Ad portas al nuevo reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), el director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Ignacio Toro, explica a Revista ELECTRICIDAD que esta iniciativa no sólo amplía y profundiza el proceso de participación ciudadana sino que también incorpora dichas observaciones en las etapas tempranas de la evaluación.
- Los realizadores de proyectos han criticado la nueva institucionalidad, ya que una supuesta mayor participación de las comunidades en el proceso demoraría aún más la tramitación de proyectos, ¿es eso así?
- Uno podrá tener opiniones, pero es importante separar la información de la opinión. Si uno ve los plazos de evaluación, la tendencia entre 2008 y 2012 revela que existe una clara disminución en el período 2011 y 2012. Y eso ha salido publicado y los hemos dicho con respecto a las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA). En el caso de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), se ha mantenido el tiempo… ¿Por qué se ha mantenido? Porque para reducir el tiempo hay que hacer todas las guías que corresponde (…). Por lo tanto, uno puede tener distintos juicio, pero en la práctica ha sido lo contrario (…) los plazos han disminuido significativamente ya que antes cerca del 60% y 70% de las declaraciones estaban fuera de plazo y en la actualidad es del 20%.
Otra cosa es que por judicializaciones posteriores el inversionista tenga incertidumbre de sus proyectos, con un lapsus mayor. Respecto a eso, lo que hemos sostenido permanentemente es que las judicializaciones no dependen del Servicio, sino de terceros que los impugnan. Pero lo que sí depende del SEA es que en esa impugnación, las probabilidades de que efectivamente sea acertada en un alegato puedan disminuir. Y eso de qué depende… de que el servicio dé credibilidad y que dentro del Servicio tengamos un estándar técnico que entregue certezas, y en eso trabajamos.
- ¿Qué es lo que ha hecho el Servicio para agilizar los proyectos?
- Agilizar la tramitación de proyectos es una palabra errada. Lo que ha hecho el Servicio es generar lineamientos, para que la evaluación ambiental se haga en etapas tempranas. Es importante tener en cuenta que muchas veces los procesos se retardan porque los titulares entregan mala información.
Basta mirar los fallos que ha tenido la Corte Suprema en contra de los proyectos mineros de importancia en el país. Cómo el Servicio en la adenda 1 le hace una pregunta a la empresa, en la adenda 2 vuelve afirmar los mismo y termina la compañía diciendo no (frente al requerimiento del organismo) por lo cual no se termina calificando y la Corte Suprema vuelve y dice… sabe qué, lo que dice el Servicio en la adenda 1 y 2 está bien y hay que hacer la evaluación de ese tema.
Entonces, la verdad es que muchas veces los proyectos se retrasan porque los titulares entran en un gallito con el Servicio.
- ¿Cuáles son los errores que cometen los inversionistas, y que terminan por demorar la tramitación de los proyectos?
- Esconder un impacto significativo… centrales termoeléctricas que no reconocen el impacto significativo de las emisiones al aire y reconocen como tal la afectación al patrimonio arqueológico porque hay puntas de flechas o restos arqueológicos en el lugar… es un error significante.
Sobre las centrales termoeléctricas de consideración, hay consenso en el mundo que sus grandes impactos son las emisiones al aire, descargas al agua y, probablemente, el manejo de las cenizas. Sin embargo, no reconocen dichos impactos, ni del aire ni del agua (…) y establecen como impactos significativos el reasentamiento de lagartijas… eso es un error significativo.
Es un error no reconocer los impactos. ¿Por qué se hace eso como titular? Porque al no reconocer el impacto significativo no estoy obligado a mitigar, compensar o reparar, ni presentar un plan de seguimiento adecuado.
Por lo tanto, si un inversionista desea que su proyecto se tramite de manera expedita o rápida, lo primero que tiene que hacer es reconocer cuáles son sus impactos significativos. Si entre éstos existe alguno que no se pueden mitigar o reparar, entonces se compensa, para eso está el mecanismo.
