Por Hugh Rudnick profesor titular, Pontificia Universidad Católica de Chile.


Chile es un país rico en recursos naturales y su notable crecimiento económico de las últimas décadas está basado en la utilización e industrialización de dichos recursos, particularmente en la minería, sector donde el país se ha posicionado como un líder a nivel regional y mundial. Sin embargo, hay consenso que el crecimiento de la minería se ve amenazado por dificultades de acceso a tres insumos fundamentales, y que se están haciendo escasos en el país. La falta de recursos humano especializados, de suficiente agua y de abundante energía se constituyen en trabas directas para lograrlo.

Las necesidades de energía de los proyectos mineros, y de energía eléctrica en particular, son enormes. Sólo en el norte grande, el crecimiento minero a 2020 implicará requerimientos adicionales de potencia eléctrica del orden de los 1.800 MW, en un sistema que hoy tiene una demanda de 2.000 MW. Estas exigencias no sólo responden a los requerimientos de explotación minera propiamente tal, que aumentan con nuevos yacimientos o por reducción de las leyes de los existentes, sino que también a los crecientes requerimientos de desalinización de agua y de transporte de ella a grandes distancias.

Sin embargo, lograr ese crecimiento de la oferta eléctrica no es evidente, y hechos recientes demuestran que el problema podría agravarse. La reciente paralización, por acciones judiciales, de la construcción de la central termoeléctrica Castilla en el norte chico, que se esperaba aportara 2.100 MW y energía base para importantes desarrollos mineros de la zona, con una inversión privada sobre los US$5.000 millones, demuestra la fragilidad de nuestra institucionalidad de aprobación de proyectos industriales. Estas dificultades para disponer de suficiente energía, segura y económica, se están constituyendo en una amenaza directa al crecimiento minero, y por ende al desarrollo económico del país.

Frente a esta dificultad para desarrollar energía eléctrica de base, preocupa que el poder político no este consciente de esas amenazas. Mientras el Parlamento aprueba con facilidad un mandato de un mayor aporte de las energías renovables (esto resulta políticamente atractivo, aunque ello implique una mayor carga económica para la ciudadanía), tiene paralizado un proyecto de ley que busca facilitar el desarrollo de la infraestructura de transmisión, que permita transportar la energía que la población y la industria requieren.

El gobierno, en cambio, identifica patentemente los problemas de desarrollo eléctrico que enfrentamos, claramente formulados en 2011 por la Comisión Asesora de Desarrollo Eléctrico (CADE), y enunciados en la recientemente publicada Estrategia Nacional de Energía 2012–2030. Sin embargo, preocupa la falta de precisiones de dicha estrategia, que se limita a una enunciación muy general, no dando luces de cómo se pretende en la práctica enfrentar los problemas. Uno hubiera deseado que esa estrategia hubiera formulado planes de acción específicos para abordar y resolver las dificultades. Una clara enunciación de futuros cambios legales y reglamentarios, un calendario de acciones para afinar la estrategia, la indicación de metodologías para abordar los temas ambientales, de cambio climático y de participación ciudadana, están ausentes de la estrategia. Es muy valioso que, por ejemplo, se definan metas concretas de eficiencia energética y se reafirme la necesidad de fortalecer la contribución hidroeléctrica y de energías renovables no convencionales en la matriz eléctrica, todas propuestas de la CADE, pero se esperaba mucho más.

Enfrentamos desafíos importantes y el Estado y el Gobierno tienen hoy, más que nunca, un rol fundamental y creciente para no sólo estimular nuestro desarrollo económico y social, sino que apoyar el suministro de la energía suficiente para lograrlo. Una inacción en la materia implica postergar la solución a nuestros problemas de abastecimiento eléctrico y hacer permanente la crisis que vivimos desde que se iniciaran los cortes de gas natural desde Argentina, arrastrando en ese proceso a la minería y la industria en general, contribuyentes fundamentales para mejorar el nivel de vida de los chilenos.