febrero 17, 2014 | Industria
(Pulso) El gobierno ha destacado que entre 2010 y 2014 aprobó ambientalmente más de 17 mil megawatts (MW), que han entrado en operación al sistema eléctrico más de 4.300 MW en nueva capacidad y que actualmente existen en construcción 2.800 MW adicionales.
Sin embargo, la cartera de energía, para los expertos, quedó al debe. Si bien se destacan avances en materia legislativa (como la promulgación de Ley 20/25, que establece que hacia el año 2025 las Energías Renovables No Convencionales (ERNC) representarán el 20% de la matriz eléctrica de Chile), la indefinición del Comité de Ministros sobre HidroAysén, que traspasó la tarea a Bachelet, fue la huella más notoria de esta secretaría de Estado.
A esto se suma la judicialización que han enfrentado una serie de proyectos eléctricos, lo que para muchos se debe a la falta de una política energética clara, pese a que en el gobierno destacan el lanzamiento de la Estrategia Nacional de Energía 2012-2030, realizada en febrero de 2012 por el Presidente Sebastián Piñera.
Otro de los puntos grises de la cartera fue la paralización del proyecto Barrancones. El hecho marcó un punto de inflexión en la cartera de energía.
Más aún la inestabilidad en la jefatura del cargo fue una piedra en el zapato para el mandatario, quien debió nombrar a cinco ministros durante su mandato.
Hubo uno que incluso sólo alcanzó a durar tres días y puso su cargo a disposición del Ejecutivo tras serios conflictos de interés.
En efecto, por la cartera pasaron los nombres de Ricardo Raineri, Laurence Golborne, Fernando Echeverría, Rodrigo Alvarez y Jorge Bunster.
Este último -un ex gerente de Copec que trabajó con la familia Angelini por casi 20 años- pareció entender de mejor forma las tareas del ministerio.
De hecho, en la última cumbre energética en La Moneda el secretario de Estado se mostró orgulloso de los avances bajo su administración.
Bunster logró sacar adelante cuatro leyes que resultan ser el mayor legado del gobierno.
El secretario de Estado destacó el énfasis que el Ministerio realizó para robustecer la red de transmisión. En ese sentido, destacó la aprobación de las Leyes de Concesiones, de Interconexión y el aumento histórico de la inversión en transmisión troncal, por más de US$ 1.100 millones.
enero 30, 2014 | Industria
En el marco de la ceremonia de promulgación de la Ley de Interconexión entre Sistemas Eléctricos, el Presidente Sebastián Piñera destacó que esta normativa legal “apunta a fortalecer la seguridad en el suministro, tanto en el SIC como en el SING, porque la interconexión permite respaldos mutuos, cruzados entre ambos sistemas, aprovechando así las ventajas climáticas, según cómo se estén produciendo de uno u otro sistema, lo que va sin duda a reducir los costos”.
Es así como afirmó que la interconexión “supone una presión a la baja en los costos marginales de energía, especialmente para quienes se encuentran en la parte norte de nuestro Sistema Interconectado Central y, además, aumentará la oferta de generación, puesto que va a facilitar la integración de nuevas plantas de suministro”, agregando que “podría generar un ahorro del orden de los 300 a 600 millones de dólares, que se va incrementando a medida que incorporamos los beneficios sociales o indirectos de la interconexión”.
El jefe de Estado manifestó que con esta ley “esperamos que ojalá la interconexión se pueda hacer realidad antes de 2018”.
Fundamentos técnicos
El ministro de Energía Jorge Bunster detalló que “cuando se promulgó las Ley General de Servicios Eléctricos en 1982 se podía entender que los dos sistemas eléctricos de nuestro país, el SIC y el SING, funcionaran por separado. Actualmente la realidad de nuestro país es otra, muy distinta, hoy en el siglo XXI necesitamos que la transmisión eléctrica permita aprovechar a plenitud las capacidades de generación existentes en ambos sistemas, de una manera complementaria”.
Bunster explicó que la nueva normativa permitirá “contar un sistema de respaldo cruzado, lo que aumentará la seguridad del sector, disminuirá los costos de la energía y optimizará el despacho de las centrales. Así, en periodos húmedos, la interconexión permitirá que una mayor producción hidroeléctrica aporte en generación más económica a aquel sistema con mayor producción termoeléctrica. Por contrario, en periodos de sequía la unión de los sistemas posibilitará que una mayor producción termoeléctrica, más eficiente, desplace la generación con diésel y contribuya a tener costos de energía más bajos.
