octubre 12, 2016 | Industria
(T13) Las aguas están revueltas en la relación del principal transmisor eléctrico del país y las autoridades regulatorias. El 20 de septiembre pasado, Transelec interpuso ante la Corte de Apelaciones de Santiago un recurso de protección en contra del Ministerio de Energía y el Centro de Despacho Económico de Carga del Sistema Interconectado Central (CDEC-SIC), buscando revertir la decisión de esta última de aplicar una multa de US$ 1,8 millones por el atraso que tuvo la entrada en operación de la línea Nogales-Polpaico, que ya cumple cinco años de funcionamiento.
El abogado Arturo Le Blanc, vicepresidente de asuntos jurídicos y fiscal de Transelec —firma controlada por la canadiense Brookfield Asset Management— cuenta en el escrito que la multa cursada el pasado 14 de septiembre es improcedente, primero porque el CDEC-SIC no cuenta con atribuciones legales para imponer castigos de esta naturaleza, pero sobre todo, porque la compañía envió entre agosto de 2009 y noviembre de 2011 una serie de cartas al ministerio de Economía (que en ese entonces dirigía estas materias) y luego al Ministerio de Energía, explicando las razones del por qué era necesaria una extensión de los plazos.
Lo primero que advierte en estas comunicaciones es que parte de los cuatro hitos incluidos en el proceso de licitación —órdenes de compra de suministros, aprobación ambiental, construcción del 50% y entrada en operación— no serían posibles de cumplir por una serie de razones, entre ellas, que la adjudicación que debía haber sido cursada el 22 de marzo de 2008, finalmente fue publicada en el Diario Oficial el 16 de junio de ese año, tres meses después.
En otras de las cartas sostiene que debió proceder a realizar cambios en los trazados que había establecido la licitación original para no afectar a comunidades y que además, se enfrentaron dificultades con el terremoto de 2010, que sorprendió a la firma y sus contratistas en plena obra.
“Mi representada nunca recibió respuesta alguna que se pronunciara en forma medianamente sustantiva frente a tales solicitudes, a pesar de la reiteración de las mismas en diversas ocasiones, situación que simplemente se mantiene hasta la fecha”, dice el relato del recurso, definiendo el actuar de la autoridad como de “inacción total”.
De hecho, la compañía plantea que el único atisbo de respuesta lo recibió el 29 de diciembre de 2011 de parte del Ministerio de Energía, en la que simplemente indicó que dicha secretaría de Estado “se encuentra analizando las referidas solicitudes, atendidos los fundamentos de hecho y de Derecho contemplados en dichas comunicaciones”. Nada más.
Transelec relata que la licitación original fijaba el plazo de entrada en operación en abril de 2010, pero por todos los inconvenientes la nueva línea comenzó a operar finalmente en noviembre de 2011.
El cobro de la garantía
Así, tras casi cinco años de operación en el que no se conoció de ninguna investigación, la firma relata que se enteró informalmente que en mayo pasado el Ministerio de Energía solicitó información al CDEC-SIC respecto a si se habían incumplido plazos en la construcción y entrada en operación de la línea.
“Habiendo sido informada de lo anterior, mi representada responsablemente volvió a enviar una carta al Ministerio de Energía, con fecha 10 de junio de 2016, indicándole que sobre la materia existían presentaciones fundadas de la empresa pendientes de respuesta… El ministerio tampoco se pronunció”, relata Le Blanc en el escrito. Y alega que acto seguido, la autoridad dio curso al cobro de las boletas de garantía que aseguraban el cumplimiento de los últimos dos hitos y que sumaban US$ 3 millones.
La Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago acogió el recurso y decretó una orden de no innovar, lo que implica que el CDEC-SIC no puede avanzar en el cobro de la multa fijada hasta que el caso se resuelva. Junto a lo anterior, el tribunal pidió informes a las autoridades que dirigen hoy el Ministerio de Energía (Máximo Pacheco), la jefa de servicio de dicha cartera (Jimena Jara) y el director del CDEC-SIC (Sergi Jordana de Buen).
