Es considerada como una de las fuentes de generación más abundantes que posee el país y, hasta hace unos diez años, su capacidad instalada en el Sistema Interconectado Central (SIC) era del 60% aproximadamente. Sin embargo, en la actualidad el panorama ha cambiado para las centrales hidroeléctricas ya que dicha cifra alcanza a un poco más del 40%.

De acuerdo con los antecedentes que entrega Generadoras de Chile, el nivel de producción hidroeléctrico que existía en 2000 era de 20.000 GWL, número que se mantuvo en 2013. Esto pese al crecimiento que ha tenido el consumo energético en la última década, por lo cual se establece que dicho requerimiento ha sido cubierto directamente por los aportes que ha efectuado el carbón al SIC.

¿Los motivos? Entre los factores que existen está la sequía que ha afectado al país en los últimos cinco años y la falta de ejecución de proyectos hidroeléctricos de gran envergadura. A ello se suma la supuesta concentración de la propiedad de los derechos de agua y la oposición que existe de parte de la comunidad hacia este tipo de obras.

Un ejemplo que grafica esta situación es la central de embalse Angostura, obra que recientemente se puso en marcha tras el debut que realizó la Central Ralco en 2004. Con respecto al panorama que se visualiza en los próximos años, este no varía mucho ya que según el último plan de obras, publicado en abril por la Comisión Nacional de Energía (CNE), los únicos proyectos hídricos contemplados son Ñuble (137 MW), Las Lajas (267 MW), Alfalfal (264 MW) y San Pedro (144 MW), iniciativas que no han estado exentas de complicaciones y en su conjunto estarán operativas a fines de 2019. De ahí en adelante no se ven nuevas propuestas.

Para Rodrigo Jiménez, gerente general de Systep, estas dificultades no solo afectan a los proyectos directamente involucrados, sino que además entregan una señal tremendamente perjudicial a los futuros inversionistas, en donde se evidencia que hoy no solo basta la obtención de los permisos otorgados por el mismo Estado, sino que además pueden ser revocados o validados en tribunales.

El punto de origen

Un hito en la historia hídrica del país es cuando se dicta la Constitución de 1980, la cual resguarda el derecho de propiedad sobre el derecho de aprovechamiento de los recursos a nivel constitucional, y con ello la vigencia del Código de Aguas de 1981.

Este nuevo escenario normativo se tradujo en que cualquier persona o empresa podía solicitar derechos sin límites e incorporarlos a su patrimonio, sin que ello se tradujera en el pago por su mantención.

Para algunos especialistas, esto implicó la concentración de los derechos de agua en un grupo reducido de compañías, mientras que para otros fue utilizado como un mecanismo de especulación para impedir el desarrollo de nuevos proyectos.

Patricio Rodrigo, director ejecutivo de Chile Ambiente, señala que el país es privilegiado en disponer de fuentes de Aconcagua al sur y lo que se necesita es la liberación de los derechos de agua, la mayoría en manos de Endesa, para que diversos proyectos puedan poner en valor dicho recurso, siempre con el respeto al medio ambiente y a las comunidades locales.

Por su parte, Rodrigo Weisner, ex director general de Aguas y abogado de Puga Ortiz, explica que si bien existen derechos de agua asociados a grandes caudales y caídas, los cuales permiten hacer centrales que superan los 100 MW, el déficit de proyectos hidroeléctricos no ocurre porque estos derechos se encuentran concentrados.

Lo que sí ha existido, explica Weisner, son barreras de entrada generadas por conocidos especuladores que piden pequeños derechos de agua no consuntivos para impedir el desarrollo de proyectos, por lo cual, a su juicio, se requiere que sea atendido por la institucionalidad de la libre competencia.

Los primeros conflictos

Con los derechos de agua en manos de particulares, y con ello el desarrollo hidroeléctrico, comenzó a existir de parte de la comunidad un cuestionamiento hacia el sector privado sobre la propiedad de estos títulos y sus inversiones en materia hidroeléctrica, ya que como sostiene Hugh Rudnick, académico de la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica, “apuntaban hacia el lucro y no al beneficio social”.

A lo anterior, agrega el docente, en los años 1990 también se ponen en duda los estudios ambientales y se inicia la judicialización de los proyectos, hecho que estuvo relacionado con que en este periodo se creó la institucionalidad ambiental, la cual comenzó a realizar exigencias mucho más altas a estas iniciativas.

“En esa época empezaron a existir dificultades para el desarrollo de estas infraestructuras producto de la generación de conflictos con las comunidades, en particular en el sector del rio Biobío, ya que grupos de Pehuenches decían que la realización de estas iniciativas iban a afectar a zonas indígenas; postura que fue adherida por grupos ambientalistas que comenzaron actuar para tratar de parar este desarrollo hidroeléctrico”, explica Rudnick.

Sin embargo, esta situación es distinta en Brasil, menciona el académico, y prueba de ello es la construcción de la central Belo Monte que si bien ha generado impactos en los grupos indígenas, el Gobierno ha logrado negociar con ellos. ¿El motivo? En ese país el Estado es el que ha liderado el desarrollo hidroeléctrico y va posicionando una matriz energética, ya que para ellos esta fuente de energía es muy relevante. “En Chile, el Gobierno se abstrae y deja que los privados resuelvan, sin embargo, este sector no ha sido capaz de solucionar los problemas ciudadanos y las relaciones con la comunidad”, enfatiza Rudnick.

Buscando el consenso

Si bien en la actualidad existe un mea culpa de parte de las empresas hidroeléctricas debido a los episodios que generaron impactos a la comunidad, Hugh Rudnick plantea que ellos debieran encontrar mecanismos de relacionamiento con los habitantes traspasando parte de sus beneficios.

Producto de lo anterior, es que se le ha pedido al Estado que busque esquemas de compensación comunitaria, los cuales permitan mitigar los impactos y hacerlos partícipes de las ganancias que producen.

Junto con lo anterior, el ministro Máximo Pacheco se encuentra impulsando la agenda energética, la cual −a su juicio− debe ser validada socialmente, y para ello organizó un encuentro que reunió a empresarios del sector y representantes de la sociedad civil para generar consensos que permitan destrabar las iniciativas energéticas.

¿Cómo tienen que ser estas propuestas de inversión? Patricio Rodrigo plantea que un buen proyecto está acorde con las tecnologías modernas de bajo impacto y correctamente localizado. Además, debe cumplir con los requerimientos de la Evaluación de Impacto Ambiental y realizar un proceso de participación ciudadana eficaz donde los actores sociales puedan hacer sus aportes al proyecto y se sientan involucrados.

Para proyectos en territorios indígenas o comunidades campesinas, el director de Chile Sustentable sostiene que más que compensar económicamente por los eventuales impactos se debe buscar una fórmula de hacerlos partícipe de los beneficios y/o utilidades de la iniciativa.