Hoy los ojos están puestos en la nutrida carpeta de proyectos de generación que importantes empresas, nacionales y extranjeras, tienen pensado desarrollar en el país en un periodo amplio de tiempo. En todo caso una máxima que no puede obviarse es que el país seguirá consumiendo energía, volúmenes más o volúmenes menos, pero habrá una importante demanda cuya magnitud dependerá de la coyuntura. De todas formas se establece que el futuro consumo tendería hacia 2020 a duplicar el actual, lo que obliga a colocar del orden de 450 a 600 MW aproximadamente todos los años para cumplir con los requerimientos.
Este suministro, que en cantidad no es menor al cabo de una década, para que sea inyectado a la red deberá contar con una ‘carretera’ de transmisión a la altura técnica y de potencia para poder evacuar tales niveles de energía. Este es uno de los temas relevantes del cual deberán hacerse cargo las autoridades y el sector privado, porque nada se saca con tener grandes niveles de potencia instalada si no se tiene las capacidades adecuadas para evacuarla hasta los centros de consumo.
Y es por eso la pregunta: ¿está todo ordenado en este segmento? No del todo, aunque existe un marco normativo adecuado a partir de la Ley Corta I, que permitió las condiciones para la inversión. Hoy la red de transmisión del país, considerando los dos principales sistemas cuales son el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING) y el Sistema Interconectado Central (SIC), además de los dos menores que se ubican en la zona austral de Chile, se encuentra normalizada de acuerdo con las obras nuevas y de ampliación realizadas tras el último Estudio de Transmisión Troncal (ETT). Sin embargo, y ahí se genera el problema, el futuro es lo que complica porque a pocos meses de tener que generar un nuevo ETT, podría presentarse la circunstancia que no exista interés en desarrollar inversiones en este segmento, lo que proyectado, si las iniciativas de transmisión se retrasaran o, por uno u otro motivo, no se realizaran, colocaría en serios aprietos al sistema eléctrico chileno hacia 2015.
Actualmente las obras nuevas y de ampliación que se licitaron en el pasado ETT, en su gran mayoría están entregadas y operando, salvo un par de casos en el SIC que se encuentran en ejecución, específicamente la línea Rodeo-Chena (Transelec) y Charrúa- Cautín (TransChile Charrúa Transmisión), y otros tanto cuyos concursos se declararon en su minuto desiertos. Entre las causas que se pueden aducir para entender este escenario se encuentra como uno de los principales responsables a la ‘burocracia’ de los trámites que se deben sortear para realizar estos proyectos. Es ampliamente conocido que a diferencia de un proyecto de generación, que tiene sus propios problemas que resolver, pero de todas formas es más rápido de materializar, una iniciativa de transmisión debe sortear no sólo la tramitación ambiental, sino que temas legales como el de las concesiones eléctricas, el de la servidumbre, y hasta la Ley de Bosque Nativo, todas trabas que desgraciadamente deben ser resueltas en serie y no en forma paralela porque requieren de diferentes tiempos, unos más largos que otros. Eso finalmente termina ahuyentando a los inversionistas.
Por ello hay que agilizar los procesos, sobre todo en esta área; que la transmisión de energía eléctrica no se transforme en un problema, porque nada ganará el país con contar con grandes volúmenes de potencia instalada (derivada de grandes inversiones) si la capacidad para transportar la electricidad de un punto hacia el consumo final no es la adecuada. Esto será un círculo vicioso, puesto que a la larga no se invertirá en centrales de generación que se mantendrán paralizadas porque no están dadas las condiciones para poder enviar la energía. Y es que hay quienes aseguran que si un inversionista tomara la decisión de construir una central carbonera en diciembre de este año, ésta estaría lista para entrar en operaciones un año y medio antes que la línea de transmisión requerida para esa planta. |