Este martes, tanto el ministerio como el CDEC-SIC entregaron respuestas al tribunal. El escrito de 17 páginas firmado por el ministro Máximo Pacheco, sostiene que el recurso fue presentado fuera del plazo establecido y pide al tribunal que se le rechace por extemporáneo.
El ministerio reconoce la serie de consultas planteadas por Transelec entre 2009 y 2011, no obstante, sostiene que “las autoridades de esta secretaría de Estado determinaron que las presentaciones de la empresa no tenían el mérito suficiente para justificar la modificación de los plazos establecidos (en la adjudicación), por lo que aquellas presentaciones fueron desestimadas”. La autoridad dice que el cobro de las boletas de garantía en junio, deja en evidencia que la compañía conocía desde hace tres meses que se aplicarían las multas por incumplimiento “por lo que el presente recurso resulta absolutamente extemporáneo”.
[Transelec anuncia inversiones por US$500 millones y concreta arribo a Perú]
abril 8, 2014 | Industria
(Pulso) BERNARDO LARRAÍN, PRESIDENTE DE COLBÚN
“Debemos partir con un proceso de diálogo público privado, con la participación del Estado, de la sociedad civil y del sector privado, no para afinar los diagnósticos o postergar decisiones, sino que por el contrario, para tomarlas”. Categórico es Bernardo Larraín Matte, presidente de Colbún, en su carta a los accionistas expuesta en la Memoria 2013 de la firma eléctrica.
Matte dice que los principales desafíos son: desequilibro entre una demanda creciente y una oferta competitiva; largas e inciertas tramitaciones ambientales seguidas de procesos de judicialización de las mismas características que dificultan las decisiones de inversión; clientes industriales y mineros con problemas para conseguir un suministro competitivo de largo plazo para abastecer sus planes de crecimiento; costos de generación que se han mantenido altos y volátiles; comunidades vecinas y la sociedad en general que demandan legítimamente más participación y protagonismo y mejores estándares medio ambientales en todas las actividades. “Sobre estas materias hay bastante consenso entre los diversos actores, lo que corresponde ahora es actuar”, insiste. Afirma que se requiere impulsar “un plan ambicioso” de nueva capacidad de generación competitiva, sustentable y segura, en un momento -dice- en que Chile quiere dar un salto hacia el desarrollo. “El desarrollo económico y social de un país va acompañado de mayor uso de energía”, destaca.
Frente a esto, afirma que Colbún tiene una cartera de proyectos para ser un actor relevante en el desafío de agregar nueva capacidad de generación. “No basta, sin embargo, con tener una cartera de proyectos y las capacidades internas para emprenderlos. Es fundamental, más allá de los permisos, la participación del Estado, la sociedad civil y las empresas para que dentro de la institucionalidad ambiental, se generen las condiciones de viabilidad que permitan su desarrollo”, dice. Y remata: “Logremos un gran acuerdo nacional para salir de este problema energético”.
JORGE ROSENBLUT, PRESIDENTE DE ENDESA CHILE
Jorge Rosenblut, presidente de Endesa Chile, afirma que el país está iniciando un nuevo ciclo político que estará marcado durante los próximos cuatros años “por importantes retos” en materia educacional, tributaria y constitucional. Ellos serán el centro de atención de las nuevas autoridades de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, dice en la carta a los accionistas de la empresa.
“Quizás uno de los más urgentes de la agenda sea, sin embargo, el de lograr una verdadera reactivación del sector eléctrico, una que aborde con decisión la necesidad de desatar los nudos que hoy impiden que Chile cuente con la energía indispensable para seguir impulsando su desarrollo. Y sobre todas las cosas, debemos garantizar que el país avance en el camino de asegurar un mayor autoabastecimiento energético, cosa en la que otros países de la región, con los cuales somos socios comerciales y competidores al mismo tiempo, han avanzado con decisión”, afirma.
