(La Tercera) Destrabar los proyectos de inversión, dotarlos de menor burocracia en su tramitación y evitar que se judicialicen es lo que busca el gobierno con la firma de dos iniciativas que darán mayor certeza a las empresas para invertir en el país.

Por una parte está el proyecto de ley para impulsar la inversión minera -que forma parte de agenda pro inversión-, y por otra, la firma del Reglamento de Consulta a las Comunidades Indígenas, que busca cumplir de paso con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) (ver nota relacionada).

El primero de ellos -al que tuvo acceso La Tercera- fue anunciado por el Presidente, Sebastián Piñera, en el marco de la cena anual del Consejo Minero y ya está en el Congreso para su tramitación legislativa.

La iniciativa modifica el Código de Aguas; hace cambios a la ley sobre el cierre de faenas; da mayor atribución al Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin); y modifica la acción de denuncia de obra nueva. Todo eso, para mejorar la información disponible para los inversionistas y disminuir la judicialización.

Según el proyecto de ley, la idea es que con este tipo de iniciativas el país alcance el desarrollo económico a fines de esta década. En esa línea, define que Chile debe incrementar la tasa de inversión desde el actual 24% del PIB, a un 28%.

“Esperamos que esta iniciativa, más las medidas administrativas que se han llevado adelante, y los próximos proyectos de ley que van a incluir otras áreas, dentro del proyecto de pro inversión, ayuden a que las inversiones puedan realizarse con mayor fuerza y resuelvan las inquietudes que los inversionistas y las comunidades tienen”, apuntó el ministro de Minería, Hernán de Solminihac.

El detalle

Uno de los puntos que incorpora el proyecto tiene que ver con la denuncia de obra nueva, en donde se cruzan los intereses del dueño de un terreno y de quien posee una concesión o servidumbre sobre él.

Este punto no sólo traerá cambios para la minería, ya que impacta en otros sectores como el inmobiliario y el de energía. La medida dotará de mayor atribuciones a la justicia, ya que actualmente si se hace una denuncia por obra nueva, el juez debe paralizar el proyecto en su totalidad, mientras que con el cambio podrá suspenderlo parcial o totalmente, o pedir una garantía.

Proyectos de Minera Los Pelambres -del grupo Luksic- y de la Compañía Minera del Pacífico, se han visto perjudicadas por este tipo de acción.

La modificación del Código de Aguas busca que cese la duplicidad de funciones entre la Dirección General de Aguas (DGA) y el Sernageomin, dejando a este último organismo la evaluación exclusiva de los permisos de construcción de obras hidráulicas como embalses, tranques o depósitos de relaves o relaveductos, mineroductos o concentraductos.

La Ley que regula el cierre de faenas será modificada en cuanto al concepto de “vida útil del proyecto minero”. Con esto, se establecerá que el cálculo que hace la firma minera no sólo se haga en base a las reservas, sino que también en función de los recursos minerales.

El mecanismo actual obliga a las empresas a constituir garantías por el máximo a pesar de que seguirán explotando el yacimiento por años.

La opinión del sector

Para el presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, el anuncio realizado por el Presidente es una buena noticia, ya que ayuda a enfrentar la judicialización y la burocracia administrativa. “Los cambios a las denuncias por obra nueva evitará judicialización y va a quitar espacio a los especuladores”, dijo.

Agregó que la modificación en el Código de Aguas, eliminará la burocracia, “que es otro de los temas que está retrasando el desarrollo de proyectos”, concretó.