Las continuas denuncias sobre erróneos manejos administrativos en la estatal Petroecuador y la necesidad de esclarecer sus estados financieros, motivó una de las últimas decisiones del directorio de la compañía: contratar, de manera permanente, auditoras internacionales.

Hasta el 2002, la revisión de los estados financieros de la petrolera estuvo a cargo de la Contraloría General del Estado; desde ese año, lo han hecho firmas como Deloitte & Touche y Pricewatherhouse Coopers. La estatal, explicó Francisco Vásconez, jefe de la Unidad de Presupuesto, no está facultada para contratar una auditoría externa; la Contraloría, sí.

En 18 años de operaciones, Petroecuador ha experimentado 21 auditorías. La primera inició en 1987 y la última, (que aún está en proceso), en el 2004.

Los resultados de las dos últimas revisiones (correspondientes a los años 2003 y 2004) se harán públicos próximamente, sostuvo Vásconez.

El funcionario comentó que los resultados podrían difundirse a finales de marzo próximo, una vez que el directorio político de Petroecuador los conozca.

Esta última instancia la integran los ministros de Energía, de Economía, de Comercio Exterior, el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el representante de los trabajadores petroleros, el presidente ejecutivo de la estatal y el delegado del Presidente de la República.

Y, aunque los resultados de las auditorías han sido constantemente poco favorables para la empresa, según el Ministerio de Economía, Vásconez considera que esta última “será positiva a pesar de las recomendaciones que siempre hacen”.

Tres auditorías efectuadas por Pricewaterhouse Coopers (2) y Gaffney, Cline & Associates Inc. (1), en los años 2000, 2001 y 2003, respectivamente, dejan similares conclusiones y recomendaciones: problemas contables (que provocan ausencia de inversión y, consecuentemente, un descenso en los niveles de producción de crudo) y confusión en la información que maneja el sistema Petroecuador.

De acuerdo con el informe de Pricewaterhouse Coopers, los estados de ingresos, costos y gastos de la petrolera no son elaborados íntegramente de conformidad con los principios de contabilidad aceptados. La razón: la ausencia de una normativa expresa.

La conclusión de Gaffney, en cambio, es que la compañía estatal se maneja como un centro de costos “desde el punto de vista del presupuesto fiscal del país; lo que dificulta su planificación a largo plazo y la medición de su desempeño”.

Es más, acota el informe de la auditora, los niveles de inversión aprobados para la empresa son insuficientes para el “cabal aprovechamiento de los activos (infraestructura de la petrolera)”.

Para mejorar esta situación, Gaffney aconsejó eliminar el subsidio para los combustibles y resolver la retención del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que debe efectuar la empresa.

Los problemas que advierte Gaffney en el manejo de la estatal se hicieron evidentes, una vez más, en el último conflicto entre las autoridades de Petroecuador y del Ministerio de Economía. La petrolera necesita más de US20 millones para cancelar cuentas pendientes a sus proveedores; dinero que el fisco no está en capacidad de transferir.

Durante la semana pasada, la compañía recibió US0 millones que, según una carta enviada al Ministerio de Economía, se utilizaron para la importación de diésel, gas y nafta (para gasolinas).
Fuente: El Universo.