Rosenblut dice que una parte de la explicación de por qué no se desarrollan los proyectos de energía convencionales tiene que ver con los largos procesos de aprobación administrativos que suelen enfrentar, motivados en parte por las mayores exigencias ambientales. A ello se suman las demandas y expectativas de una ciudadanía cada vez más empoderada, lo que ha provocado que no pocas veces los proyectos terminen judicializándose, afirma el directivo, y agrega: “Además, hemos visto intervenciones discrecionales de la autoridad, como ocurrió con el caso de Barrancones”.
Frente a esto, afirma que el mercado ya ha reaccionado para hacer frente a estos desafíos, con la incorporación, en los últimos años, de nuevos operadores. “Y ciertamente el Estado también tiene un papel como facilitador para el logro de esta tarea y el reto país es asegurar que los proyectos efectivamente se materialicen y que no nos quedemos atrás respecto de otros países de la región en la senda del autoabastecimiento”, señala.
JORGE MARÍN, PRESIDENTE DEL GRUPO CGE
El presidente de CGE, Jorge Marín, remarca la necesidad de nuevas normativas para el sector, haciendo hincapié en el futuro que pueden tener las licitaciones de suministro eléctrico para clientes regulados.
El directivo dice en la carta a los accionistas de la compañía que al igual que en los últimos años, la actividad regulatoria ha sido significativa, tanto por la aprobación de leyes sectoriales como la de Concesiones y Servidumbres Eléctricas, la de Ampliación de la Matriz Energética mediante Fuentes Renovables no Convencionales y la de Interconexión de Sistemas Eléctricos Independientes, como por la entrada en vigencia de decretos tarifarios de relevancia para nuestro sector como el que fija el Valor Agregado de Distribución para el período comprendido entre noviembre de 2012 y noviembre de 2016.
“Si bien los avances legislativos son importantes para la industria, aún persiste la necesidad de trabajar en ajustes normativos que apoyen el desempeño del sector eléctrico en su conjunto, en especial respecto del desarrollo de proyectos de generación y transmisión de electricidad, de forma que el país pueda contar con la energía necesaria, a precios competitivos y en armonía con el medio ambiente”, sostiene en la Memoria 2013 de CGE.
Y añade: “Esto se vuelve de especial necesidad a la hora de observar lo sucedido con las licitaciones de suministro eléctrico para clientes regulados. Si bien en 2013 se consiguió licitar -en conjunto con otras empresas distribuidoras- el 78% de un importante bloque de energía para el periodo 2013-2024, se mantiene la incertidumbre en torno a los futuros procesos”.
El directivo destaca que la compañía ha continuado el trabajo en torno a la optimización de procesos, destinados a la generación de sinergias y estructuras organizacionales que faciliten el trabajo centrado en sus clientes finales, con cambios organizacionales en sus filiales Emel Norte, Conafe y Emelat.
ROBERTO ANGELINI, PRESIDENTE DE EMPRESAS COPEC
“Siempre hemos sido claros al señalar que sin las energías más tradicionales, no es posible satisfacer la demanda energética en forma eficiente, para así contribuir a la gran tarea del desarrollo y superar la pobreza”.
Roberto Angelini, presidente de Empresas Copec, es claro en la mirada que tiene la compañía sobre el sector energético nacional.
A su juicio, el costo y la disponibilidad de la energía es hoy el principal cuello de botella de la competitividad y productividad del país.
En carta a los accionistas de la compañía, destaca que “Chile no puede darse el lujo de escoger qué energía usar, ni perder el tiempo debatiéndolo. Debe sumarlas todas, tradicionales y nuevas, para seguir creciendo”.
En ese sentido, destaca que la coligada Guacolda continuó durante el año la construcción de su quinta unidad de generación, que sumará otros 152 MW al Norte Chico de nuestro país, y dio inicio a los trabajos necesarios para instalar el equipamiento que le permitirá cumplir con las nuevas regulaciones de emisiones.
“Esta inversión, por más de US$200 millones, demuestra que es posible contar en Chile un parque térmico amistoso con el medioambiente, haciendo injusta la fuerte oposición que se expresa por una parte de la ciudadanía”, afirma Angelini.