Entonces reconozco un impacto significativo y aquellos que se puedan los mitigo, aquellos que se puedan los reparos, y los que no los compenso.
Mecanismo de participación indígena
Frente al mecanismo de consulta indígena, el titular del SEA sostiene que “cuando exista afectación (…) se debe realizar un proceso de consulta específico, para ello se buscará que sea en su idioma y en función de sus costumbres (…). Este proceso se debe realizar en los primeros 60 días de la presentación del EIA, y durante los primeros 30 que se incorpore una adenda”.
- ¿Y qué pasa si los pueblos indígenas presentan reparos frente al proyecto? ¿Es vinculante?
- Ahí hay una confusión importante que clarificar. Naturalmente, una opinión ciudadana indígena y no indígena vincula al SEIA, genera un vínculo con el Servicio que se debe ponderar y observar. Y en caso que se presenten antecedentes, efectivamente el pronunciamiento del Servicio puede cambiar gracias a las observaciones hechas por los indígenas, por lo tanto hay un efecto de vinculación entre el Servicio y la observación ciudadana.
Lo que no hay es un veto, es decir, no hay un plebiscito y eso la gente no lo entiende (…) Porque si eso fuera así, sólo hacemos la consulta y no la evaluación ambiental, por lo cual no tendría ningún sentido.
Con respecto al tema indígena, hay un proceso de diálogo en que se conversa una, otra y otra vez, para buscar la generación de acuerdos. Naturalmente, si esos acuerdos se logran zanjar, con algunos o con todos, esos son vinculantes para quienes firmen los acuerdos… ¡si esto lleva mucho tiempo!
Antiguamente éramos más caballeros, nos dábamos la mano y se entendía (que el compromiso) se cumplía. Ahora necesitamos acuerdos, si hay comunidades indígenas que participan en un proceso de conversación con titulares y se logran ciertos acuerdos, éstos son vinculantes, son parte del proceso de la Evaluación de Impacto Ambiental.
Si el SEA hace todos los esfuerzos (…) y (las partes) no pueden acercar sus posturas, el servicio tendrá que tomar una decisión y será rechazar el proyecto, ponerle más exigencias o aprobarlo (…), lo que no hay es poder de veto, por ninguna de las dos partes…
- En el reglamento, ¿se detalla cómo se debe hacer el proceso de diálogo?
- Se precisa a grandes rasgos las actividades, los conceptos, las grandes etapas. No es posible definir esto a un nivel tan detallado. Recordemos que el Convenio 169 de la OIT, lo que busca es que los pueblos indígenas y no indígenas se sienten a conversar de buena fe, cuando hay intereses cruzados sobre los proyectos y medidas administrativas.
Cómo uno lo aplica: la verdad es que esto va a implicar mejoras permanentes, 10, 15, 20 años puede tardar una mejora permanente. Veamos lo que pasa con la participación ciudadana convencional, hoy en el sistema democrático se sigue cuestionando si el sistema que tenemos es lo más adecuado posible, de si hay mejoras o no; y frente a falencias, se hacen las mejoras y se siguen pensando en mejoras.
Por lo tanto, el Convenio de la OIT, y eso es importante entenderlo, genera la oportunidad para hacer una estrategia de largo aliento, para conversar con los pueblos originarios y no originarios, y que se vayan mejorando las metodologías de manera permanente.
- ¿Este reglamento va aclarar las dudas al sector sobre cómo se debe realizar el proceso de consulta?
Hay actores que señalan que el reglamento requiere de otro para su aplicación.
- Efectivamente, se puede hacer un reglamento fuera del SEIA para regular todos lo que es la consulta indígena, y eso se está trabajando. Este marco legal es lo relacionado a los temas indígenas dentro de la evaluación de los proyectos. O sea, efectivamente no están en este reglamento, lo que pasa antes de la evaluación ni después de la evaluación. Este reglamento se hace cargo de la evaluación ambiental de los proyectos. |
