El Ministerio de Minas y Energía de Brasil informó este miércoles a través de su titular, Silas Rondeau, que entre mayo y junio de 2006 rematará la construcción de un complejo hidroeléctrico con dos grandes represas sobre el río Madeira, al noroeste del país.

El anuncio se realizó luego de que el Instituto Brasilero de Medio Ambiente (Ibama) aprobó una parte de los estudios de impacto ambiental correspondientes, presentados por la empresa Furnas, dedicada a las centrales eléctricas, y la constructora Norberto Odebrecht.

En el remate por la construcción de las represas de Jirau y San Antonio, en plena Amazonia, participarán las compañías interesadas en llevar a cabo ambos proyectos y el sistema de transmisión de la energía eléctrica.

El ministro Rondeau informó que aguarda la aprobación total de los estudios de impacto ambiental en abril, por lo que puede iniciarse en mayo el proceso de licitación.

También reveló que el área total donde serán emplazadas las represas, incluyendo las vías de acceso a las obras, tendrá 429 kilómetros cuadrados. La de Jirau estará a 140 kilómetros del municipio de Porto Velho, capital del Estado de Rondônia, y la de Santo Antonio a seis kilómetros.

Se prevé que el complejo hidroeléctrico en su conjunto generará 6.450 MW, y según el ministro podría comenzar a operar en 2011. El costo calculado del proyecto es de US.500 millones.

Actualmente el río Madeira es navegable sólo desde la ciudad de Manaos, capital del noroccidental estado de Amazonas, hasta Porto Velho, un puerto fluvial apto para buques de gran calado.

Para instalar el complejo será necesario remover unos 15 grandes obstáculos naturales, y eso hará posible el acceso, en una gran avenida fluvial, desde el océano Atlántico hasta los ríos Mamoré y Beni, en Bolivia.

Así, barcos de gran calado podrían extraer desde el centro mismo de la selva amazónica todo tipo de recursos naturales y materias primas, sin que el transporte sea un impedimento. Por otra parte, Brasil vería facilitada su salida al Océano Pacífico.

Varias organizaciones han denunciado que las represas provocarían graves daños a las comunidades ribereñas, y que la promoción del complejo hidroeléctrico es un engaño, ya que el verdadero objetivo es abrir una vía de extracción de soja, madera y otros productos.

Las empresas promotoras del proyecto calculan que serán 900 las familias desplazadas por las obras, luego que los embalses de las represas inunden los 250 kilómetros cuadrados previstos por los estudios.

Fuente: Radio Mundo Real.