(Pulso) Luego de que las autoridades realizaran una exhaustiva revisión a las bases de las licitaciones eléctricas de suministro para las distribuidoras que se lanzarán este año, la Comisión Nacional de Energía (CNE) liberó las bases de los nuevos procesos que se realizarán en el Sistema Interconectado Central (SIC) este año.

Se trata de dos procesos clave para los clientes residenciales de la zona central, pues determinarán parte relevante de la tarifa que pagan los clientes. Actualmente, el costo de la energía representa cerca del 60% del valor de la boleta final, y el resto se reparte en transmisión y subtransmisión, entre otros ítems.

Lo que ocurrirá este año, en rigor, se trata de dos licitaciones, aunque una de ellas es de corto plazo, teniendo por objeto adjudicar un bloque de suministro de energía más su potencia asociada sólo entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2018, correspondiente a 2.275 GWh para el año 2017 y 5.110 GWh para 2018.

La segunda es de largo plazo, abarcando 646 GWh en el período septiembre-diciembre de 2014, 1.238 GWh el año 2015, 4.181 GWh el año 2016 y 4.545 GWh para cada año del período 2017-2025. Su precio techo es de US$129 por MWh.

Esta cifra representa un máximo de 12% del suministro de las distribuidoras del SIC -considerando las proyecciones de consumo hechas por la CNE- e irá bajando hasta el 8% en 2025, año en que terminará ese contrato.

Respecto de la actual licitación, una de las principales dudas era el precio techo de las ofertas económicas. El último proceso firmado el año pasado

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alcanzó un valor récord de US$129 por MWh, pese a lo cual sólo se logró adjudicar el 78% de los bloques requeridos, a Endesa y una filial de Enel.

Respecto a ese valor, la nueva licitación representa un leve descenso, pues establece un precio techo de US$120 por MWh. No obstante, este valor significa un alza considerable respecto de los valores vigentes.

Esto, porque este contrato viene a reemplazar otros que venían desde la época en que había gas argentino, firmados en torno a US$80 por MWh. Es decir, se trata de un incremento cercano al 50%, cifra no menor y que tendrá un impacto directo en las cuentas de los clientes residenciales.

Para tranquilidad de los clientes regulados del SIC, las cuentas no subirán en esa magnitud, pues no abarcan la totalidad de la energía contratada. Sin embargo, en los próximos años las distribuidoras, en conjunto con la CNE, deberán realizar nuevas licitaciones que reemplazarán al suministro que se irá venciendo. A 2020, el total de energía sin contrato alcanzará el equivalente a los 2.953 MW, mientras que a 2025 llegará a casi 10.000 MW.

Según un cálculo del gobierno, si todos estos nuevos contratos se firman en los US$120 establecido como precio techo en el actual proceso, el aumento de la tarifa alcanzará el 35%.

Eso será uno de los ejes de la política energética que el gobierno está pronto a lanzar.

No obstante, el riesgo mayor no es el alza de precios, sino que existan oferentes dispuestos a suministrar grandes volúmenes de energía a un costo mucho más bajo que el que hoy podrían obtener en el mercado spot. Prueba de ello es que ningún otro oferente, salvo los ya nombrados Endesa y Enel, participaron del proceso anterior, aludiendo a que los valores y las condiciones generales de la oferta no le resultaban atractivas.

El plan del Ejecutivo -así lo explicó el propio ministro de Energía Máximo Pacheco la semana pasada en el Senado- es introducir generación con gas en la licitación, lo que permitiría que se alcancen los valores propuestos. Esta medida, de corto plazo, evitaría que las distribuidoras deban acudir al mercado spot para cubrir sus requerimientos. Pero el gobierno está consciente de que la dificultad mayor será a futuro, por lo que creó una comisión que revisará las licitaciones para propender a mejorar los procesos.

Tras la última reforma a la ley eléctrica se decidió la creación de un esquema de licitaciones y contratos entre distribuidoras y generadoras de energía, con lo que se buscaba dar más estabilidad a las tarifas y además alentar a la inversión privada en obras de generación. Así, las tarifas de los clientes regulados dejó de depender de las variaciones del precio de nudo -que determinaba la propia CNE- para pasar a un esquema de valores de largo plazo.