Pese a que la Comisión Nacional de Energía (CNE) insistirá esta semana en la legalidad del Decreto 252 que fija los nuevos precios de 24 servicios asociados (SSAA) al suministro eléctrico, el que según la propia Contraloría “no se ajusta a derecho”, la distribuidora Chilectra valoró la decisión del ente contralor, agregando que “de acuerdo con la resolución de Contraloría, corresponde abordar este proceso de fijación de precios en conjunto con la fijación del precio del consumo de electricidad. Es decir, en 2008 con efectos en precios a partir de 2009”.

A juicio de la filial del holding Enersis, el dictamen afecta a la toma de razón del decreto, pronunciándose acerca de la legalidad de un procedimiento administrativo empleado por la CNE: “iniciar un proceso de fijación de precio de los servicios asociados que las distribuidoras siempre catalogaron de ilegal y extemporáneo. La decisión del organismo contralor no se pronuncia sobre los valores que arrojó ese proceso, sino sobre la legalidad del mismo”.

Sobre este punto, la compañía liderada por Rafael López detalló a Estrategia que la decisión de Contraloría tiene relación exclusivamente con el establecimiento del precio de servicios asociados a la distribución eléctrica, por lo que no tiene ninguna relación “con las tarifas que las empresas aplican a los usuarios finales por el consumo de energía”.

En esta misma línea, agregó que las compañías del sector han argumentado en todas las instancias que los precios que fijaba el estudio de la CNE y el consiguiente decreto del Ministerio de Economía y Energía generaban, en último caso, “una transferencia de ingresos desde las distribuidoras de electricidad a las empresas de telecomunicaciones, sin beneficio alguno para los consumidores. Contraloría no se pronuncia sobre esta transferencia de recursos, sino acerca de la legalidad de un proceso administrativo que hubiese ratificado esta irracional transferencia de rentas”.

Según Chilectra, “del total de la rebaja de ingresos que hubiera producido en las distribuidoras la aplicación del decreto 252, alrededor de tres cuartas partes hubieran beneficiado directamente a los accionistas de las empresas de telecomunicaciones y no a los consumidores. El resto de la rebaja hubiese representado una disminución promedio en cuentas de electricidad de los clientes de las distribuidoras del orden de 0,5%”.

Respecto a este punto, la principal distribuidora del país sostiene que de haberse publicado el decreto, “los beneficios para los clientes de las empresas distribuidoras hubieran sido muy menores y lejos de la cifra de 10% global”. Esto, precisó la eléctrica, porque “se trata de servicios que no reciben todos los clientes. Por lo tanto, el efecto en las cuentas finales depende de los servicios que pague cada consumidor”.

Fuente: Estrategia.