Sobre estas instalaciones, resalta que, por primera vez, parte del carbón que utilizó Guacolda en 2013 provino de la coligada Mina Invierno: se embarcaron más de dos millones de toneladas de carbón nacional desde el terminal marítimo ubicado en el Seno de Otway, en Magallanes. Casi la mitad de esta producción fue destinada al parque térmico nacional, para lo que la empresa constituyó la Naviera Los Inmigrantes, que cuenta ya con dos naves de tipo Panamax.
RICHARD LEGAULT, PRESIDENTE DE TRANSELEC
El presidente de Transelec, Richard Legault, destaca el rol que tiene el sistema de transmisión en el sector eléctrico nacional, además de señalar que la industria eléctrica es clave para el desarrollo del país.
“Mirando hacia el futuro, considero que el sector de energía sigue siendo una prioridad clave para el país como resultado de la creciente demanda eléctrica y su correspondiente necesidad de infraestructura. En este sentido, consideramos primordial cuidar al sector transmisión como un segmento clave para desarrollar correctamente la generación y la posterior distribución de la energía, teniendo un impacto directo en la calidad de vida de las personas”, dice el directivo en la carta a los accionistas de la compañía contenida en la Memoria 2013.
Añade: “Consideramos que Transelec, como uno de los más relevantes actores de la industria, ha desempeñado un rol clave al participar en importantes foros promoviendo cambios que conducirán a nuevos e innovadores proyectos, para atender las crecientes necesidades de energía del país y mejorar la calidad de servicio para todos sus clientes”.
La compañía destaca en su Memoria 2013 que, en cuanto a los robos de conductor que afectaban gravemente a líneas de transmisión con conductor de cobre de Transelec, durante el año pasado en relación al año anterior fue particularmente importante porque después de 5 años consecutivos de robo de cable en líneas de alta tensión, se logró reducir la cantidad de cobre sustraído de 5,3 toneladas anuales a cero toneladas en 2013, contribuyendo además de la reducción las pérdidas, a mejorar la disponibilidad de las líneas y entregar un mejor servicio al país y a la comunidad en general, destaca la empresa.
marzo 25, 2014 | Industria
(La Tercera) A fines de esta semana se elegirá el primer directorio independiente del Cdec-SIC, organismo que coordina la operación de las eléctricas que participan del sistema.
El proceso comenzó en noviembre de 2013, luego que el Ministerio de Energía, a través del Decreto Supremo 115, determinara la necesidad de contar con un directorio 100% “independiente” de las empresas integrantes del organismo. Esto se enmarca en una dinámica de modernización de la entidad privada, donde tienen representación los principales actores de los segmentos de generación, transmisión y clientes libres (grandes empresas que compran energía).
La búsqueda de candidatos para el directorio fue adjudicado a la consultora Seminarium, la que seleccionó 15 nombres, tres por cada segmento. De éstos se eligirán cinco directores titulares y sus suplentes. El proceso estuvo a cargo del presidente de la consultora, Rafael Rodríguez, y en él también participó como asesor Jaime Tohá.
Fuentes del sector eléctrico señalan que el directorio que resulte electo se constituirá el 8 de abril y ahí se designará al nuevo titular.
Ejecutivos del sector dicen que en el caso de los clientes libres el cargo en el directorio sería ocupado por Juan Cembrano, ejecutivo de larga experiencia, y quien hoy es presidente.
En representación de los generadores con menos de 200 MW instalados, sería electa la ex ministra Vivianne Blanlot; las grandes empresas apoyarían al académico y consultor Juan Carlos Olmedo; mientras que las empresas de transmisión troncal otorgarían sus votos a Claudio Iglesis, ex ejecutivo de Endesa.
