Mientras que en Arauco piensan apelar a la demanda en su contra interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) por un monto de $ 2.000 millones por el vertimiento de riles al río Mataquito, en Enap -estatal que fue requerida por el organismo con una demanda por $ 4.000 millones debido a los derrames de petróleo en San Vicente-, evalúan opciones de mitigación ambiental que podrían ser presentadas como atenuantes en el citado proceso legal.

Las medidas que evalúan estas empresas responderían a las acciones legales interpuestas por el CDE, las que exigen reparaciones e indemnizaciones a Arauco, por los derrames de su planta Licancel (VII Región) al citado curso fluvial que causaron la muerte a peces y a Enap, por el siniestro que causó en la VIII Región.

La defensa de Arauco

En el caso de Arauco, fuentes de la compañía manifestaron que apelarán a la demanda. La compañía objeta el argumento del CDE, que señala que con el vertimiento de desechos -que superaban la norma de riles-, al río Mataquito se puso en riesgo la salud humana. Al interior de la firma no comparten este juicio, lo que trascendió basaría su defensa.

Si bien Arauco aún no es notificada de la demanda por $ 2.000 millones que presentó el CDE en su contra, la empresa ya definió que apelará. Las fuentes de la compañía del grupo Angelini confirmaron que ya están preparando sus argumentos ante la acusación por daños “al patrimonio ambiental de Chile y por el daño emergente”, que provocaron las descargas no autorizadas de la planta Licancel (VII Región), ocurridas en junio. Arauco buscará demostrar, en primer lugar, que los derrames nunca pusieron en riesgo la salud humana y para ello pidió un estudio a la Universidad Santísima de Concepción, el cual le costará no menos de $ 100 millones.

Las acciones de la firma sólo serán legales, pues no tienen contemplado invertir en nuevas medidas de mitigación. Al interior de Arauco creen que lo que han hecho hasta ahora es suficiente. Entre las inversiones figuran 60 millones de compensación por ingresos perdidos a las comunidades pesqueras en el período julio 2007-septiembre 2008; los 8 millones que se entregarán a nueve empresarios turísticos y los millones que recibirá un grupo de 12 pejerreyeras.

En materia ambiental, en la empresa aseguraron que se ha actuado con absoluta transparencia, recurriendo al cierre voluntario de la planta como aval de credibilidad. A ello suman el monitoreo de las condiciones del río, desarrollado en conjunto con las autoridades.

Enap Enap, en tanto, no ha tomado ninguna decisión, ni han querido revelar su estrategia.

Sin embargo, trascendió que en la empresa podrían optar por proponer obras de mitigación ambiental para la Bahía de San Vicente, tal como antes lo hizo en la filial Aconcagua (V Región), donde a raíz de una demanda por una filtración de combustible, ENAP ofreció construir un parque ecológico como paliativo al daño ambiental causado.

En esa línea, y considerando que estos procesos son de largo aliento, indicaron que, dependiendo de las acciones que realicen, podría variar la suma que solicita el CDE.
Fuente: Diario Financiero.