marzo 3, 2020 | Industria
Las interrupciones del servicio eléctrico en el segmento de distribución llegaron a una duración promedio de 13,9 horas a nivel nacional en 2019, superando a lo registrado en 2018, cuando se llegó a un promedio de 12,1 horas, según las mediciones entregadas por el indicador Saidi, las que fueron publicadas en el primer informe mensual de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).
De acuerdo con los datos del organismo fiscalizador, el corte del suministro informado por las empresas eléctricas se descompone en 8,3 horas sin servicio producto de fallas en instalaciones de las empresas del segmento de distribución de electricidad, mientras que 3,7 horas fueron a causa de fallas de fuerza mayor, por factores externos impredecibles o irresistibles, y 1,7 horas respondieron a fallas en los segmentos de generación y transmisión.
[LEA TAMBIÉN: Falta de suministro eléctrico llegó a promedio de 12,7 horas a noviembre de 2019]
Comparado con otros años, el promedio de interrupciones de 2019 fue el tercer año más bajo desde que se implementó el indicador Saidi, después los resultados de 2018 (12,1 horas) y de 2016 (13,5 horas).
Este indicador representa la duración promedio de interrupciones que experimenta un cliente
durante un periodo de tiempo, sobre la base de la información proporcionada a la SEC, la cual posteriormente realiza un análisis detallado de las interrupciones de fuerza mayor informadas por las compañías.
junio 7, 2019
La Comisión Nacional de Energía dio inicio a la Licitación Pública Nacional e Internacional para el Suministro de Potencia y Energía Eléctrica 2019/01, por 3.570 GWh y que abastecerá las necesidades de energía de los clientes regulados del Sistema Eléctrico Nacional, a partir de 2025, por 16 años.
En el marco de la Ley de Licitaciones (N°20.805), a la Comisión Nacional de Energía le corresponde diseñar, coordinar y dirigir el proceso de licitación pública del presente año, cuyo objetivo es que las empresas de distribución eléctrica dispongan de contratos de suministro de largo plazo para satisfacer los consumos de sus clientes sometidos a regulación de precios, es decir, para consumidores residenciales y pymes.
De acuerdo con el programa definido en las Bases de la Licitación, el 13 de noviembre próximo se efectuará la presentación de las propuestas por parte de las empresas generadoras nacionales e internacionales y el 6 de diciembre de este año se realizará el acto público de adjudicación de dichas ofertas en caso de finalizar en primera etapa.
Como es habitual en las licitaciones que realiza la CNE, este proceso continúa siendo neutro tecnológicamente, permitiendo la participación de diversos tipos de proyectos y de empresas nacionales y extranjeras.
En esta oportunidad, las principales novedades en la licitación son que el volumen de energía a licitar es un 70% mayor (3.400 GWh versus 2.000 GWh de 2017); reducción de la componente variable del bloque de suministro (del 10% al 5%); la duración del contrato de suministro es menor, de 20 a 16 años, y el aumento de las exigencias administrativas tanto para el informe de clasificación de riesgo como para el reemplazo de proyectos. Esto último, con el fin de fortalecer las obligaciones de los adjudicatarios cuando se prometen nuevos proyectos de generación.
Las licitaciones de suministro son un mecanismo fundamental para las empresas generadoras, a través del cual pueden obtener contratos de suministro de largo plazo (o PPAs), los que permiten el financiamiento de nuevos proyectos de generación y así, aportar con la expansión necesaria en el mercado de generación, que cubra las futuras necesidades energéticas del país.
Esta licitación viene a inyectar dinamismo al mercado, con la entrega de un bloque de suministro de volumen relevante, el que permitiría la instalación de hasta 1.300 MW de nuevos proyectos renovables.
Desde el punto de vista de los clientes regulados, esta subasta viene a solventar las necesidades de suministro de dichos clientes para 2025, a precios que han venido a la baja en los últimos procesos, con lo que esta licitación aportará a continuar reduciendo el precio de la energía que los clientes regulados percibirán en los próximos años.
enero 17, 2018
Chile enfrenta un nuevo escenario en materia de cambio climático y desastres naturales. Solo un dato que habla por sí solo: casi la mitad de los desastres naturales relevantes que han azotado al país desde 1960 a la fecha, han ocurrido en los últimos tres años, según datos del Ministerio del Interior.
En este contexto me parece responsable advertir que tendremos más episodios de esta naturaleza, cuya magnitud y habitualidad aumentará por factores que no podemos controlar y que están asociados, con seguridad, al cambio climático. Sin ir más lejos, los expertos afirman que la próxima temporada de incendios forestales en la zona centro sur de Chile podría ser similar a la que vivimos el año pasado.
