marzo 5, 2019
En febrero pasado, el gobierno ingresó la esperada indicación sustitutiva de reforma al Código de Aguas. Recordemos que esta materia fue ampliamente discutida durante el gobierno pasado, avanzándose hasta entrado el segundo trámite constitucional en una reforma que fue ampliamente resistida por todos los sectores productivos, y cuyo control por parte del Ejecutivo pareció verse superado en la en las últimas comisiones del Senado.
El actual gobierno se ha tomado el tiempo necesario para reestudiar todo el proyecto, y ha presentado una indicación al proyecto cuyo objetivo principal es, posicionando el consumo humano como primera prioridad, otorgar a la vez las certezas jurídicas que requiere la regulación hídrica en todas sus dimensiones, incluyendo la productiva.
Reconociendo las innegables mejoras con que cuenta el proyecto del actual gobierno, como gremio nos preocupan ciertos aspectos, concretamente, el alza que se incluye en materia de patentes por no uso, lo que creemos podría afectar el necesario equilibrio que debe darse en esta materia para no afectar la materialización de los proyectos mini hidráulicos.
Nuestro diagnóstico en esta materia es que el sistema actual, concebido originalmente en el año 2005 para llegar a su tope de montos en 2017 está funcionando, y que la devolución masiva de derechos al Fisco por causa de este sistema es hoy una realidad innegable. Hoy, al décimo año desde la tenencia del derecho se llega a un tope cuadruplicado en el valor original de la patente por no uso, la cual se calcula por caudal involucrado y capacidad de generación de ese caudal.
Según datos de la propia Dirección General de Aguas, a mayo de 2016, es decir, aun antes de llegar a su tope, el 45% de los derechos estaban en vías de ser devueltos por falta de pago de la patente por no uso, cifra que se ha incrementado dado las actuales condiciones de mercado.
En esta materia, resulta necesario equilibrar la regulación para permitir al desarrollador que no ha podido concretar las obras asociadas al proyecto, por ejemplo, porque está a la espera del desarrollo de una línea de transmisión (caso muy común en la industria minihidro) o que está tramitando la resolución de calificación ambiental poder iniciar la construcción del proyecto.
Finalmente, pensamos que resulta imprescindible establecer la obligación de inscribir todos los derechos de aprovechamiento en el Conservador de Bienes Raíces, que es el mecanismo que permite que éstos entren al sistema de pago de patentes por no uso, evitando de esta forma la especulación.
abril 10, 2018
La industria mini hidro chilena ha vivido recientemente un ciclo virtuoso en materia de inversión, sin duda el más importante en su historia.
En estos últimos cuatro años, Chile pasó de tener 55 centrales minihidráulicas por 256 MW totales, a más de 136 centrales por 597 MW de energía de carácter continua, renovable, de bajo impacto ambiental y alto factor de planta. Este crecimiento en la inversión involucró US$1.800 MM, quedándose en la industria nacional cerca del 80% de ese monto.
Clave en este ciclo de inversión fue la resuelta voluntad política por parte del Ministerio de Energía, en orden a coordinar a los servicios del Estado en la evaluación de los permisos de estas centrales, fijándose una meta de gestión de 100 nuevas mini hidro para Chile.
Para el avance señalado, no se recurrió a regulaciones distorsionadoras ni a subsidios, sino que a la simple pero efectiva conformación de un plan de gestión público-privado bien definido. La industria mini hidro chilena demostró que, con las señales correctas, es capaz de responder al mercado.
En la última parte de la gestión del gobierno de la Presidenta Bachelet pareció perderse el rumbo en materia de sana regulación eléctrica, vulnerándose la ecuanimidad en el tratamiento regulatorio para las diversas tecnologías de generación, como la que se propuso en materia de pago de costos al sistema eléctrico causado por las tecnologías de fuente variable (ERV), como las eólicas y solares.
En esta materia cabe la necesidad de enmendar la ley de transmisión y repensar el reglamento de Servicios Complementarios, para hacer que los costos de las ERV lo asuman estas, evitando traspasar a sus competidores y los usuarios finales los costos que dicha tecnología genera al sistema. Otra manifestación de lo anterior lo constituye el hecho que, en el último decreto de expansión de la transmisión del gobierno de Bachelet, la CNE, incluyó dentro del ámbito de la transmisión una subestación con infraestructura de almacenamiento para una zona de alta presencia de ERV, la cual sería pagada, nuevamente, por todos los usuarios del sistema.
No obstante que la CNE dio finalmente pie atrás, lo mencionado constituye una alerta a las nuevas autoridades, en términos de la urgente necesidad de revisar las regulaciones que puedan contener distorsiones competitivas en favor de las ERV, incluyendo la fragmentación de proyectos a fin de acogerse a los beneficios de los PMGD, de forma de reactivar la sana competencia en materia energética. Las mini hidro han demostrado que pueden ser un complemento natural de la energía intermitente que abunda en nuestro país.
Por último, la materia más importante a la que deben abocarse las nuevas autoridades es retomar la senda de crecimiento que tanto el país como la industria eléctrica requieren con tanta urgencia.
