(La Tercera) Polémica ha suscitado el anuncio del gobierno de elevar a rango constitucional la calidad de “bien nacional de uso público” del agua.

Ayer, el titular del Ministerio de Obras Públicas (MOP), Alberto Undurraga, dijo que se busca dar un rol mayor al Estado para “garantizar primero el uso del consumo humano y para la pequeña agricultura, y luego para el resto de las actividades”. Añadió que hay casos, como los de la cuenca del río Copiapó, en que hay derechos otorgados por 19 m3 para un caudal que no supera los 3 m3, “y los dueños son quienes hacen las actividades más arriba, fundamentalmente la minería, y no las personas ni los pequeños agricultores”. Eso, dice, hace necesario “limitar los derechos de uso con criterios de uso prioritario”, de manera que “prime la lógica del bien común y no la de mercado”.

En este sentido, los abogados y ex titulares de la Dirección General de Aguas (DGA) Rodrigo Weisner y Matías Desmadryl coinciden en la necesidad de mejorar la información en el mercado de derechos de agua, a fin de hacerlo más transparente; regular los traspasos ente privados y el pago de patentes por no uso.

“El mercado de derechos de agua tiene características que lo hacen ser uno muy imperfecto. Tiene barreras de entrada muy grandes, tiempo de tramitación largo para la compra, con fuertes asimetrías de información y precios, y con muy poca profundidad y liquidez, porque pocos están dispuestos a vender sus derechos”, dice Weisner.

Hoy existen unos 500 mil derechos de agua constituidos en el país, de los cuales el 75% pertenece a la agricultura, un 6% a 8% a la minería, y el resto a las sanitarias y otras actividades productivas. Estos derechos se otorgan de manera gratuita y perpetua a los solicitantes, pero aquellos que no los utilicen deben pagar patentes por “no uso” (ver recuadro).

Desmadryl dice que está de acuerdo con regular, pero advierte que la iniciativa podría ser un mecanismo para expropiar estos derechos. “Más que avanzar, se está retrocediendo respecto de lo que el programa de la Presidenta Bachelet establecía. Lo que veo es una suerte de expropiación encubierta de los derechos de agua”, dice.

Las aprensiones del sector agrícola no llegan a tanto. Sin embargo, el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Patricio Crespo, destacó que en Chile la gestión de aguas de riego ha funcionado bien y que le inquieta que se usen situaciones excepcionales, como la de Copiapó, para justificar cambios.

No obstante, se mostró abierto a que se incorpore en la ley que la prioridad la tendrá el consumo humano y “que se limite el uso de los derechos al fin para el que fueron entregados”, es decir, que no se puedan traspasar de la agricultura a la minería, por ejemplo.