El Cdec-SIC se divide en cinco segmentos: empresas propietarias de centrales eléctricas con menos de 200 MW de capacidad instalada; de más de 200 MW, entre las que están Endesa, Colbún y Gener; sistema de transmisión troncal, la principal es Transelec; de transmisión subtroncal; y clientes libres.
febrero 27, 2014 | Industria
(La Tercera) Al Panel de Expertos, entidad que dirime las diferencias en el sector eléctrico, recurrieron tres de las principales eléctricas que operan en el país, para objetar el plan de expansión del sistema de transmisión troncal presentado por la Comisión Nacional de Energía (CNE).
A fines de enero, la CNE dio a conocer el plan de expansión del sistema de transmisión para el lapso 2013-2014, que contempla obras por US$ 800 millones en los dos sistemas. La principal de estas obras, una línea de transmisión que unirá Puerto Montt con la subestación Charrúa (unos 550 kilómetros), es cuestionada por Colbún, que dijo en una presentación a la entidad que el proyecto, que implica una inversión de US$ 580 millones, no cumpliría con los criterios técnicos y legales para ser ejecutado.
Tal como lo definió la CNE en su estudio, la idea de contar con esta línea es preparar al sistema para la entrada de las centrales hidroeléctricas que se construirán en el sur, principalmente, los proyectos Cuervo y Blanco, ambos de Energía Austral.
“Este proyecto es considerablemente más grande -y consecuencialmente más oneroso- que el proyecto recomendado por el CDEC-SIC, proyecto que ni siquiera fue analizado por la CNE”, advirtió Colbún. A juicio de la eléctrica, no existe seguridad de que los proyectos que justificarían la construcción de la línea de una sola vez estén en los plazos previstos, por lo que el sistema podría quedar con una holgura de hasta 60% en algunos tramos. “Dado que la demanda crece gradualmente, las exigencias sobre el sistema de transmisión también crecen en forma gradual y, por lo tanto, hace sentido recomendar que los proyectos de transmisión se ejecuten en forma escalonada, en lugar de en forma inmediata y simultánea, como lo ha hecho la CNE”, indicó.
Transelec cuestionó las obras recomendadas por la CNE para la ampliación de capacidad en la línea de transmisión que va desde Maitencillo hasta Cardones (cerca de Copiapó), donde estima que la propuesta de la autoridad la obligaría a incurrir en mayores costos y plazos de construcción que los previstos.
El consorcio Eletrans (Saesa y Chilquinta) solicitó cambiar los plazos de construcción en los proyectos “Tendido segundo circuito línea 2×220 kV Cardones-Diego de Almagro, con seccionamiento en subestación Carrera Pinto” y “Tendido segundo circuito línea 2×220 kV Ciruelos-Pichirropulli”.
febrero 18, 2014 | Industria
(Transelec) Enfrentando condiciones climáticas adversas y dificultades por la altura de los trabajos, el pasado fin de semana y después de 20 años de uso, Transelec concluyó el reemplazo de las balizas de señalización aérea (esferas) que están ubicadas en la línea de transmisión eléctrica que cruza el Canal de Chacao, y que permite llevar energía a la isla de Chiloé.
Este procedimiento responde a que se modificó el voltaje de la línea, pasando de los 66 kV como operó en un comienzo (1993) a los 220 kV de la actualidad. Este cambio obligó a reemplazar el total de las 58 balizas que contiene el cruce aéreo, además de los respectivos amortiguadores y apoyo de las estructuras.
Los trabajos eran de difícil desarrollo por las condiciones climáticas de la zona y la altura en que debían realizarse, en algunos casos más de 180 metros de elevación. Además, las labores se realizaron sin cortes de energía, por lo que se tuvo maximizar la seguridad para trabajar con la línea energizada.
Luis Pérez, gerente de la Zona Sur de Transelec, resaltó el trabajo realizado por el personal propio y contratista, señalando que “era una labor única, muy singular y de alto riesgo por el clima y la altura. Pero gracias al profesionalismo y calidad de nuestros trabajadores y empresas contratistas, logramos sacar adelante esta tarea sin afectar el consumo eléctrico de los hogares de la Isla de Chiloé”.
Los trabajos demoraron un mes en realizarse, con las debidas aprobaciones por parte de autoridades y organismos competentes de la región.
