(El Mercurio) El acuerdo que alcanzó AES Gener con la Unión Comunal de San José de Maipo, que compensará a la comuna por lo que serán las obras del proyecto hidroeléctrico Alto Maipo (531 MW, US$ 700 millones de inversión), ha resaltado las diferencias entre la postura de estas organizaciones y grupos contrarios a la iniciativa.

Pese al acuerdo, agrupaciones «verdes» y organizaciones como la Junta de Vigilancia del Río Maipo mantienen su rechazo. «Cuando el mundo ambiental se pronuncia, lo hace en su calidad de terratenientes de grandes extensiones de terrenos en la zona», acusa Héctor Escobar, asesor de la Unión Comunal en el acuerdo con Gener.

Esto, debido a que destacados líderes ambientalistas poseen intereses territoriales en San José de Maipo. La directora de Chile Sustentable, Sara Larraín, es propietaria de los fundos Santo Toribio de Lagunillas y Quillalay, los que en conjunto superan las 16 mil hectáreas, y por otra parte Jack Stern, de la Coordinadora No Alto Maipo, está ligado al fundo El Manzano, de 3.500 hectáreas.

Pero para Stern las diferencias no se circunscriben a las propiedades, sino que a los perjuicios que provocaría Alto Maipo. «El proyecto no ha logrado disipar las dudas que tiene. Se está atentando contra los derechos de agua permanentes del río Maipo, está todo el tema de los sedimentos», recalcó.

Sobre la participación en el fundo El Manzano, el ingeniero señaló: «Todo esto está armado por la empresa. Yo soy parte de un grupo de gente que compró un terreno para preservarlo y sin fines de lucro no por ser romántico, sino que para dejar a los hijos algo que no existe», y agregó que en la Coordinadora existen personas que no tienen propiedades y otras con pequeñas casas. Sara Larraín, en tanto, no quiso referirse al tema.

Organismos como la Junta de Vigilancia del Río Maipo o la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) han mantenido sus aprensiones. «Del punto de vista de generación, el proyecto está bien concebido. Pero está mal concebido en relación a los efectos colaterales, a los demás usuarios del río y los de tipo ambiental», destaca Javier Carvallo, juez de Aguas del río Maipo. Durante la tramitación del proyecto Aguas Andinas también manifestó sus reparos ante eventuales afecciones en las operaciones sanitarias para la Región Metropolitana.

Escobar reconoce que los ambientalistas tuvieron un rol importante en la tramitación del proyecto, porque fueron contraparte de la empresa con argumentos «sólidos». Destaca que ellos se enfocaron en la realidad social de la comuna dejando en manos de la autoridad la fiscalización de los impactos de Alto Maipo. «Si el proyecto califica ambientalmente, las organizaciones van a ver valorado el trabajo de las reparticiones. Si no, también se va a haber valorado porque dice que se hizo bien la tarea de evaluar», dijo.

Fuente: El Mercurio