Esta publicidad se cerrará en segundos Cerrar

Revista Electricidad Nº201

diciembre de 2016

Presente y futuro de la legislación eléctrica

Importantes proyectos como la reforma a las licitaciones de suministro, al sistema de transmisión y la Ley de Equidad Tarifaria son algunos de los hitos del tren legislativo que se han materializado en el último tiempo, aunque los juristas plantean la necesidad de acelerar temas pendientes como la regulación de la industria del gas y el gobierno corporativo de Enap.

Compartir
. Congreso (Para abrir) (Copy)

El 15 de mayo de 2014 es considerada una fecha que marcó un antes y un después en la industria energética nacional. Fue el día en que se lanzó la Agenda de Energía, entre cuyos anuncios se destacó el impulso de once reformas legales para darle una mayor certidumbre al sector y así aumentar el nivel de competencia e inversiones con el objetivo de reducir los costos y los precios en el mercado eléctrico.

Han pasado dos años y medio desde este hito y actualmente el sector cuenta con tres nuevos cuerpos legales: el perfeccionamiento de las bases de licitación para el suministro eléctrico en sectores regulados (Ley 20.805); el nuevo sistema de transmisión que incorpora al Coordinador Independiente del Sistema Eléctrico Nacional (Ley 20.936), y la Ley de Equidad Tarifaria (Ley 20.928).

Otras iniciativas que se han materializado desde 2014 son la creación de nueve seremis de Energía, la renovación de la Ley 20.365, que amplía el giro de Enap y que renueva la franquicia tributaria para sistemas solares térmicos, además de la publicación del reglamento de la Ley 20.571 sobre generación distribuida.

Pendientes
Es en este escenario que los abogados del sector energético y los representantes de los gremios de generación (Generadoras de Chile) y de transmisión y distribución (Empresas Eléctricas) señalan a
Revista ELECTRICIDAD que los principales desafíos pendientes en materia legislativa son terminar el proceso de elaboración de los reglamentos en la Ley de Transmisión, para posteriormente terminar de tramitar dos proyectos de relevancia como son la ley que regula la distribución del gas y los cambios al Gobierno Corporativo de Enap.

Estas dos últimas iniciativas, de acuerdo al ministro de Energía, Andrés Rebolledo, “están muy avanzadas en la discusión parlamentaria, en distintas etapas, donde ha habido un análisis profundo. Me parece que en lo que resta del año deberíamos tratar de concluir estos dos proyectos que están bastante avanzados y consensuados en lo central”.

Andrés Rebolledo, ministro de Energía.

A juicio de los especialistas, también es vital retomar materias como la reforma al Código de Aguas y su impacto en la industria hidroeléctrica; la Ley de Eficiencia Energética; la Ley de impulso a la geotermia; la modernización de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y la creación de un marco regulatorio para los sistemas eléctricos medianos de Aysén y Magallanes.

Un capítulo aparte es la reforma al segmento de la distribución eléctrica, donde el sector público y privado trabajan en cuatro grupos con el objetivo de entregar un anteproyecto de ley en la materia para fines de 2017, en las áreas temáticas de desarrollo de la red de distribución; financiamiento y tarificación de las redes; los modelos de negocio de distribución, y los servicios que tendrá la red eléctrica en el futuro.

Transmisión
El proceso de elaboración de los nueve reglamentos prioritarios que aterrizarán la Ley de Transmisión es el principal foco de atención para la industria en materia de normativas en un proceso que terminará en 2017. Actualmente los reglamentos sobre planificación energética de largo plazo y sobre procedimiento para la determinación de franjas ya se encuentran en la Contraloría General de la República para su toma de razón, y el reglamento sobre intercambio internacional de energía terminó su etapa de consulta pública, por lo que ingresarán prontamente a dicho organismo.

Andrés Romero, secretario ejecutivo de la CNE, señala que el reglamento del Coordinador Independiente se encuentra desde el 2 de noviembre en proceso de consulta pública, mientras que los reglamentos sobre Procedimiento para la dictación de normas técnicas; Coordinación y operación del Sistema Eléctrico Nacional; los Sistemas de transmisión y planificación de la transmisión, y Valorización, remuneración y pago de la transmisión “están en elaboración de los respectivos borradores para iniciar su fase de consulta pública”.