Consultado por la forma en que los planes del Gobierno pudieran verse afectados por el anuncio de GDF Suez de desarrollar su proyecto de interconexión, el ministro de Energía manifestó que “pensamos que la ley que acabamos de promulgar de alguna manera viabiliza esa iniciativa, lo hace aún más factible, y por lo tanto es una señal que vamos a tener en Chile más temprano que tarde una interconexión eléctrica”.
Además, aclaró que “ellos están haciendo un proyecto independiente y la licitación que pudiera el día de mañana llamar el Estado, si considera necesario hacer una línea distinta de la que está proyectando GDF Suez, esa obra privada podría coexistir con una que pudiera hacer el Estado, de alguna manera se complementan”.
enero 30, 2014 | Industria, Medio Ambiente
(Diario Financiero) Uno de los puntos fijados en la tabla de la más reciente reunión del directorio de HidroAysén fue discutir las distintas medidas que los socios del proyecto hidroeléctrico -Endesa Chile y Colbún- estaban evaluando para conseguir que, tras más de dos años y medio de espera, el Comité de Ministros finalmente se pronuncie respecto de las reclamaciones surgidas a raíz de la aprobación ambiental de esta iniciativa.
El resultado de la deliberación fue autorizar a la administración, encabezada por el presidente ejecutivo, Daniel Fernández, para interponer un pool de acciones legales y administrativas que persiguen no sólo obtener un pronunciamiento de la instancia ministerial a las reclamaciones que la empresa y los grupos detractores del proyecto presentaron en junio 2011.
El objetivo de los socios de este polémico proyecto no sólo sería conocer el parecer del Comité de Ministros sino que también destrabar otros permisos asociados a esta inversión que también están pendientes. Ese sería el caso de los derechos de agua adicionales que requieren para lograr una operación más eficiente del complejo, que considera la instalación de cinco centrales de distintos tamaños, que en conjunto aportarían una capacidad de 2.750 MW.
Conocedores del tema explicaron que hace más de un año la Dirección General de Aguas (DGA) podría haber concedido estas licencias y ello no ha sucedido.
La Moneda “cede”
Trascendió que la decisión de la mesa de HidroAysén no habría caído muy bien en La Moneda, que fijó para hoy mismo el encuentro del Comité de Ministros. Lo mismo habría sucedido a principios de esta semana, cuando el contralor general de la República, Ramiro Mendoza, en forma privada primero y pública después, comunicó que estaría a punto a pronunciarse sobre el desempeño del Comité de Ministros, en respuesta a una solicitud efectuada por un diputado hace casi un año.
A raíz de lo anterior y buscando evitar las acciones de la empresa y también la reprobación de la Contraloría, un temor que desde hace un tiempo los propios ministros habían manifestado, el gobierno habría decidido convocar al Comité de Ministros hoy.
Trascendidos apuntan a que la intención del Ejecutivo habría sido convocar al comité con carácter de urgente, porque aunque el artículo 6 del reglamento de esta instancia establece que las sesiones deben fijarse con al menos diez días de anticipación, esa misma normativa contempla una excepción a dicho plazo “en situaciones de emergencia calificadas por el presidente” de la instancia, atribución que recae en la titular de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez.
Quienes conocen de estas decisiones, que habrían sido analizadas y adoptadas con extrema reserva, comentaron que la opción fue citar hoy al comité para cumplir con el trámite, pero que éste no resuelva respecto de las más de 30 reclamaciones presentadas, sino que podría solicitar nuevos estudios o mediciones sobre ítemes puntuales del proyecto.
El gobierno habría optado por esta alternativa amparado por el reciente fallo de la Corte Suprema, que validó el rol del Comité al aprobar y fijar nuevas condiciones al proyecto Punta Alcalde – también de Endesa Chile-, el que inicialmente fue rechazado por la Comisión Evaluadora Ambiental (CEA) de Atacama.
Los movimientos de los ministros
En las últimas semanas quedó en evidencia que en el gobierno no hay una visión común respecto de por qué se produjo la demora en el pronunciamiento del Comité de Ministros.
Mientras que los secretarios de Estado eran partidarios de concretar esta instancia, porque sería insostenible seguir planteando el argumento de que el Servicio de Evaluación Ambiental aún no concreta la sistematización de las reclamaciones, al final del día habrían primado las razones políticas. Esto porque el presidente Sebastián Piñera habría mantenido su molestia por la decisión de Colbún, controlada por el grupo Matte, de suspender en mayo de 2012 los estudios de la línea de transmisión del proyecto, a la espera de un consenso en torno a la política energética y el desarrollo de la matriz. De hecho, a mediados de diciembre, el ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet habría realizado gestiones para destrabar la postergada reunión.
