Robo de conductores acumulan más de 500 causas desde 2014
Las empresas eléctricas afectadas han establecido múltiples medidas para enfrentar este delito que se ha transformado en un desafío de seguridad dentro del sistema eléctrico y que afecta a la calidad del servicio en las zonas donde se producen las sustracciones.
El robo de conductores se ha convertido en un desafío de seguridad para el sistema eléctrico nacional debido al aumento de este tipo de delitos en diversos puntos del territorio, por lo que entre 2014 y 2016 se han acumulado más de 500 causas en los tribunales de Justicia, por apropiación de cables de tendido eléctrico o de telecomunicaciones, según se indica en Empresas Eléctricas A.G., a partir de un informe encargado al estudio MR&CIA.
Esta situación fue mencionada en marzo pasado por el director ejecutivo del Coordinador Eléctrico Nacional, Daniel Salazar, durante el seminario organizado por Cigré Chile, en que se analizó la gestión de riesgos en la planificación y operación del sistema eléctrico: “instalaciones de 154 kV son permanentemente intervenidas y eso tiene efectos en distintas localidades y puntos del sistema”.
Nicolás Atkinson, socio de Aninat Schwencke & Cía. y director del área de Energía y Recursos Naturales, explica a Revista ELECTRICIDAD que el robo de conductores eléctrico, especialmente de cobre, “es un delito que actualmente se encuentra tipificado en el Código Penal por las reformas introducidas por la Ley 20.273”.
“Esta norma introdujo al Código Penal un nuevo artículo 447 bis, tipificando como delito el hurto de cosas que forman parte de redes de suministro de servicios públicos o domiciliarios, tales como electricidad. Además, modificó el artículo 213, incorporando un delito relativo a la interrupción maliciosa del servicio eléctrico. Estas conductas se sancionan con cárcel, pudiendo llegar hasta los cinco años en el caso del hurto que produce interrupción o interferencia del servicio”, sostiene el abogado.
En su opinión este delito ha sido reconocido por la jurisprudencia de modo que prima, “y se le asocian penas específicas, ya no solo por tratarse de hurto de cosas que se encuentren en bienes nacionales de uso público, sino que con el fin de proteger el bien jurídico consistente en el orden y la seguridad pública”.
En Empresas Eléctricas A.G., entidad que agrupa a transmisoras y distribuidoras, este tema es seguido permanentemente al afectar a sus asociados. Ricardo Eberle, director Jurídico de la asociación gremial señala a Revista ELECTRICIDAD que la persecución penal para dar con los responsables de los robos parte con las querellas y denuncias de las compañías afectadas, “acumulándose más de 500 causas entre los años 2014 y 2016 por apropiación de cables de tendido eléctrico o de telecomunicaciones”.
Según el ejecutivo, además de las pérdidas económicas para los operadores, el principal problema es que los robos “ocasionan daños a la infraestructura como derribamiento de torres u otras instalaciones que impiden la rápida reposición del suministro, lo que provoca que tanto la gente, como las empresas, los servicios de salud e incluso la seguridad, pueda verse afectada a consecuencia de estos delitos”.
Robo de líneas pertenecientes a Transelec. Foto: Gentileza Transelec.
Afectados
En las empresas perjudicadas directamente comparten este análisis. Rodrigo López, vicepresidente de Operaciones de Transelec, afirma a este medio que el “daño causado por los robos de conductores es a la infraestructura eléctrica y, muy especialmente, a la población de las áreas involucradas, ya que muchas veces provocan pérdidas de consumo en comunas y localidades aledañas a las líneas”.
“Respecto de Transelec, desde el año 2014 a la fecha, registramos un total de 141 casos, todos con denuncia y su respectiva querella. El total de líneas afectadas es a la fecha equivalente a 121,5 kilómetros. En lo que va del año 2017, hemos registrado un total de 17 robos, con 3 kilómetros de líneas afectadas en estos hechos”, señala el ejecutivo.
Otra compañía que ha sufrido la sustracción de líneas y conductores es Saesa. El gerente de Operaciones del holding, Leonel Martínez asevera que el año pasado tuvieron pérdidas por un total de $190 millones, producto del robo de 216 kilómetros de conductores eléctricos, mientras que en lo que va corrido de este año “las pérdidas ascienden a $79.251.750 producto de 90 kilómetros de conductor robado, lo que representa un 41% del año pasado en solo tres meses”.
“Estos eventos necesitan de reconstrucción de la red eléctrica y no solo una simple reposición de servicio, esto último significa en algunos casos y atendiendo el daño, prolongados cortes de suministro con el consiguiente perjuicio a nuestros clientes. Como normalmente el robo se realiza en sectores alejados y de difícil acceso complica la operación en cuanto a medidas mitigadoras y las acciones que se requieran durante el evento”, explica el ejecutivo.
Medidas
Para enfrentar y evitar este tipo de delitos las empresas eléctricas trabajan en varios frentes. Ricardo Eberle menciona que las medidas que realizan en el sector son de tipo operativo, “como es la logística, seguridad y monitoreo de las redes, además de abordar las de tipo estratégico y judicial. Así, las empresas han montado complejos sistemas de detección y patrullaje en las zonas más afectadas”.
Rodrigo López señala que Transelec se coordina con las autoridades y otras empresas del sector participando en mesas de trabajo que se han conformado en varias regiones del país, lideradas por las autoridades regionales. “En esta misma línea estamos trabajando altamente coordinados con las policías y las fiscalías regionales en materia de investigación y persecución penal, en el contexto del trabajo de las mesas público-privadas en las regiones afectadas”, agrega.
De acuerdo a Leonel Martínez, el Grupo Saesa forma parte de una mesa de trabajo junto a autoridades locales, ambas policías y otras empresas de distribución eléctrica, agregando que la empresa Frontel (perteneciente al holding) está reemplazando el cable de cobre por aluminio.
A juicio de Ricardo Eberle “es imperioso contar con unidades de investigación especializadas en las fiscalías, que permitan llevar a cabo mejores y más eficientes investigaciones. Lo anterior, puesto que se trata de un delito particularmente complejo que requiere de un análisis global y nacional del mismo, sobre todo considerando que es un fenómeno que va variando de zonas geográficas”.
“Dado que a la fecha son muy pocas las investigaciones que han terminado en condenas, aún no es posible establecer un perfil de este tipo de delincuentes, sin embargo, en el pasado se detectaron y desmantelaron bandas muy organizadas. Al respecto, creemos que hoy eso no ha variado, manteniéndose un alto nivel de “profesionalismo” y organización de este tipo de bandas criminales, que permitirían incluirlas dentro de aquellos casos de crimen organizado”, concluye el ejecutivo de Empresas Eléctricas A.G.
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