Sharon Beder, profesora de la Universidad de Wollongong, Australia, advirtió que la operación de productores independientes de energía (IPP) en el sector eléctrico mexicano, como son las multinacionales Electricite de France, Unión Fenosa, Iberdrola y TransAlta, entre otros, representa un paso hacia la privatización de la industria, tal y como ha ocurrido en otros países.

La investigadora sostuvo que «un paso hacia la privatización es permitir que la iniciativa privada se encargue de la generación de electricidad». En México, 20% de la capacidad total de generación la operan las multinacionales que son cuestionadas por la autora del libro “Energía y poder: la lucha por el control de la electricidad en el mundo”.

Durante la presentación de su libro en la sede del Senado, Beder hizo hincapié en que ninguna experiencia internacional ha traído empleo ni baja en las tarifas eléctricas.

Por el contrario, explica, «los únicos beneficiarios han sido las compañías extranjeras, las prestadoras de servicios, los mercados financieros, bancos y unos cuantos políticos, así como el Banco Mundial, principal promotor de los esquemas de privatización». Por ello, dice que México tiene la oportunidad de aprender las lecciones de otros países que han seguido este camino.

Cita que en América Latina, a pesar de la amplia adopción de las reformas del libre mercado y de la extendida privatización, el Producto Interno Bruto (PIB) por persona en edad laboral ha caído 5% en cuatro años, y la brecha entre ricos y pobres se ha hecho muchos mayor.

Además, «a pesar de las ventas por miles de millones de dólares, la gente es más pobre hoy que en 1998; 44% vive en pobreza, y el desempleo se ha duplicado en la última década».

Para la mayoría de estos países, la privatización es sinónimo de despidos y precios elevados, y si hace ocho años cinco de cada 10 latinoamericanos creía en la privatización, ahora sólo dos continúan creyendo».

La investigadora, premio Mundial de Ética en Tecnología, advierte que permitir la operación de productores independientes significa que éstos trasladan los riesgos propios del esquema a los gobiernos, porque los inversionistas no están dispuestos a asumir ninguno, cualquiera que sea su naturaleza.

Incluso sostiene que para la consecución de la agenda de la privatización, en la Organización Mundial de Comercio (OMC) se negocia el Acuerdo General de Comercio de Servicios, el cual limita al gobierno en turno para que no imponga barreras al libre comercio en estos servicios.

El esquema de los IPP se introdujo en México en 1992, luego de reformas a la Ley de Servicio Público de Energía, mediante las cuales se permitió a los privados generar electricidad para su venta a la CFE.
Fuente: El Universal.