enero 8, 2014 | Formación, Medio Ambiente
Entre el 8 y el 11 de abril próximo se realizará en el centro de conferencias del hotel Enjoy de Viña del Mar la 34° Conferencia Mundial de Evaluación de Impacto para el Desarrollo Social y Económico IAIA, la que reunirá a los principales expertos mundiales en evaluación ambiental, provenientes de los 120 países que son parte de la Asociación Internacional de Evaluación del Impacto.
En el marco de la conferencia los participantes discutirán sobre los diferentes instrumentos de evaluación de impacto ambiental que pueden ayudar a los desarrolladores, la industria, los responsables políticos, instituciones financieras, proveedores de cooperación para el desarrollo, y el público, a integrar los componentes ambientales, sociales, y otras preocupaciones.
Es así como los participantes tendrán de la oportunidad de compartir experiencias e ideas acerca de cómo los resultados de la evaluación de impactos pueden incluir formas eficientes e innovadoras de promover el desarrollo social y económico para beneficiar la calidad de vida actual y también la de las generaciones futuras.
Mayor información del evento en: http://www.iaia.org/conferences/iaia14
Entidad organizadora
La IAIA es la Asociación Internacional de Evaluación del Impacto, creada en 1980 para reunir a investigadores, profesionales y usuarios de los distintos tipos de evaluación de impacto de todas las partes del mundo, provenientes de diversas disciplinas de las 120 naciones que la componen.
Entre sus miembros se incluyen gerentes y planificadores corporativos; abogados del sector público; planificadores y administradores gubernamentales; consultores privados y analistas políticos; profesores y alumnos de universidades e institutos.
diciembre 26, 2013 | Medio Ambiente
(Pulso) Desde que en agosto se publicó el nuevo reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, el ministerio se ha dedicado a presentar los cambios a lo largo del país.
El nuevo cuerpo legal, que rige desde el martes pasado, «viene a hacerse cargo de falencias históricas que se han detectado en su aplicación», explica el director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, Ricardo Irarrázabal.
Y agrega que el anterior es un reglamento que tenía más de 12 años tiempo en el que «hubo una serie de cambios relevantes como por ejemplo la modificación de la ley de Bases del Medio Ambiente. Por lo tanto, era necesario actualizar el reglamento para incorporar aquellos aspectos relevantes de estas modificaciones legales».
La decisión de cambiar lo que había partió en el primer año de gobierno: en junio de 2010 y según declara la web del SEA, se inició un proceso de consulta que incluyó a ONG, comunidades, expertos y pueblos originarios.
No obstante, hace un par de semanas el ahora elegido senador por Los Lagos, Alfonso De Urresti, hizo duras críticas al nuevo reglamento, respecto especialmente al tratamiento de residuos peligrosos, que ahora elevó la cantidad de kilos de producción para pasar por el sistema de evaluación, por lo tanto, muchos de los proyectos que generen residuos peligrosos no tendrían que pasar por este proceso, sino sólo por el de declaración ambiental.
De Urresti es hasta ahora la única voz pública disidente. En general, el documento ha sido más motivo de análisis que de crítica.
Menos tiempo
Irarrázabal dice que el reglamento «precisa y aclara conceptos relativos a los impactos (art 5 a 10) y los requisitos de contenidos para la presentación de Estudios y Declaraciones al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental».
«Asimismo crea herramientas para asegurar la evaluación en etapas tempranas, como es el limitar el número de Adendas (máximo dos) y el término anticipado del proceso. La idea entonces es que los impactos significativos puedan ser vistos al inicio y no al final, como muchas veces ocurría», agrega.
El hecho de realizar la evaluación ambiental en etapas tempranas conlleva a mejorar los tiempos de evaluación. Para esto el nuevo reglamento aclara conceptos y definiciones, generando lineamientos claros respecto a los requerimientos para realizar una evaluación ambiental adecuada y de acuerdo a los estándares que el Estado y la ciudadanía exigen.
