Trabajos en tendido eléctrico. Foto: Gentileza Enel Distribución.
Trabajos en tendido eléctrico. Foto: Gentileza Enel Distribución.

¿Hacia dónde va la reforma a la distribución?

Los incentivos, la flexibilidad regulatoria en cuanto a nuevas tecnologías, la seguridad de suministro, el modelo de competencia en el mercado y el proceso tarifario son los grandes puntos que, a juicio de los protagonistas del segmento, se deben incluir en la reforma al sector.

*Por Roberto Valencia, periodista de ELECTRICIDAD

Un nuevo proceso tarifario, así como cambios en el modelo de negocio, son parte de los principios que se deberían incluir en la modernización de la distribución eléctrica en el país, por lo que en el sector público y privado trabajan con la idea de ingresar un proyecto de ley al Congreso durante el próximo año.

Otro de los pilares que se deben incorporar en las discusiones son los nuevos incentivos, además de una mayor flexibilidad para la inclusión de las nuevas tecnologías.

Incentivos

Los cambios en el sector son liderados desde el Ministerio de Energía, donde se analizan los antecedentes para estructurar el programa de trabajo. Susana Jiménez, titular de la cartera, señala que “estamos lanzando una licitación que nos permita contar con soporte experto para facilitar y acompañar la discusión, y así lograr una propuesta de modificación legal que desde sus inicios cuente con un respaldo académico y profesional. Estimamos que en un plazo de un año, podremos contar con un proyecto de ley”.

A juicio de la autoridad, los cambios en la distribución pasan por elementos como la “seguridad y calidad de suministro, mecanismos eficientes de expansión de la red, incorporación de tecnologías recientes (como almacenamiento y generación distribuida) y las posibilidades de gestión de la demanda por parte de los usuarios”.

“Los elementos a considerar son las nuevas tecnologías, posibilidades de interacción de los usuarios con su consumo y la red, pero siempre entregando a todos los agentes señales de eficiencia y sostenibilidad en el uso de los recursos, contemplando la protección a los usuarios y su información, apertura a nuevas posibilidades de mercado y la seguridad y calidad de suministro”, asegura la ministra Jiménez.

Esto es compartido por los representantes de la industria. Para Rodrigo Castillo, director ejecutivo de Empresas Eléctricas A.G., los puntos relevantes de la reforma tendrán que relacionarse con “una regulación orientada a mejorar la calidad de servicio del segmento, basada en criterios de incentivos y castigos para lograr los objetivos de política pública de largo plazo”.

Según Rodrigo Moreno, académico del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Chile, los incentivos son un punto esencial para incluir en la reforma, “para que así los privados puedan moverse en la dirección correcta, sobre todo en materia de seguridad de suministro”.

“Para avanzar y corregir los errores del actual marco regulatorio, hay que hacer el reconocimiento que el bajo nivel de confiabilidad de nuestras redes ha sido, al menos en parte, consecuencia de la actual regulación que buscamos reformar, llegando a un nivel de confiabilidad bastante inferior al resto de los países de la Ocde”, asegura el especialista.

A juicio de Hugh Rudnick, académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile y director de Systep, “los incentivos deben ir asociados a la realidad social y económica del país, buscando lograr los menores costos de distribución, utilizando esquemas eléctricos flexibles, y sin sobreinversión en redes, como se ha cuestionado en algunos modelos regulatorios europeos”.

Tecnologías

Rodrigo Castillo explica que también es necesario avanzar en la flexibilidad del marco legal, pensando en la mayor cantidad de recursos distribuidos en las redes, pues dice que esto “reflejará de mejor manera los costos y beneficios que generan los clientes y que permitan aprovechar las utilidades y funciones que tendrá en el futuro próximo la medición inteligente”.

Castillo sostiene que en esta línea se estima que “en un plazo de siete años deberíamos contar con medidores inteligentes en todo Chile, lo que nos permitirá tener la capacidad tecnológica para ir dando soluciones más flexibles desde el punto de vista tarifario y de la toma de decisiones de los clientes, pero se requerirán modificaciones legales más profundas para potenciar todas estas posibilidades que la tecnología nos va a brindar”.

De acuerdo a Sergio Barrientos, gerente general de Surenergia y director de Cigré Chile, la disminución en los costos de las tecnologías en la distribución, tanto para la generación de pequeña escala como para el almacenamiento, “provocará que los consumidores tengan acceso al suministro desde su propia generación y otra parte la comprarán de las redes, por lo que el sistema cambiará en su interacción entre empresas y clientes”.

