julio 20, 2018
Argentina ocupa actualmente la segunda posición en el ranking mundial de reservas de gas no convencional, cuya explotación ya es una realidad. De acuerdo con informes elaborados por consultores independientes, para los próximos 10 años se estima que podría casi duplicar su producción actual en Neuquén, llegando a 140 millones de m3/día. En esta zona se encuentra Vaca Muerta, la segunda reserva mundial de shale gas.
La recuperación de la producción gasífera al otro lado de la cordillera abre un auspicioso escenario para Chile, dado que Argentina dispondrá de mucho más gas natural del que puede consumir internamente.
En este contexto son relevantes los esfuerzos que está realizando el gobierno para generar las condiciones que permitan restablecer las confianzas y así construir una sociedad mutuamente beneficiosa en materia energética, aprovechando los excedentes de gas que se producirán en el vecino país, así como la infraestructura ya construida para exportar ese recurso a Chile.
El compromiso del Gobierno del Presidente Piñera en materia energética es “avanzar en las próximas décadas hacia una matriz competitiva, limpia y sustentable”. Este es un desafío que la industria chilena del gas natural comparte plenamente y respecto del cual quiere y puede ser protagonista, impulsando una mayor participación del producto en los distintos mercados (industrias, hogares, comercios, generación de electricidad y transporte).
El sector privado tiene la experiencia, los recursos y la voluntad para llevar los beneficios del gas natural a más chilenos, un energético limpio que en mucho puede aportar a la descontaminación de nuestras ciudades, en la medida que desplace a combustibles contaminantes como el carbón, el diésel, los petróleos pesados y la leña.
La reanudación del intercambio energético entre Chile y Argentina es una noticia positiva y esperamos que se traduzca en más gas trasandino para Chile en el corto plazo, sobre todo para atender las necesidades de aquellas regiones de nuestro país que hoy no cuentan con un suministro suficiente.
A modo de ejemplo, la región del Biobío recibe gas natural desde la planta de regasificación de la estatal Enap ubicada en las cercanías de Chillán -cuya capacidad máxima es de 600 mil m3/día-, combustible que a su vez procede del terminal GNL Quintero, en Valparaíso. La opción de contar con gas natural argentino a través del Gasoducto del Pacífico es la mejor alternativa inmediata y en costos, pues existe infraestructura disponible. Además, permitiría abastecer una demanda mayor en la zona, la que solo en el segmento industrial podría hasta triplicar dicha cifra.
octubre 20, 2014 | Industria
(La Tercera) Una presentación ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) planean realizar esta semana los disputados Daniel Farcas (PPD) y Gabriel Silber (DC), junto a la Asociación de Consumidores y Usuarios, Conadecus. ¿El objetivo? Investigar acerca de la mayor rentabilidad que logró Metrogas durante los últimos dos años. Según un estudio que encargó la Comisión Nacional de Energía (CNE), la mayor distribuidora de gas natural del país logró el año pasado una rentabilidad de 11,4% para 2012 y de 16,9% el 2013, por sobre el límite de 11% de tasa máxima de retorno estipulada por ley.
Para los diputados, la compañía es un “monopolio que no está regulado como tal”. Por eso esperan que el TDLC investigue esta situación, ya que estiman que la regulación actual no es suficiente y que a la compañía no se le trata como un “monopolio natural”.
Una situación que agrava el escenario, explica Farcas, es la compra de CGE, accionista de Metrogas, por parte de la española Gas Natural Fenosa. “El problema es, ¿por qué se vende una empresa que está regulada, con una rentabilidad que no es permitida? Es una cifra que debe ser analizada por el TDLC”, señala.
Paralelo al trabajo que pueda realizar el tribunal económico, los diputados sostendrán este martes una reunión con el ministro de Energía, Máximo Pacheco, para saber la visión del Ejecutivo al respecto y conocer si la autoridad patrocinará un proyecto de ley que fue presentado por los parlamentarios el miércoles pasado. “Además, queremos ver si va a asistir al TDLC para poder apoyarlo”, adelanta el diputado.
Los parlamentarios, además, están evaluando la creación de una comisión investigadora.
En la arista más social, Farcas y Silber, junto a la Conadecus, además están preparando una demanda colectiva, con el fin de proteger a los consumidores que fueron posiblemente afectados por cuentas de gas abultadas. Según explica Conadecus, la medida sería concretada una vez que la controversia entre el estudio que hizo la CNE y los que tiene la propia empresa se resuelvan a través del TDLC.
“Nos parece que el sobreprecio que tiene que haber cobrado Metrogas para tener una rentabilidad de casi siete puntos adicionales, es, a lo menos, un 20% a 30% adicional”, explica Farcas.
enero 3, 2014 | Industria
(Pulso) A casi siete meses de que el Canal de Panamá cumpla 100 años desde su inauguración, la amenaza por parte del consorcio encargado del plan de ampliación de paralizar los trabajos, si no se cumplen sus reclamaciones, remeció el mundo político de ese país y al mercado.
La construcción del tercer juego de esclusas -una en el Atlántico y otra en el Pacífico – es el proyecto más grande y complejo dentro del programa, con un costo de US$3.200 millones.
La obra, que unirá ambos mares, permitirá por primera vez trasladar buques de clase Postpanamax, que son los barcos más grandes que habrán cruzado por los cauces del canal caribeño y los únicos capaces de transportar 12 millones de toneladas de gas natural licuado (GNL) al año (ver infografía).