Punto aparte en este proceso es el reglamento de servicios complementarios, pues “será sometido a un trabajo participativo con actores del mundo académico, consultores, representantes de la industria y organizaciones sociales, siguiendo el mismo esquema de los demás reglamentos, en un proceso en el cual se inscribieron más de 300 personas para aportar en la definición de los distintos cuerpos normativos”, destaca Romero.

Al respecto, Sebastián Abogabir, socio del Estudio Guerrero Olivos advierte que “lo prioritario está en terminar de afianzar lo que ya se dictó, especialmente en lo que respecta a la Ley de Transmisión, pues tiene asociados varios reglamentos que son claves para concluir bien el proceso normativo, como por ejemplo en lo que se refiere a la nueva figura de los polos de desarrollo de generación eléctrica en base a energías renovables. Quedan pendientes, de todas maneras, la ley del gas y la reforma al segmento de distribución”.

25 de octubre de 2012, Sebastian Abogabir, abogado especialista en derechos de agua. Foto: Juan Carlos Recabal Diaz / Electricidad

Según Alejandro Vergara, socio de Vergara y Cía. Abogados y director del Programa de Derecho Administrativo Económico de la Universidad Católica, “la nueva ley de transmisión contiene más de 20 disposiciones transitorias, destinadas a regular su aplicación en el tiempo, lo que genera una mayor dificultad a la hora de implementar y de entender el momento en que los cambios buscados por el legislador producirán sus efectos de manera conjunta”.

En opinión de Fernando Abara, director de Abara & Cía. Abogados y profesor de derecho de energía de la Universidad Católica, no debería existir confusión “debido a las nuevas normas dictadas, salvo por el largo periodo transitorio establecido en la ley 20.936 para la aplicación completa de sus normas permanentes, pero ello se irá resolviendo en la medida que exista una adecuada interpretación administrativa o judicial”.

25 de julio de 2013, Seminario Cigre: La regulacion que se requiere para el desarrollo del sector electrico, en el Auditorio Sofofa. Foto: Juan Carlos Recabal Diaz / Electricidad

Para Nicolás Atkinson, socio de Aninat Schwencke & Cía. y director del área de Energía y Recursos Naturales, el proceso de consulta pública de los reglamentos, al ser discutido por los actores del sector, evitarán confusiones en el futuro. “También será relevante −para evitar cualquier confusión− los criterios jurisprudenciales que adopte el Panel de Expertos y la interpretación administrativa por parte de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC)”, sostiene el abogado.

Nicolás Atkinson, socio de Aninat Schwencke & Cia

Rol estatal
En el sector privado destacan el tren legislativo materializado en los últimos dos años, subrayando el hecho de que se haya mantenido una sintonía con la Ley General de Servicios Eléctricos (LGSE, Ley 20.018), aunque se deslizan críticas a la mayor injerencia del Estado en algunos aspectos.

Susana Jiménez, coordinadora de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo expresa que “han habido reformas relevantes en licitaciones eléctricas y transmisión, pero el marco normativo base se ha mantenido y eso es valioso. Han habido perfeccionamientos coherentes en algunos casos con las nuevas necesidades, mientras que en otros, han existido modificaciones que ha querido introducir el gobierno que son más discutibles, pero que al menos mantienen el marco regulatorio vigente”.

A su juicio, el sector energético “no ha estado exento de algunos temas de carácter más ideológicos pues apuntan a ampliar la participación del Estado, como la ampliación de giro de Enap para participar en el mercado de la generación eléctrica, así como que la CNE adquiera mayores atribuciones y sea la encargada de hacer las licitaciones para el suministro de clientes regulados, pues esto tiene su riesgo. En el proyecto de gas, por otra parte, la propuesta legislativa del Gobierno es sacar al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia del proceso de fijación tarifaria, desestimando el necesario análisis de competencia que amerita una fijación de tarifas”.

Susana Jiménez, coordinadora de Políticas Públicas del Instituto Libertad y Desarrollo.

En esta línea Fernando Abara indica que “puede ser pertinente revisar la institucionalidad del regulador, de modo de que sea independiente del gobierno de turno para que un sector eminentemente técnico –como el eléctrico− no quede sumido en los vaivenes de la política, de manera especial en materia de designaciones.

Otro aspecto por revisar son las restricciones impuestas por el artículo 7 de la LGSE referido a la integración vertical en el mercado eléctrico, por cuanto las limitaciones que existen son muy severas y con la regulación actual no encuentran fundamento jurídico ni económico para seguir vigentes”.