Rodrigo Moreno concuerda con la necesidad de avanzar hacia la incorporación de nuevas tecnologías, pues señala que esto permitiría que las empresas “sean más eficientes al momento de entregar los servicios de distribución de electricidad, ahorrando inversiones costosas en instalaciones tradicionales gracias a una mejor gestión de sus redes, lo que se puede viabilizar mediante la instalación de nuevas tecnologías de información y comunicación, incluyendo también más control y monitoreo”.

Sergio Barrientos agrega que otra tecnología importante que tendrá cambios son por una parte los sistemas de control −hoy en día inexistentes en distribución− y las protecciones en los sistemas de distribución, “pasando de las aplicaciones unidireccionales a las bidireccionales, junto a la interacción con el almacenamiento, por lo que estos sistemas deberán ser distintos, así como sus formas de comunicarse”.

Al respecto, la ministra Susana Jiménez afirma que “las disposiciones que entregue la modificación legal serán determinantes para la inclusión de estas tecnologías, especialmente respecto de las señales tarifarias de eficiencia para los distintos involucrados”, añadiendo que también se debe recordar que la normativa técnica que vendrá después de la materialización de la reforma “deberá incorporar las características en detalle de los requerimientos para su incorporación segura a las redes”.

Cambio de modelo

Los especialistas y actores del segmento coinciden en señalar que las modificaciones que incorpore la futura reforma también implican un nuevo modelo de organización.

En opinión de Rodrigo Castillo, la gestión de los recursos distribuidos (medidores, generación distribuida y vehículos eléctricos) será el futuro en el cual operará la distribución, por lo que menciona que la regulación a nivel internacional se está modificando “para poder incorporar una mayor cantidad de recursos distribuidos en las redes y para establecer criterios y mecanismos que permitan incentivar la calidad de servicio”.

“Lo que está en discusión es de qué forma se van a prestar los demás servicios sobre esas redes, siendo un tema abierto en el mundo y estamos disponibles como industria a buscar aquellas que sean más convenientes para la sociedad”, asegura.

Esto es compartido por Sergio Barrientos, por cuanto “en los países más avanzados se ve la aparición de nuevos actores en el mercado, con nuevas empresas que no necesariamente tengan redes de distribución y que permiten a los clientes agruparse en un modo más cooperativo, consiguiendo mejorar la calidad de servicio. Hay otros casos en que las distribuidoras participan de este mecanismo, así que esto es parte de lo que se debe revisar en la discusión sobre la reforma.

Según Hugh Rudnick, a este escenario de cambios se sumará “una demanda que pueda responder a señales de precios, en que aparecerán nuevos actores en el negocio, por lo que hay que pensar en un esquema de mercado competitivo”.

El especialista indica que “la nueva empresa distribuidora tiene que centrarse en lo que es la inversión y gestión de las redes y subestaciones, sin involucrarse en otros tipos de negocios competitivos, como la generación distribuida, los vehículos eléctricos, la gestión de la demanda, el almacenamiento y otros. Incluso debiera abrirse el tema de la comercialización a la competencia. Hay que ser imaginativos y ver algún esquema en que pudieran readecuarse los contratos de las licitaciones para que se introduzca mayor competencia retail en el mercado, considerando bajar el límite inferior de los clientes libres”.

Rudnick asevera que el actual esquema de empresa modelo que se usa en el sector, con un techo de precio que es analizado cada cuatro años, “es un buen procedimiento y debiera mantenerse, aunque hay que considerar las inversiones necesarias para mejorar la calidad de servicios a los niveles que se ha planteado el país como objetivo de largo plazo”.

Eso sí, el director de Systep advierte que en la discusión en torno a la reforma del sector es prioritario que se reconozca “que estamos en un país que todavía está en desarrollo, donde la optimización de los costos debiera seguir siendo un factor muy relevante, por lo que hay que encontrar un adecuado equilibrio entre calidad de servicio e inversión, así que tenemos que ser muy cuidadosos en no aumentar mucho las exigencias de calidad de servicio porque esto significará un mayor costo para el consumidor final”.

Rodrigo Moreno también advierte la necesidad de lograr una armonización regulatoria entre el esquema de competencia que se proponga y lo que existe actualmente en materia de licitaciones de suministros para clientes regulados. “Es importante destacar que, fundamentalmente, la comercialización de energía para clientes regulados hoy no está en manos de las empresas distribuidoras, sino que está en la Comisión Nacional de Energía (CNE), mediante las compras que se realizan en las licitaciones de contratos de suministro”, sostiene el académico de la Universidad de Chile.

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Tarifas

El esquema tarifario es otro de los elementos delicados en torno a la reforma. Rodrigo Castillo sostiene que la mayor inclusión de tecnologías inteligentes en las redes y los desafíos de los mayores recursos distribuidos deberían exigirnos avanzar hacia criterios de tarificación más flexibles”.