Más participación
Otro aspecto relevante del nuevo reglamento tiene que ver con la participación ciudadana. En el nuevo sistema, la voz de las comunidades en torno a un proyecto se exige desde la Declaración de Impacto Ambiental. Para eso, se establecen los mecanismos de esta participación y se incorpora la posibilidad de que se abra un nuevo proceso de participación en aquellos proyectos que sufran modificaciones sustantivas durante el proceso de evaluación.
Siempre en el ámbito de la participación, también habrá consulta a los pueblos originarios, hecho que también ocurría en el reglamento anterior. Habría que hacer un alcance: el ministerio de Desarrollo Social intentó generar un reglamento que regular el procedimiento de consulta indígena para dar cumplimiento al Convenio 169 con un proceso de mesas indígenas. Pero, como explica Irarrázabal, el decreto N° 66/13 aún no aplica, pues no ha sido publicado en el Diario Oficial.
«Sin perjuicio de lo anterior -explica el director- cuando un proyecto evaluado en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), genera una afectación directa sobre los grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas, el servicio tiene la obligación de desarrollar un proceso de Consulta Indígena, que se desarrollará de acuerdo a la normativa ambiental vigente. De esta forma, el Servicio deberá, de conformidad al inciso segundo del artículo 4 de la Ley 19.300, diseñar y desarrollar un proceso de consulta de buena fe, que contemple mecanismos apropiados según las características socioculturales propias de cada pueblo y a través de sus instituciones representativas, de modo que puedan participar de manera informada y tengan la posibilidad de influir durante el proceso de evaluación ambiental. De igual manera, el Servicio establecerá los mecanismos para que estos grupos participen durante el proceso de evaluación de las aclaraciones, rectificaciones y/o ampliaciones de que pudiese ser objeto el Estudio de Impacto Ambiental. Por lo que la Consulta constituye un derecho para los Pueblos Indígenas y un deber para el Estado y, en el marco del SEIA ese deber recae en el SEA. Este procedimiento es compatible con el procedimiento de consulta desarrollado por el Ministerio de Desarrollo Social, por expresa remisión de este último».
¿Menos judicialización?
Del total de los proyectos judicializados entre los años 2001 y 2013, (132 proyectos), en 14 de ellos, la Corte de Apelaciones ha decidido acoger el recurso, y en 108 los ha rechazado, esto representa porcentualmente un 10,61% y un 81,82% respectivamente, según una datos de una presentación de José Adolfo Moreno, ex jefe de la división jurídica del SEA.
Ante la pregunta de si es un objetivo del reglamento reducir la judicialización, Irarrázabal dice que «por una parte el nuevo reglamento consolida los cambios introducidos a la Ley de Bases del Medio Ambiente; para lo cual, actualiza el procedimiento de evaluación de acuerdo con los cambios legales y reglamentarios en materia ambiental, verificados en Chile desde el año 2001 a la fecha. Asimismo, regula la Consulta Indígena de los proyectos que ingresan al SEIA, con el estándar del Convenio 169 de la OIT, vigente en Chile desde 2009. Así también, implementa cambios para elevar el estándar de información en la evaluación y su calidad. De esta forma, todas estas transformaciones dan más certeza respecto de la toma de decisión a nivel técnico, dentro del SEIA, disminuyendo la discrecionalidad. Todos los cambios introducidos dan mayores certezas respecto de la evaluación, tanto en el ámbito técnico, jurídico, como de la participación de la comunidad».
diciembre 6, 2013 | Medio Ambiente
(La Tercera) La ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, descartó este viernes que la resolución de la Corte Suprema sobre el proyeccto termoeléctrico Punta Alcalde marque un precedente sobre la competencia del Comité de Ministros.
«Cada fallo es para ese proyecto, no marca un precedente a futuro», dijo la secretaria de Estado, tras ser consultada por la afirmación del director del Servicio de Evaluación Ambiental, Ricardo Irarrázabal, quien estimó que la decisión del máximo tribunal sentar precedente y fijar las compentencias del Comité de Ministros en las definiciones sobre otrs proyectos.
