Con el fin de introducir nuevas normas que permitan un fast track en materia ambiental para los proyectos energéticos y solucionar los casos de quiebras de empresas del rubro, la Comisión de Minería acordó con el Ejecutivo retirar la calificación de urgencia de discusión inmediata, es decir de 3 días para ser despachada por cada rama legislativa, al proyecto, en primer trámite, que soluciona diversos vacíos legales para garantizar el suministro eléctrico.

Así lo informó el senador Ricardo Núñez, presidente de la instancia que escuchó la exposición del ministro de Energía, Marcelo Tokman quien se mostró abierto a buscar un acuerdo con los senadores para perfeccionar esta iniciativa.

El parlamentario precisó que “dada la complejidad del proyecto particularmente con los temas relativos a la ley de quiebras y las indicaciones relativas a los temas medioambientales, la Comisión decidió consensuar con los equipos técnicos del Ejecutivo las modificaciones”.

Indicaciones

A su vez, el senador Jaime Orpis, integrante de la instancia, indicó que “todos los especialistas señalan que hay cuellos de botella para desarrollar proyectos energéticos en materia ambiental y, por eso presentamos un conjunto de indicaciones para hacer una suerte de vía rápida en materia de proyectos energéticos”.

Expresó que las modificaciones apuntan a “acortar los plazos de estudio de impacto ambiental de 120 a 90 días; acotar la competencia de los servicios públicos que deben pronunciarse sobre los proyectos para que lo hagan sólo sobre las materias de su competencia”.

Otra modificación consiste en hacer una tramitación paralela de los permisos de concesiones de obras hidráulicas o servidumbres y del estudio de impacto ambiental para que no exista retraso en los proyectos. Además, se precisa que «la Contraloría General de la República debe pronunciarse sólo sobre materias formales y velar por la legalidad de los proyectos y no sobre temas de fondo”.

Por otra parte, la Comisión deberá definir cuál es la mejor solución ante un caso de quiebra de una empresa del rubro, porque no se sabe si se dejarán vigentes los contratos.
Fuente: Senado.