(El Mercurio) Al rojo está la polémica entre las generadoras y el gobierno por la aplicación de los denominados “impuestos verdes”, que gravarán las emisiones de CO2 (dióxido de carbono) a partir de 2017.

Si bien hasta el momento sólo AES Gener -la empresa con mayor parque térmico del Sistema Interconectado Central (SIC)- ha sacado la voz, el resto de las generadoras consideran que la aplicación de un nuevo gravamen sería perjudicial para el sector, que ya debe cumplir con la norma de emisiones para otros contaminantes.

Según estimaciones de AES Gener, en el primer año de aplicación del impuesto -tal como fue propuesto por el gobierno en la reforma tributaria, en 2017, diez de las 15 regiones del país verían incrementadas las cuentas de la luz para los clientes regulados -hogares y comercios.

AES Gener indicó que las mayores alzas en 2017 se darían en las regiones de Los Ríos y de Los Lagos, con incrementos mensuales en torno a $ 898, para un consumo promedio de 300 Kw/h -lo que consume un hogar de cuatro personas en una zona urbana- lo que en un año dejaría un incremento de $ 10.776 en la cuenta de la luz.

Más atrás se encuentran las regiones de Atacama, Coquimbo y Valparaíso, las que en promedio deberían pagar $ 716 adicionales cada mes, sumando incrementos de $ 8.592 en un año en las tarifas reguladas de la electricidad.

Lo mismo sucedería en ciudades como Rancagua (VI Región), Talca (VII Región), Concepción (VIII Región) y Temuco (IX Región), que tendrían alzas mensuales de hasta $ 741 en las tarifas.

En Santiago, este incremento sería de $ 362 mensuales el primer año de vigencia.

La reforma tributaria contempla la aplicación de un impuesto de US$ 5 por cada tonelada de CO2 emitida por calderas y turbinas con una potencia mayor a 50 MWt (megavatios térmicos) a partir de 2017, dejando fuera el transporte, con lo que se recaudaría unos US$ 162 millones.

Las razones

Si bien las cifras no son compartidas por la autoridad -el ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier descartó que la normativa vaya a afectar a los clientes regulados de forma masiva, los argumentos entre las generadoras apuntan a la incertidumbre que un nuevo gravamen provocaría en las inversiones, lo que retrasaría nuevos proyectos y generaría pérdida de competitividad.

Felipe Cerón, gerente general de AES Gener, dijo que la aplicación del impuesto no tendría “ningún impacto”, en la actual generación, ya que las inversiones para cumplir la norma termoeléctrica están en marcha y porque la participación de Chile en las emisiones mundiales de CO2 es mínima. “Ningún país de América tiene este impuesto, ni EE.UU. Pretender ponerlo en Chile nos trae puras desventajas”, dijo. Agregó que llevar la generación a combustibles “más caros” que el carbón, como el GNL, impactaría en un 50% el costo de generación de electricidad, sin ventajas ambientales.