En el mundo, la máxima es que la energía es un componente ineludible para el desarrollo de las naciones, a tal punto que en la mayoría de los países los proyectos energéticos corren con ventaja a la hora de calificarlos ambientalmente, siendo éstos aprobados muy rápidamente, lo que no significa que las iniciativas no pasen por un riguroso proceso de análisis sino que, simplemente, el grado de importancia que se le da a este tipo de proyectos es de primer orden.
En Latinoamérica esto también se da, en mayor o menor grado. Pero lo concreto es que nuestros vecinos, sus autoridades y el sector privado, las empresas y las organizaciones ambientalistas, entienden que la energía es fundamental para el desarrollo del país y por tanto apuntan a que tras un exhaustivo análisis, las iniciativa –salvo en contadas ocasiones– se aprueben y se comiencen a materializar lo más rápido posible.
Chile es una excepción a la regla, al contrario de lo que ocurre en Perú, en Colombia, en Brasil, por citar algunos ejemplos. Nuestro país carga una mochila desde hace un tiempo que se viene haciendo cada vez más pesada: Los proyectos energéticos enfrentan problemas judiciales, de oposición medio ambiental, crítica social y largos periodos de calificación, que redunda en que los proyectos, ya sean de generación como de transmisión eléctrica, demoren más de la cuenta en conseguir su calificación ambiental, su respectiva Resolución de Calificación Ambiental (RCA), status que de todas formas no asegura su materialización.
Ya lo señaló René Muga en su exposición en el seminario “Los insumos críticos frente al desarrollo de proyectos minero en Chile: Enfrentando los desafíos del desarrollo minero”, que organizó Editec en conjunto con FISA en el marco de Expomin. El gerente general de la Asociación de Generadoras de Chile aseguró que las tramitaciones de los proyectos eléctricos están demorando más del doble de lo que se consideraría como normal, tardando más de 300 días en calificarse en el Sistema de Evaluación Ambiental (SEA). ¿Consecuencias? El atraso en la construcción de estos proyectos, y por consiguiente la demora en su ingreso al sistema, generarían sí o sí problemas de abastecimiento en un plazo de 5 ó 6 años.
Casos concretos en el país en esta situación, y de distintas fuentes de energía, hay bastantes. Barrancones, finalmente desechado por Suez Energy; Parque Eólico Chiloé, de Ecopower, en entredicho y haciendo los esfuerzos por zafarse de estos problemas; y la central termoeléctrica Castilla, de MPX Generación, que habiendo conseguido una RCA, hoy se encuentra paralizado su proceso por recursos judiciales interpuestos por abogados que defienden la causa de comunidades aledañas a donde se instalaría el proyecto. Cabe recordar que hace un par de años, el gerente general de MPX en Chile, Pedro Litsek, fue orador en ElecGas, también de Editec, donde precisamente mostró los avances que presentaba, a la fecha, Castilla. Hoy la instancia no sólo ya no tiene la misma figura, sino que a simple vista se estima que la compañía ha retrocedido en su afán por materializar uno de las iniciativas energéticas más importantes del último tiempo en Chile.
Las causas contra los proyectos energéticos en el país han ido incrementándose. El trabajo del sistema judicial, por ende, es fundamental a la hora de destrabar (o trabar, derechamente) un proyecto. Pero hoy la duda está más latente aún: ¿Está capacitado el sistema judicial para, con todos los antecedentes, dar luz verde o roja a los proyectos? Hay quienes señalan que los jueces no tienen la competencia técnica para poder dar viabilidad a las iniciativas, pero son ellos piezas fundamentales en el proceso. ¿Paradoja? ¿Qué pasa con los abogados que están trabajando cada vez más para las comunidades, interviniendo en la paralización de los proyectos? ¿Por qué no pueden trabajar más codo a codo con las empresas involucradas con el fin de destrabar lo más rápido posible, en el caso de haber controversias, los problemas? ¿Se trata sólo de un tema económico? Todas estas interrogantes son válidas porque el sector energético entró en un área de vulnerabilidad, puesto que hoy –al parecer– se encuentra dando una pelea en la más completa lasitud. ¿Se pueden resolver estos temas con más leyes, más normas? Por el bien del sector, de la población y del país en general, esperemos esta tendencia se revierta y aprendamos a llevar los procesos como lo hacen Perú y Brasil, que ya tienen definidos sus sistemas, y en el corto, mediano y largo plazo tienen resuelto su tema energético.
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