julio 3, 2017
En el Consejo Minero dimos a conocer nuestras propuestas de políticas públicas para el próximo gobierno. Titulamos el documento “Más y mejor minería entre todos y para todos”. Decimos que es para todos, considerando que por cada peso de PIB minero se generan aproximadamente 0,7 pesos adicionales de PIB en otros sectores. Consecuentemente pensamos que es deseable tener más minería y además vemos que ello es posible. Si concretamos la cartera de proyectos, en la próxima década podríamos alcanzar una producción de cobre de 7 millones de toneladas anuales, un 25% más de lo actual. Y no solo aspiramos a mayores volúmenes, sino además asumimos la necesidad de mejorar la sustentabilidad de todos nuestros procesos: una mejor minería.
Sostenemos que la minería debemos hacerla entre todos y por eso nuestras propuestas surgen de diversas instancias multisectoriales relevantes que en los últimos años han trabajado aspectos vinculados a la minería, con la convicción adicional de que las buenas políticas públicas no se hacen desde cero cada vez que comienza un ciclo político. Algunas de esas instancias son Alianza Valor Minero, Comisión Nacional de Productividad, Comisión Asesora Presidencial de Revisión del SEIA y Energía 2050.
Para efectos de esta columna destacamos Energía 2050, cuyo trabajo sirvió de base para la promulgación de la Política Energética vigente. En particular valoramos que se haya planteado como condición para alcanzar el desarrollo sustentable, que Chile se posicione entre los tres países OCDE con menores precios de suministro eléctrico. No olvidemos que los precios de la electricidad siguen siendo altos para la minería (hasta un 15% de los costos operacionales), que se explican porque en los años de estrechez energética las empresas mineras tuvieron que suscribir gravosos contratos de largo plazo que incentivaran las inversiones en generación.
A raíz del reciente cambio de la ley eléctrica en materia de transmisión, vemos como un desafío materializar el objetivo de reducir el precio de la electricidad. Hay evidencia sobre los avances en menores costos de la componente energía, pero con el traspaso directo de los costos de transmisión a clientes finales, incluyendo las holguras de las redes, más otros costos relacionados con la adecuación de los sistemas eléctricos a la creciente penetración de energía solar y eólica, es posible que el precio total de la electricidad no baje como se espera. De aquí surge nuestro planteamiento de hacer una cuidadosa implementación de los últimos cambios legales, como el régimen transitorio del pago de la transmisión, los criterios para decidir las ampliaciones de la red de transmisión y la regulación de los servicios complementarios.
septiembre 6, 2016
La minería representa en torno al 30% del consumo eléctrico del país y la electricidad es un 10% de los gastos operacionales de la minería, por lo tanto los cambios relevantes del sector eléctrico son de interés para nuestra industria. Es así que el Consejo Minero participó activamente en el debate de la ley N°20.936, que modificó la normativa sobre transmisión eléctrica y creó un nuevo coordinador del sistema.
En términos generales, coincidimos con la necesidad de modificar la regulación de la transmisión, propendiendo a un sistema más robusto que evite los episodios de congestión de los últimos años. Asimismo, estuvimos de acuerdo con la necesidad de hacer adecuaciones a los CDEC para convertirlos en un nuevo Coordinador, reforzando su independencia y aprovechando más cabalmente sus capacidades. También valoramos que durante la tramitación del proyecto de ley algunos de nuestros planteamientos fueran incorporados en el texto final, como la regulación del acceso abierto a sistemas dedicados, el régimen transitorio o las compensaciones por indisponibilidad de suministro.
Sin embargo, también debo referirme al cambio de la remuneración de la transmisión nacional (ex troncal), que pasó desde un esquema de pago por uso (donde el generador asume el 80% y los clientes el 20% restante) a un estampillado a la demanda, según el cual los clientes pagarán el 100% de la transmisión.
Al respecto, si bien compartimos el objetivo de buscar un esquema más simple y transparente, estimamos inapropiado el estampillado a la demanda en un país como el nuestro con un sistema radial (no enmallado). Con este estampillado se pierde una señal de localización para los generadores, lo que provoca una tendencia a expandir en exceso las redes de transmisión. Existen alternativas de similar simpleza y transparencia que permiten cobrar más al generador que se ubica más lejos de los centros de consumo, y sin embargo no fueron debidamente analizadas.
Además, dado que el estampillado exime a los generadores del pago de peajes de transmisión, va a ser prácticamente indiferente para ellos el costo de las redes, con lo que se pierde un aporte esencial de información y visiones contrastantes en los procesos de expansión y tarificación del sistema. Es decir, perdemos un factor de contención de costos de la transmisión.
Junto a estos argumentos que nos llevan a predecir que las redes de transmisión se harán más gravosas, hay efectos concretos de la nueva ley. Por el solo hecho de pasar desde un pago separado entre SING y SIC a un pago por el sistema nacional, los clientes (libres) del SING –que son principalmente mineros– se enfrentarán a un aumento del costo de la transmisión cercano al 50%, sin considerar el aumento de 30% por el costo de la línea de interconexión.
En suma, si bien vemos elementos positivos en la nueva ley eléctrica, tratándose del cambio a la remuneración de la transmisión, que pasa a un estampillado cobrado íntegramente a la demanda, lo estimamos contraproducente porque producirá una tendencia al encarecimiento excesivo de las redes, y dada la forma concreta en que se aplica, es la minería localizada en el SING quien asumirá mayormente el alza de costos.