La operativa del comité
La resolución exenta 446 del Servicio de Evaluación Ambiental establece el reglamento del Comité de Minsitros, instancia que está integrada por los titulares de Medio Ambiente -que lo preside-, Energía, Minería, Agricultura, Economía y Salud.
En este documento se establece que la misión de esta instancia es resolver los recursos de reclamación referidos a diversas acciones relativas a la aprobación o revisión de Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental, todas contenidas en la Ley 19.300 de Bases del Medio Ambiente.
El quórum mínimo para cada sesión es de cuatro integrantes y las sesiones incluso pueden realizarse vía videoconferencia. Añade que cuando lo estime necesario la instancia podrá solicitar a terceros calificados informes independientes para ilustrar adecuadamente sus decisiones e incluso su presidente podrá invitar a sus autores a exponer en la sesión.
Permiso ambiental cuenta sólo con 2,4 años de vigencia
Uno de los puntos que preocuparía a los socios de HidroAysén, las eléctricas Endesa Chile y Colbún, es la caducidad de las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA), lo que sucede transcurrido un plazo de cinco años desde que son otorgadas.
Si se considera que este proyecto recibió su permiso ambiental en mayo de 2011, es posible establecer que en este momento sólo le restarían 2,4 años de vigencia.
Sin embargo, en esta materia hay distintas interpretaciones pues la ley establece que «la resolución que califique favorablemente un proyecto o actividad caducará cuando hubieren transcurrido más de cinco años sin que se haya iniciado la ejecución del proyecto o actividad autorizada, contado desde su notificación (…) El Reglamento deberá precisar las gestiones, actos o faenas mínimas que, según el tipo de proyecto o actividad, permitirán constatar el inicio de la ejecución del mismo».
Conocedores del tema indicaron que el reglamento establece que cada titular de proyecto debe informar a la autoridad cuál es el hito que considera como el inicio de la ejecución, aunque otras fuentes estiman que esta definición sería ambigua.
Mientras los plazos corren, la empresa debe cumplir los compromisos que adoptó para evitar, por ejemplo, una eventual sanción de la SMA.
enero 23, 2014 | Medio Ambiente
La fuerte arremetida de las Energías Renovables No Convencionales (ERNC) y la convicción de que se está reforzando correctamente uno de los pilares de la Estrategia Nacional de Energía son las principales conclusiones a las que se llegó tras la cuenta pública realizada esta mañana por el Centro de Energías Renovables (CER), organismo dependiente de Corfo y que tiene como principal misión el fomento de este tipo de fuentes en el país.
El ministro de Energía Jorge Bunster asistió al encuentro, y junto con valorar los logros del CER durante el periodo, hizo ver los avances que durante el gobierno del Presidente Sebastián Piñera se han realizado en materia de fomento de las energías renovables no convencionales. Mencionó el importante volumen de recursos destinados a la inversión de proyectos, esto a través de Corfo y del CER; la adjudicación de importantes concursos públicos, entre los que cuentan los procesos que desembocaron en la consecución para Chile de un instituto solar a cargo del Fraunhofer de Alemania, y de uno de excelencia para la energía marina; los esfuerzo por sacar adelante legislación en torno a la transmisión eléctrica, hoy una de las principales trabas para las ERNC, y donde Bunster mencionó el proyecto de licitación para adjudicar el Estudio de Transmisión Troncal (ETT), la ley de concesión y servidumbre, el proyecto de ley para la interconexión entre sistemas eléctricos independientes, y la carretera eléctrica pública, «normativa que tiene como fin reforzar la transmisión de energía eléctrica hacia los centros de consumo».
Las cifras de las ERNC en el país son auspiciosas. La directora ejecutiva del CER, María Paz de la Cruz, informó que en el periodo comprendido entre 2010 y 2013, este tipo de fuentes, entre las que se cuentan la eólica, la solar, la bioenergía, la mini hidro y la geotermia, pasaron de los 591 MW instalados a 1.117 MW, manteniendo a la fecha 680 MW en construcción.
En cuanto a los proyectos aprobados medioambientalmente hablando, De la Cruz explicó que si en 2010 se alcanzó la cifra de 2.000 MW, en 2013 esta se elevó sobre los 10.200 MW. Sobre los proyectos en calificación, en 2010 había 366 MW, mientras que a diciembre de 2013 hubo un incremento hasta los 6.843 MW.