Esto es compartido por Alejandro Vergara, quien advierte que “es la ley del péndulo, pues de la antigua dependencia de los coordinadores respecto de las empresas se pasó a la dependencia del gobierno central, ya que se crean ahora potestades de actuación exorbitantes para los órganos de la administración del Estado, específicamente la CNE, que suponen un alto nivel de intervención en el desarrollo de la actividad eléctrica por los particulares”.

Alejandro Vergara, socio de Vergara y Cía. Abogados y académico de la PUC.

Desafíos
Para los juristas, además de los trabajos para reformar el segmento de distribución en el futuro, también existen otras materias legales actualmente en discusión, que dependiendo de cómo se resuelvan, pueden impulsar o afectar el cumplimiento de los ejes de la Agenda de Energía como “la reforma al Código de Aguas que, si bien busca priorizar el consumo humano y evitar la especulación y el acaparamiento, incorpora incertidumbres sobre el régimen aplicable a los derechos de aprovechamiento de aguas que, de no ser corregidos, pueden afectar el objetivo trazado de promoción de la hidroelectricidad sustentable y el desarrollo de las tecnologías asociadas”, asegura Sebastián Abogabir.

Alejandro Vergara menciona también la necesidad de “actualizar” la regulación de las servidumbres, en especial en el ámbito de la generación, pues hoy solamente se pueden constituir forzosamente (por la vía de la concesión) en el caso de la hidroelectricidad, lo que debiera ampliarse a los otros medios de generación, los cuales son hoy omitidos por el legislador”.

Por su lado, Nicolás Atkinson sostiene que “probablemente sea necesario también una flexibilización de la generación distribuida, y eventualmente un cambio de paradigma asociado a la geotermia en relación a la ausencia de subsidios o beneficios directos históricamente ausentes para la generación de energía eléctrica en Chile”.

Finalmente, Fernando Abara señala que “la verdadera prueba de mérito de la nueva legislación en materia de licitaciones de suministro para clientes de precio regulado, será el que los nuevos proyectos sean ejecutados y los contratos de suministros puedan ser cumplidos a cabalidad, lo que resulta ser un desafío clave no solo para las empresas adjudicadas sino también para las autoridades llamadas a otorgar los permisos, concesiones y autorizaciones respectivas”.

Conclusiones

• Cambios al sistema de licitaciones de suministro, Ley de Transmisión y Equidad tarifaria son las principales reformas legales del sector energético hechas desde 2014, las que son destacadas por el sector privado.

• Los reglamentos de la Ley de Transmisión, la regulación de la industria del gas y los cambios al Gobierno Corporativo de Enap son las iniciativas pendientes que tienen prioridad en el sector.

• La reforma a la distribución eléctrica y cambios en la generación distribuida son los mayores desafíos legales a juicio de la industria energética.

La visión de Empresas Eléctricas A.G.
Rodrigo Castillo, director ejecutivo de Empresas Eléctricas A.G., señala que la iniciativa prioritaria que aprecian en el sector es “la discusión sobre un nuevo régimen para la distribución eléctrica, con miras a la modernización del sector es el gran desafío para los próximos meses”.

“Nuestra legislación ha sido pionera en muchas materias. Estamos trabajando para que ese liderazgo se mantenga en el tiempo. Para ello, lo que hagamos en términos de modernización de la distribución será, sin duda, un gran desafío histórico que nos permitirá mantenernos en la vanguardia regulatoria, no solo de la Región sino de nuestros referentes de la OCDE”, afirma el ejecutivo.

Reformas legales de la Agenda de Energía 2014

-Licitaciones de suministro eléctrico para sectores regulados.
-Creación de nueve seremis de Energía en regiones.
-Renovación de la franquicia tributaria de colectores solares.
-Incentivos de promoción del desarrollo local asociado a proyectos energéticos.
-Aumento de eficiencia en mercado de distribución del gas.
-Nuevo marco legal de los sistemas de transmisión eléctrica.
-Ley de Eficiencia Energética.
-Ley de Impulso a la Geotermia.
-Ley orgánica de Enap (Gobierno Corporativo).
-Modernización y fortalecimiento de la SEC.
-Marco regulatorio de los sistemas medianos de Aysén y Magallanes.

Fuente: Acera

[Cámara de Diputados aprueba proyecto que crea nuevo gobierno corporativo de Enap]

Temas Asociados