en Derecho de la Universidad Católica.

* Osciel Velázquez : Empresario pesquero de Coquimbo. Presidente de la Asociación de Industriales Pesqueros Armadores de Coquimbo y Quintero.

* Cristián Allende: Agricultor de Paine.

* Pablo Guerra : Constructor civil y profesor de la Universidad Católica.

* Carolina Fuentealba : Abogada y panelista de radio.