(Pulso) Sobreexplotación de las cuencas y mal uso de los derechos de agua. Esos fueron los dos conceptos que la Presidenta Bachelet utilizó ayer para justificar el compromiso anunciado de modificar el Código de Aguas, el que ya había adquirido durante la campaña y que refrendó ayer.

La norma dictada en 1981 y con varias modificaciones -la última el año pasado- introdujo en Chile el concepto de derechos de agua, los que son solicitados al Estado sin costo, aunque pueden ser transferidos entre privados, entre varias otras figuras legales.

“Hemos propuesto reconocer a las aguas como un bien nacional de uso público en sus diversos estados, modificando sustantivamente el Código de Aguas”, planteó la Mandataria en su cuenta pública.

Aunque no entregó mucho detalle, en el programa presidencial se explicaba que la intención era introducir una reforma constitucional para cumplir con esta idea.

“El agua es clave. La Nueva Constitución reconocerá las aguas como bien nacional de uso público”, se señalaba en ese documento.

Entre expertos han surgido dudas sobre qué es lo que se plantea hacer realmente con la reforma. La Economista Senior de LyD, Susana Jiménez, advierte que la facultad de establecer que el agua es un bien de uso público ya está tanto en el Código Civil como en el Código de Aguas.

Por ello, piensa que lo que se busca es un cambio más de fondo, que apuntaría a la garantía de propiedad sobre los derechos de agua.

“Se busca un cambio más de fondo ya que los proyectos de ley que están actualmente en el Congreso, y que se estarían reflotando, buscan derogar normas constitucionales que garantizan la propiedad sobre los derechos de aprovechamiento del agua otorgados por el Estado a los particulares. Supone además un cambio legal para establecer prioridades de uso, reservas del recurso por parte del Estado y condiciones de caducidad de los derechos. Lo anterior puede ser una señal alarmante para todos los agricultores, prestadores de servicios básicos como la luz y el agua y desarrolladores de actividades económicas, como la minería, que verían debilitados sus derechos de aprovechamiento de agua”, advierte Jiménez.

El socio de Carcelén & Cía. Abogados y ex director General de Aguas, Matías Desmadryl, señala que la propia Presidenta Bachelet, a comienzos de 2010, envió un proyecto de reforma constitucional, por lo que no se entendería que volviera a ingresarse un documento con ese objetivo.

Además, advierte que uno de los temas que se han planteado tiene que ver con la preferencia en el uso de agua. Al respecto dice que la experiencia internacional señala que la generación de energía y el consumo humano tienen la prioridad del uso antes que la agricultura, lo que difiere con lo que busca introducir el gobierno.