El contrato fue otorgado en 2009 al grupo GUPC, liderado por la empresa constructora española Sacyr, en conjunto con la italiana Impregilo, la belga Jan De Nul y la panameña, Constructora Urbana.
Pero el proyecto se suspenderá si de aquí al 20 de enero su empleador, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), no le proporciona fondos adicionales a los pactados en el contrato para pagar los sobrecostos «imprevistos», que ascienden a US$1.625 millones. Mientras tanto, se seguirán con los trabajos.
El proyecto tiene un costo total de US$5.250 millones, de los cuales US$3.118 millones corresponden a las nuevas esclusas.
La importancia económica de la modernización del canal es enorme: por una parte, permitirá duplicar la carga que pasa por la vía acuática. Además, la ampliación revolucionaría el mercado del gas licuado, de llegar a ejecutarse en 2015: la posibilidad de transportar barcos más grandes acortará los viajes desde EEUU a Asia y, potencialmente, reducirá los costos de transporte para los productos básicos, como el GNL, de acuerdo a Bloomberg. Junto a la independencia energética de EEUU gracias a la explotación de gas shale, las embarcaciones podrán cruzar el canal de 77 kilómetros 350 veces al año, y los viajes a Asia desde EEUU van a costar 24% menos en comparación a las rutas más largas, según la Autoridad del Canal.
El consorcio de Sacyr e Impregilo se adjudicó el contrato en julio de 2009 – cuyas obras en principio iban a concluir en el 2014 y contemplaban la construcción de esclusas y cuencas colectoras de agua- para la expansión de la vía interoceánica, por la que pasa un 5% del comercio mundial.
La ACP dijo que el programa de ampliación del canal tiene un avance total de 72%, mientras que la construcción de las nuevas esclusas un 65% de avance.
El embajador de España en Panamá, Jesús Silva, dijo que el sobrecosto sería «perfectamente asumible» por la ACP y fácilmente amortizable por los beneficios y las expectativas de recuperación que existen sobre el proyecto, y que el gobierno español está dispuesto a colaborar para que haya una solución, consignó Reuters.
«Cualquier resolución de ruptura sería mucho más lenta y costosa, con lo cual la pérdida sería mucho mayor si no se llega a un acuerdo. Creo que ha faltado capacidad de diálogo con sentido común a largo plazo», señaló.
Según contó el portavoz de la firma Sacyr a Bloomberg, una parte de los costos adicionales se derivan de hormigón utilizado en el proyecto, ya que el plan inicial establecía un tipo de material que no era lo suficientemente bueno.
La ACP rechazó las presiones del grupo GUPC sobre salirse del contrato: «No importa qué tipo de presión se haga, nosotros mantenemos nuestra exigencia de que GUPC respete el contrato que ellos mismos firmaron», explicó el Administrador del Canal, Jorge L. Quijano. De no ser así, pondrá en acción los mecanismos del contrato que le permiten completar la obra.
La noticia también provocó la molestia del presidente de Panamá, Ricardo Martinelli: «espero que la obra continúe, porque se están haciendo muchas inversiones a nivel mundial en barcos y puertos, y es una gran irresponsabilidad de unas empresas que, por otros motivos y por cuestiones financieras propias en otros lugares, que esto venga a perjudicar el canal de Panamá», dijo.
En 2010, el vicepresidente de Panamá Juan Carlos Varela fue citado en un cable publicado por Wikileaks en que dijo que el proyecto de ampliación era un «desastre» y que en dos o tres años sería un fracaso. En los próximos días se sabrá si su pronóstico se acerca a la realidad.
Efecto dominó
El mandatario afirmó que viajará a España e Italia para que sus gobiernos se hagan responsables de la situación, ya que dos de las cuatro empresas integrantes del consorcio encargado de la ampliación son de esos países. «Cuando ellos (GUPC) licitaron pusieron un precio y ahora vienen con el cuentito de que están subiendo los precios», agregó.
Sin embargo, para los analistas consultados por Bloomberg las perspectivas de esta empresa no son tan negativas: el precio objetivo de la acción a un año es de €4,23.
Las acciones de Sacyr sufrieron su mayor caída intradía (-8,95%) desde al menos 1989, y llegaron a transarse en €3,42. Además, la variación negativa acumulada en los últimos tres días ha sido de 10,65%. Las acciones se duplicaron el año pasado, valorizando la firma en €1.600 millones.
Tras la crisis europea, las constructores españolas endeudadas dependen cada vez más de los proyectos en el extranjero, ya que el gobierno está recortando el gasto en obras públicas, mientras que el colapso del mercado inmobiliario ha dejado al país con un excedente de viviendas. El gobierno, que no ha comentado sobre la amenaza de Sacyr, ha apoyado estos esfuerzos, indicó Bloomberg.
noviembre 22, 2013 | Industria
(Andina) El Consorcio Camisea anunció que las regalías pagadas al Estado por la actividad gasífera durante el mes de octubre de 2013 alcanzaron los 101.9 millones de dólares.
Esos recursos son distribuidos por el Estado, de acuerdo a la Ley de Canon vigente, correspondiéndole al Gobierno Regional del Cusco, municipalidades provinciales y distritales el 50 por ciento del monto; es decir 50.9 millones de dólares.
Desde el inicio del proyecto en el año 2004, el Consorcio Camisea ha entregado al país un acumulado de 5,976.7 millones de dólares en regalías.
La Región Cusco recibió, a la fecha, un aporte que supera los cuatro millones de soles diarios por canon de regalías.