En este sentido, es importante recordar la multicausalidad de estos eventos, los que de manera abrumadora se generan por actos humanos intencionales, siendo las fallas en el tendido eléctrico solo una hipótesis de mínima ocurrencia, dentro de muchas otras estadísticamente mucho más probables. De hecho, históricamente la incidencia eléctrica en incendios forestales no ha superado el 2% de las múltiples posibilidades, las que van desde actividades forestales y agrícolas, pasando por el descuido de las personas, para terminar en los varios incendios intencionales que son denunciados e investigados por la justicia. Por otra parte, más allá de las causas, es importante tener presente que la extensión de estos eventos está relacionada directa e íntimamente con las condiciones climáticas de propagación, como las altas temperaturas, condiciones de humedad, el viento y la distribución del material combustible.
Aun así, este nuevo escenario climático impone un desafío enorme, también, para las empresas de servicio público, como son las distribuidoras eléctricas. Es por eso que estamos adaptando y mejorando nuestros procesos, intensificando los planes permanentes de poda para despejar las zonas de vegetación cercanas a las líneas, incorporando nueva tecnología −como uso de drones, nuevos equipos de protección o líneas recubiertas, por nombrar las más significativas− junto con potenciar nuestras acciones de relacionamiento con la comunidad. De igual manera, hemos ampliado nuestros trabajos conjuntos y mesas de trabajo con diversas autoridades y organismos.
Es prioritario que, como país, estemos mejor preparados frente a estos eventos, lo que involucra el compromiso de actores públicos y privados, como también de la comunidad. Desde el Estado, se requiere de un cambio regulatorio que ponga la calidad de servicio como el foco principal para el desarrollo de esta industria en el futuro; superando así un modelo que funcionó bien por 30 años, pero que hoy resulta insuficiente frente a los estándares que exige la sociedad. También los ciudadanos debemos adquirir mayor conciencia sobre el manejo del fuego, asumiendo nuestras propias obligaciones y responsabilidades, las que van desde el respeto a la normativa eléctrica en materia de plantación de árboles en zonas cercanas a las líneas, hasta el corte de pastizales de sus predios. En cuanto a las distribuidoras eléctricas, estamos haciendo un gran esfuerzo para cumplir con nuestro servicio de manera eficiente y segura, al mismo tiempo que seguimos mejorando nuestros procesos en las tareas de prevención y colaboración en el manejo de estas emergencias.
marzo 9, 2015
Uno de los grandes desafíos que tendrá la agenda legislativa del Ministerio de Energía el 2015 será la presentación y posterior envío al Congreso Nacional del proyecto sobre eficiencia energética, programado para el cuarto trimestre de este año.
El año pasado el Ministerio de Energía y el Centro de Energía de la Universidad de Chile, realizaron una serie de mesas de trabajo que tuvieron por objeto analizar y discutir los potenciales cambios regulatorios en materia de eficiencia energética, las que servirán de insumos para el proyecto de ley a presentar.
En relación al denominado sector “hogares, comercio y pequeña industria”, uno de los aspectos centrales de la discusión fue el desacople tarifario y las metas de eficiencia energética a las empresas eléctricas de distribución. Lo anterior, se explica en la necesidad de involucrar a las empresas distribuidoras de energía eléctrica en las políticas de eficiencia energética, tomando valor la directa relación existente entre estas y los clientes del sector mencionado.
Los mecanismos de desacople buscan eliminar los desincentivos que tienen las distribuidoras hacia la eficiencia energética, pues al tener estas ingresos asociados a las ventas de electricidad, una mejor eficiencia entre sus clientes implicaría una reducción en las ventas de energía y en consecuencia en sus ingresos. Por lo anterior, estos mecanismos buscan compensar los ingresos perdidos asociados a la reducción en el consumo de energía. Además, se establecen obligaciones para las empresas distribuidoras de cumplir con metas de implementación de programas de eficiencia energética entre sus clientes.
En el esquema de derechos y obligaciones descrito, la aplicación de metas de eficiencia energética para las distribuidoras se hace necesaria. Las referidas metas deberán ser definidas en base a una política nacional, propuesta por la autoridad, y consultada con las empresas. De igual forma, estimamos que la aplicación de metas obligatorias debe estar asociada a una sanción en caso de incumplimiento, para asegurar su carácter imperativo.
Creemos que los programas a desarrollar por las empresas distribuidoras, asociados a las metas de eficiencia energética, pueden ser implementados por empresas externas. No obstante lo anterior, debe quedar claro en la ley las responsabilidades en el cumplimiento de las metas establecidas
Esperamos que esta importante iniciativa legal dé pie al inicio de un cambio cultural sobre la materia en el país. Este proceso de cambio debe, necesariamente, ir acompañado de una toma de conciencia sobre el tema por parte de la ciudadanía. Por lo anterior, seguirá siendo fundamental contar con programas de educación y difusión sobre eficiencia energética.