Importante para el CER fue informar que a enero de este año, son 2.117 MW los que están hoy en operación a base de energía renovable no convencional.
Sobre los desafíos elevados en los inicios de la gestión y las respuestas presentadas por el CER a esas interrogantes, el organismo enumeró algunos de los trabajos realizados, como por ejemplo la Ley 20/25 como marco para sobrellevar las dificultades para conseguir PPAs para proyectos ERNC; la importante cantidad de estudios de pre-inversión, por un total de US$1.117 millones para 70 proyectos, y la línea de financiamiento blando por 65 millones de euros a cargo del KfW alemán, esto como respuesta a la complicación en torno al proceso de poject finance para ese tipo de iniciativas; la gran cantidad de talleres y guías de proyectos, material para fortalecer el capital humano; un velado trabajo en torno a la reducción de los costos y de la demora en los procedimientos de servicios públicos; avance en torno al incentivo en transferencia tecnológica, para lo que el CER creó estrategias lideradas por el Ministerio de Energía con foco en CSP, y en los centros solar y energía marina; una mejor evaluación de los recursos, para lo cual el CER puso a disposición de la opinión pública exploradores para la hidro, energía marina, solar, eólica y bioenergía, además de la calculadora de consumo ERNC en la Web del servicio; entre otras.
En cuanto a los desafíos 2014, en materia de fomento y financiamiento, María Paz de la Cruz informó, primero que todo, sobre el exitoso levantamiento de recursos propios, esto es fuera del presupuesto del Gobierno, por US$24 millones, los que serán utilizados íntegramente en el fomento y desarrollo de proyectos ERNC. En ese contexto, la ejecutiva anunció que 2014 concita dos tipos de procesos: el primero de ellos enfocado al desarrollo de la generación conectada a la red. Y en esa materia, el CER trabaja en la 3a convocatoria para estudios de pre-inversión, que se llevará a cabo a partir de marzo próximo, por un total de $1.100 millones; el programa de modelamiento de costos, por $330 millones, financiado por el KfW y la CAF; el proceso de búsqueda de financiamiento para proyectos de <=50 MW; ERNC en las redes ( almacenamiento y gestión de demanda); apoyo para las ERNC en los procesos de licitación de suministro eléctrico por parte de la distribuidoras; lanzamiento del consorcio undimotriz, y el impulso a la geotermia, a través de un plan estratégico y asistencia técnica.
El segundo proceso apunta al autoconsumo. Así, CER identifica los siguientes focos de trabajo: concurso proyectos de autoconsumo para el sector industrial, por un monto cercano a los $2.380 millones, el que parte en marzo próximo; fomento a las MIPYMES con ERNC en Biobío, pensado para el segundo semestre de este año, con una inversión de $590 millones.
Para finales de 2014 y principios de 2015, el CER espera poder implementar la adjudicación del NAMA para autoabastecimiento comercial / industrial, por US$20 millones, además del concurso para proyectos de biogás, por $900 millones en subsidios, garantías y créditos.
enero 10, 2014 | Industria
(Pulso) Hacia fines de 2017 estimó el ministro de Energía, Jorge Bunster, podría estar operativa la línea de transmisión que conectará los dos sistemas eléctricos mayores que abastecen al país: el SING y el SIC.
Según Bunster, la licitación para concretar este proyecto podría ejecutarse hacia finales de 2014, lo que daría pie para que la línea esté operativa en un plazo cercano a los cuatro años desde su adjudicación.
La autoridad recalcó que la nueva ley entrega facultades a la Comisión Nacional de Energía (CNE) para que en el marco del estudio de transmisión troncal (ETT) incorpore este proyecto, lo que dará pie para licitarlo a privados.
La CNE intentó hacerlo en 2012, pero se encontró con el rechazo del Panel de Expertos que le dieron la razón a empresas privadas -entre ellas, Colbún- que se opusieron al plan del gobierno.
«Ese estudio de transmisión troncal se va a hacer durante 2014, por lo tanto, debiera aparecer en ese estudio esa posibilidad de hacer una línea de interconexión hacia finales de este año (…) Uno podría pensar que una línea de interconexión podría estar ya operativa hacia el año 2017 y 2018», dijo ayer el ministro.
El ministro también defendió lo obrado por la CNE en 2012, cuando perdió frente a los privados en el Panel de Expertos. «La interpretación del Panel era que el Estado no tenía la facultad de impulsar la interconexión, pero la CNE pensaba que sí la tenía. Eso se definió a favor de las empresas que reclamaron contra la interpretación de la CNE. Eso dio pie al proyecto de ley», agregó.
