(Pulso) Crece la tensión entre la industria eléctrica y la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) ¿La razón? Gran parte de las centrales termoeléctricas del país no ha logrado obtener la certificación inicial de su Sistema de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS), normativa que partió el 23 de junio del año pasado y que comenzó a fiscalizarse en enero de este año.

La preocupación del sector comenzó a palparse el pasado viernes, tras la masiva formulación de cargos realizada por la Súper en contra de Termoeléctrica Ventanas, Nueva Tocopilla y Campiche (ligadas a AES Gener), además de la Central Tarapacá de Endesa. Sin embargo, las luces rojas se encendieron en la industria en la tarde de ayer, luego que la superintendencia -liderada por Cristian Franz- formulara cargos contra dos nuevas centrales por la misma razón: Termoeléctrica Andina y Central Termoeléctrica Hornitos, ambas de EC-L, filial de la francesa Suez.

Según afirman desde la superintendencia, ahora las empresas tienen dos caminos: 10 días de plazo para presentar un Programa de Cumplimiento, lo que implica aceptar la infracción que se le imputa, u optar por un plazo de 15 días para formular descargos ante la SMA, en el caso que decidan no presentar un Programa de Cumplimiento.

De acuerdo a altas fuentes de las compañías afectadas, existe el temor de que la superintendencia realice un levantamiento de cargos masivo contra las empresas, las que aseguran que las tecnologías para implementar las mediciones ya están adquiridas, pero no existen los laboratorio suficientes para “medir a toda la industria”.

De hecho, los privados afirman que no hay más de cinco laboratorios que podrían certificar el cumplimiento de la norma para un parque de más de 50 centrales. Cada una de las revisiones se estima dura en promedio casi dos meses, por unidad. Por esto piden “criterio” a la SMA.

“La SMA consideró que los laboratorios autorizados para hacer las validaciones de los equipos eran los que contaban con los permisos de la autoridad sanitaria, los cuales sólo eran cinco. Este número demostró no ser suficiente para toda la demanda de ensayos de validación, como lo adelantó la industria a las autoridades”, dijo el vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Generadoras, René Muga, quien desde Alemania validó el discurso de las empresas: “faltan laboratorios”.

Por su parte, en la SMA destacan que únicamente se están apegan a la ley y que incluso ya se han formulado cargos contra dos de estos entes certificadores: SGS Chile Limitada, que se encargó del proceso en la Central Termoeléctrica Nueva Ventanas, en la V Región; y contra Serpram SA, por la central termoeléctrica Mejillones, de E-CL.

“A pesar de esto, las otras entidades técnicas han cumplido a cabalidad con lo indicado en los protocolos”, responden en la SMA, entidad que seguirá solicitando a las compañías la certificación.

Muga, quien el pasado 9 de mayo se reunió con Franz, es enfático al señalar que la Súper debería revisar sus criterios, ya que la industria se ha esmerado en cumplir. “Se esperaba que con la norma creciera la oferta de laboratorios, y la SMA debiese tener esto en cuenta al momento de realizar las fiscalizaciones”, afirma.

La preocupación de la industria se fundamenta en las alta inversiones que han desarrollado para cumplir con la norma de emisiones -más de US$1.000 millones en su conjunto-, lo cual no ha podido ser certificado. A esto se suma un temor frente a una eventual escalada en los procesos de la SMA que involucren sanciones monetarias o antecedentes negativos en el Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental.