(El Mercurio) En una compleja madeja de millonarias facturas sin cobrar, obras de traslado que por años esperan el visto bueno y acusaciones mutuas entre Estado y privados se ha convertido el problema de la red de cableado urbano.

El tema, del que nadie accede a hablar con nombre y apellido, mantiene sumidos en un conflicto al Consejo de Defensa del Estado (CDE), el Ministerio de Obras Públicas (MOP), la Subsecretaría de Telecomunicaciones y a las principales compañías de servicios eléctricos y de telecomunicaciones, que hasta la fecha ha generado demandas cruzadas por más de US$ 300 millones.

Todo comenzó en la década de los 80 cuando se estableció por ley que “los titulares de servicios de telecomunicaciones tendrán derecho a tender o cruzar líneas aéreas o subterráneas en calles, plazas, parques, caminos y otros bienes nacionales de uso público, solo para los fines específicos del servicio respectivo”. Desde entonces las compañías aprovechan el vacío legal que le impide al Estado obligarlas a catastrar, mantener o remover dichas líneas cada vez que se deba intervenir una vía.

Solo en el área urbana de Santiago existen más de 15 mil km de cables suspendidos sobre más de 30 mil postes de tendido eléctrico, que por norma no pueden cargar más de tres cables de baja o mediana tensión, pero en la práctica soportan unos 12.

Según un catastro que levantó en 2011 el área de inspección fiscal del MOP, del total de cables, el 40% está en desuso.

Si bien el área de Concesiones del MOP y Telecomunicaciones han hecho esfuerzos por ordenar el asunto, topan con el problema de que no existe un catastro formal. Desde entonces, el fisco ha tenido que financiar -junto con los municipios- estudios particulares cada vez que se emprende un nuevo proyecto vial o remodelación que implique mover postes.

La situación se agudizó a partir de 2002, cuando se inició la construcción de las cuatro mayores autopistas urbanas de Santiago. Como las empresas se negaron a financiar los cambios de servicio aduciendo que las vías eran parte del bien de uso público fiscal, el MOP debió encargar a las concesionarias más de 4.000 proyectos para mover los postes, lo que le demandó gastos por alrededor de US$ 300 millones.

Tanto el MOP como el CDE iniciaron una ofensiva legal para recuperar los gastos, pero hasta ahora solo una pequeña fracción se ha recuperado.

Desde el CDE explicaron que ese organismo maneja 289 causas por postes por un total de casi $35 mil millones. Hasta ahora “se ha obtenido a favor del fisco la suma de $7.115 millones”, comentan.

Consultado respecto de los acuerdos alcanzados sin juicio y por qué no se demandó la restitución total de los fondos adeudados, la entidad afirmó que está facultada por ley “para transigir cuando los intereses fiscales así lo aconsejan. La utilización de este mecanismo ha permitido al fisco recuperar con prontitud montos muy significativos y evitar juicios de larga duración”.

Según la fiscalía del MOP, de un total de $17 mil millones resumidos en 140 juicios, a la fecha se ha ganado en la Corte Suprema un total de $2.183 millones, quedando pendientes pagos por otras 87 demandas.

La cartera añadió que ante la gravedad de la situación, en los últimos meses se han logrado acuerdos con Chilectra, Entel y VTR. “Se han comprometido al pago extrajudicial de facturas pendientes por cambios de servicio por el 80% de los costos y la mitad del IVA”, afirman.

Además, en forma inédita, dicen en el MOP que “las empresas mencionadas se han comprometido, a contar de la vigencia de estos acuerdos judiciales, a ejecutar todas las obras de cambios de servicio que correspondan a su entero costo”.