«A lo que él (Irarrázabal) se refería, es que que en el caso de Punta Alcalde, el fallo de la Corte Suprema va a marcar un precedente en el caso de ese fallo en particular», aclaró la ministra.
La Tercera Sala de la Corte Suprema dará a conocer próximamente su definición respecto al futuro del proyecto de Endesa.
Ello luego que la Corte de Apelaciones de Santiago acogiera tres de los cuatro recursos de protección presentados por representantes de la Municipalidad de Huasco y de las comunidades y organizaciones ambientales de la zona, en contra de la decisión del Consejo de Ministros de calificar ambientalmente favorable el proyecto estableciendo medidas extraordinarias de compensación, pese a que Comisión de Evaluación Ambiental de Atacama había rechazado el estudio ambiental.
El Comité estableció como condición para aprobar el proyecto que Endesa invierta en un precipitador electroestático para reducir las emisiones de partículas de una planta de pellets de Cap ubicada a pocos kilómetros de donde se emplazará la central termoeléctrica.
diciembre 2, 2013 | Industria
(La Tercera) “Hay algunos temas que pueden ser mejorados por las propias industrias, entre ellos, la calidad de los estudios de impacto ambiental. Muchos proyectos no están a la altura ni de los requerimientos de un país como Chile, ni de las capacidades de las empresas que los presentan”. Con esas palabras, el Presidente Sebastián Piñera realizó -en el marco de la cena anual del Consejo Minero- un llamado al sector privado para perfeccionar la tramitación ambiental de sus iniciativas.
Ello, en un contexto de creciente judicialización, en que iniciativas como las eléctricas Hidroaysén y Punta Alcalde, y las mineras Pascua Lama y El Morro, han entrado en conflicto con comunidades y grupos ambientalistas, que en algunos casos concluyeron en su paralización tras el dictamen de un tribunal.
De acuerdo a datos entregados por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) a La Tercera, entre 2010 y 2013 se rechazaron 114 iniciativas por deficiencias en su presentación. La mayoría de ellas pertenece a los sectores de minería, energía, saneamiento ambiental, pesca y acuicultura, por un monto de US$ 3.162 millones.
En el mismo período, además, fueron aprobados 3.504 proyectos, cuya inversión asciende a un total de US$ 107.637 millones.
El rechazo de las iniciativas se realiza en línea con la Ley 20.417, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, que incorpora como mecanismo de control de la información la facultad de poner término anticipado a un procedimiento administrativo.
Dicha decisión puede ser tomada de acuerdo a dos causales: la falta de información relevante o esencial (IRE), que puede aplicarse a las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), y a los Estudios de Impacto Ambiental (EIA); o por la necesidad de someter el proyecto a evaluación mediante un EIA, cuando fue presentado como DIA.
Por ejemplo, podría entenderse que falta información relevante si la descripción de una central hidroeléctrica no expresa de manera adecuada cómo será la represa o si una iniciativa minera no detalla la forma de extracción del mineral.
MENOR CONFLICTIVIDAD
El director del SEA, Ricardo Irarrázabal, explica que antes de realizarse el procedimiento de término anticipado, los impactos significativos de los proyectos surgían durante el proceso de evaluación ambiental, lo que remataba en que se judicializaran o aumentara su período de tramitación, ya que los titulares debían realizar numerosas adendas. “Cuando aumenta el plazo de la evaluación ambiental, la conflictividad con la ciudadanía crece. No se genera una relación de confianza”, indica.
“Si no se resolvía eso en etapa temprana, al final era una especie de muerto que se cargaba por toda la evaluación ambiental hasta el final, y se obligaba al aparato del Estado a hacerse cargo con todas las complejidades, porque no se señalaron los impactos significativos al principio”, agrega.
Irarrázabal señala que pese a que predominan los buenos proyectos, se han registrado casos con deficiencias. “Muchas veces, por estrategia, se guardaba información para ir soltándola de a poco durante la evaluación ambiental. No queremos estrategias de ese tipo, queremos que desde el primer día se presenten todos los impactos que puedan ser evaluados correctamente por los servicios con competencia ambiental”, concluye.
