(El Mercurio) Reducir a la mínima expresión a HidroAysén. Endesa y Colbún, las dueñas del proyecto, coinciden en que no van a «matar» la iniciativa más ambiciosa en materia hidroeléctrica que ha habido en Chile. Se limitarán a mantener los derechos de agua y tener un representante legal que batalle por el emprendimiento de 2.750 megawatts y una inversión de US$ 10 mil millones (entre las centrales y la línea de transmisión). Primero, en el Tribunal Ambiental de Valdivia y, luego, en otras instancias judiciales.

Por lo menos en todo el gobierno de Michelle Bachelet no harán ningún intento por resucitar HidroAysén. La mirada está puesta en el futuro. «Queremos que el proyecto sea viable en el largo plazo, en 10 años o más», comenta un ejecutivo de Endesa. Eso explica que el escenario probable es que concurran al Tribunal Ambiental y las instancias legales que sean necesarias. Pero no con urgencia.

El Comité de Ministros aún no termina de redactar el acta y la resolución relativa a HidroAysén. Van en la cuarta versión y el documento tiene ya más de 170 páginas. Tienen 30 días para oficializar su decisión, aunque probablemente lo harán la próxima semana. Una vez notificada la empresa, esta tiene 30 días hábiles para apelar al Tribunal Ambiental.

Las firmas tienen descartado, al menos por ahora, hacer una nueva evaluación ambiental. Ya han gastado US$ 320 millones y para este 2014 hay un presupuesto para la compañía de US$ 25 millones.

Si apelan -en aras además de cumplir con la defensa de los intereses de todos los accionistas de Colbún y Endesa-, tienen que esperar el resultado en el Tribunal Ambiental antes de hacer cualquier «castigo» en los estados financieros. Y lo que se castigaría sería una parte de lo ya invertido, que se consideraría tanto en los balances de HidroAysén como de Endesa y Colbún, en correspondencia con su participación accionaria en el proyecto.

Según conocedores del tema, solo corresponde imputar en los balances lo que se desembolsó en el Estudio de Impacto Ambiental, porque, por ejemplo, los derechos de agua se siguen teniendo y eso no va como castigo en los balances, ya que sigue siendo un activo. Se estima que el castigo sería de unos US$ 258 millones en total (y Endesa y Colbún lo asumirían en proporción a su participación en HidroAysén).

¿Qué pasará con Daniel Fernández?

HidroAysén nació en 2006 y oficialmente dice que su «propósito es aprovechar un porcentaje del potencial hidroeléctrico existente en los ríos Baker y Pascua». Trabajan 26 personas en total, según la memoria 2013. En la oficina de Santiago hay 15, en Cochrane, tres personas y otras ocho en Coyhaique.

Según admiten en las compañías socias, mientras dure el trámite en el Tribunal Ambiental y otros asuntos legales, se mantendría un representante legal y un ejecutivo a cargo, que probablemente no sea Daniel Fernández.

«Todos se van a ir. E HidroAysén quedará como un «casco», con contabilidad y abogado y con los derechos de agua que tiene. Incluso con apelación, porque eso puede tomar tiempo y mientras, en realidad, no hay qué hacer en la sociedad», comenta un ejecutivo que sabe del proceso.

Aunque tratan de no mencionarlo, tanto en Endesa como en Colbún dicen que un profesional de la talla de Fernández no tiene razón de ser en las actuales circunstancias y que es probable que él emigre.

Desde hace más de un año solo trabaja medio día en HidroAysén. Asumió el 31 de mayo de 2013 como director de Puerto y Logística, el terminal de la familia Matte en Lirquén, justo cuando cumplía tres años en el proyecto, y después tomó otros directorios.