Nuevas obligaciones para los clientes libres
Los clientes libres están siendo requeridos por nuevas normativas que les aplican como compradores de electricidad y que antes no tenían. En efecto, continuos cambios en la Ley General de Servicios Eléctricos (LGSE) aplican sobre el consumidor que, como primera evidencia, se reflejan en costos que en el pasado venían ya incorporados en los precios de venta negociados y establecidos en los contratos con los proveedores pero que hoy son traspasados como costos regulados.
Como ejemplos tenemos i) los cargos por transmisión nacional, que hoy agrega costos por nuevas obras de interconexión SIC-SING recientes y que en el futuro aumentarán para llegar al total nacional. ii) los cargos por transmisión zonal, que reemplazan los anteriores de subtransmisión con nuevos cálculos sorprendentes en ciertos casos. iii) los cargos de transmisión dedicada, que ahora incluyen obras no necesariamente propias. iv) peajes nacional, CUE2, CUE15 o el peaje de distribución dependiendo del tamaño y ubicación del cliente. v) cargo por servicio público que paga el costo del Panel de Expertos, del Coordinador Nacional, de los estudios para el desarrollo de transmisión. vi) servicios complementarios y sobrecostos por operación de centrales generadoras a mínimo técnico para soportar principalmente generación de energías renovables intermitentes. vii) ajustes al precio estabilizado para los pequeños medios de generación distribuida.
Como segunda evidencia, los clientes libres perciben obligación de cumplimiento de normas técnicas que están en continuo perfeccionamiento y que les obligan a cumplir exigencias para sus sistemas eléctricos, a operar sin variaciones inaceptables de frecuencia y de tensión, a contar con equipos de compensación reactiva y con sistemas de comunicación con el Coordinador Nacional para la adecuada supervisión y coordinación en tiempo real.
Importante es saber que todo cliente libre enfrenta una posibilidad de gestión que no es evidente, pero de alto impacto en sus costos de suministro eléctrico, y que refiere al derecho de ejercer un rol activo en el proceso de valorización de las instalaciones de transmisión y de los servicios complementarios, gestión de contraparte que antes más bien era de las propias empresas eléctricas proveedoras y necesaria por la competitividad que tenían que mantener en el mercado eléctrico, pero que hoy se concentra y limita solo a su propia tecnología de producción de electricidad.
En resumen, hoy el cliente final recibe un precio competitivo que llena titulares, pero que solo paga la energía al productor pues el resto es un traspaso de todos los otros costos enumerados, todos regulados, pero sobre los cuales puede ejercer una participación previa en las decisiones de expansión de la transmisión, así como finalmente también cuenta con el recurso posterior de auditar los costos y reliquidaciones que les traspasan sus proveedores, que para un alto porcentaje de clientes son todavía un misterio de creciente preocupación por las alzas y opacidad en la forma que se presentan, que están requiriendo asesorías complejas pero rentables en sus resultados.