Hugh Rudnick asevera que el actual esquema de empresa modelo y Valor Agregado de Distribución (VAD) que se emplea en el sector, con un techo de precio que es analizado cada cuatro años, “es un buen procedimiento y debiera mantenerse, aunque haciendo un análisis por cada empresa por separado, mejorando los procedimientos de recolección de información y de modelación, y llevando discrepancias al panel de expertos”.

Para Rodrigo Moreno, es necesario “mejorar la eficiencia del proceso tarifario, sobre todo en términos de las simplificaciones gruesas y arbitrarias que tiene el cálculo de remuneraciones, las cuales no se ajustan a lo que realmente hacen las empresas. Si bien este proceso fue exitoso en el contexto de los años ochenta, después de casi cuarenta años, las prácticas regulatorias, las capacidades computacionales y los objetivos de política pública han avanzado enormemente, dejando a la actual regulación de la distribución obsoleta”.

“Más aún, en el contexto actual, el método de remuneración perjudica a ambas partes: por un lado, la regulación no ofrece ninguna garantía al consumidor de que su dinero se está utilizando de la manera más eficiente para realizar las adecuaciones necesarias en las redes eléctricas. Por otro lado, las empresas perciben un riesgo excesivo en sus ingresos dado el gran nivel de simplificación en la determinación de la empresa modelo y el resto de los cálculos asociados a la remuneración; todo esto repercute finalmente en una pérdida social importante”, añade el académico.

A juicio de Hugh Rudnick, también es necesario que, en la definición del Valor Agregado de Distribución, se pueda avanzar hacia un estudio que busque encontrar puntos de encuentro y que finalmente, si hay divergencias, se vaya al Panel de Expertos”.

La inclusión de todos estos elementos en la reforma al segmento, concluye Rodrigo Castillo, contribuirá a la meta de la política energética de largo plazo, para que en 2050 la calidad del servicio mejore, con lo que se llegaría al promedio de una hora de corte de suministro al año. “Se requiere un perfecto mix incorporando tecnologías y automatismos en las redes; una regulación que promueva y premie la calidad de servicio, y tarifas que reflejen los costos reales de prestar los servicios”, resume el ejecutivo.

Hugh Rudnick reitera que en la discusión en torno a la reforma del sector es prioritario que se reconozca “que estamos en un país que todavía está en desarrollo, donde la optimización y reducción de los costos debiera seguir siendo un factor prioritario, encontrando un adecuado equilibrio entre calidad de servicio e inversión. Tenemos que ser muy cuidadosos en no aumentar mucho las exigencias de calidad de servicio porque esto implicará mayores inversiones y un costo más alto para el consumidor final”.

Conclusiones

  • Los actores y especialistas señalan la necesidad de incorporar nuevas incentivos en el sector de la distribución dentro de la reforma que se prepara en el sector.
  • La inclusión de nuevas tecnologías requerirán de una regulación flexible en el segmento, lo que debería ser considerado en la discusión de los futuros cambios.
  • Otros puntos sensibles en el debate para la reforma serán el modelo de competencia y el proceso tarifario.

Recuadro

El papel de las horas de interrupciones

El objetivo de lograr una hora de interrupción del suministro eléctrico es uno de los objetivos de la política energética 2050, por lo que es un eje central de la reforma. Y es en este contexto en que cobra relevancia el indicador Saidi de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), que mide el tiempo de duración de la interrupción.

Luis Ávila, superintendente de Electricidad y Combustibles, destaca a ELECTRICIDAD la mejora que ha tenido este indicador durante el presente año respecto a 2017, cuando se anotó un total de 18,8 horas promedio sin servicio, debido principalmente a los eventos climáticos del invierno pasado en la zona centro sur, que afectaron las redes de distribución.

“Los planes implementados por las distribuidoras para mitigar los efectos de las causas que provocaron los cortes permitieron retomar una positiva tendencia, por lo que entre enero y julio de este año tenemos un indicador de 7,6 horas, siendo 62% menos respecto al mismo periodo de 2017”, precisa la autoridad.

Según Ávila, la medición de este indicador es un insumo importante para el futuro de la distribución, por lo que la calidad de servicio es uno de los temas que se espera abordar en la discusión de la reforma, donde participarán los profesionales de la SEC.

“La idea es traspasar además la experiencia de nuestras bases de datos en interrupciones y atenciones comerciales, por lo que hay mucha información que nos interesa aportar como evidencia objetiva, con conocimiento técnico a cada una de las discusiones que tenga el proceso de la reforma”, indica el superintendente.