Reforma al Código de Aguas: Críticas y propuestas

Hay unanimidad entre los especialistas consultados sobre la urgencia de perfeccionar el sistema vigente, sin embargo, se enfatiza la necesidad de tener en cuenta el fomento de la inversión y el fortalecimiento de las instituciones relacionadas.

La reforma al Código de Aguas es una materia de recurrente discusión prácticamente desde su vigencia en 1981. El debate tomó mayor fuerza cuando la Presidenta Michelle Bachelet propuso al país una nueva política en relación a los recursos hídricos (pág. 73 del programa) lo que se tradujo en el proyecto de ley que reforma el Código de Aguas.

Entre los cambios que propone el Poder Ejecutivo se menciona que el aprovechamiento de aguas es esencialmente temporal. Actualmente es de carácter perpetuo y con la reforma se pretende que esta tenga una extensión temporal limitada a un máximo de 30 años prorrogables, salvo que la Dirección General de Aguas acredite el no uso efectivo del recurso.

En este último caso operarán las causales de caducidad, que para los derechos de agua Consuntivos (aquellos que faculta a su titular para consumir totalmente las aguas) corresponde a un plazo de 4 años contados desde su otorgamiento y en el caso de los No Consuntivos (aquellos que permiten emplear el agua sin consumirla obligando a restituirla) a 8 años.

Este es uno de los aspectos que se critican en el sector energético ya que se señala que un proyecto de generación se demora mucho tiempo en madurar, por lo que poner plazos podría hacer caducar los derechos de aprovechamiento. Además, se argumenta que se produciría un debilitamiento del derecho de propiedad sobre el derecho de aprovechamiento del agua surgiendo las siguientes interrogantes: ¿El sistema de concesiones temporales se aplicará sobre los derechos de aprovechamiento constituidos con anterioridad a la reforma? y por otra parte, ¿este nuevo sistema permitirá dejar en garantía los derechos de aprovechamiento de agua para financiar un proyecto?

Si bien se reconoce como un aspecto positivo del actual proyecto la obligatoriedad de inscripción en el Conservador de Bienes Raíces de los derechos que son otorgados por la DGA, se critica que el plazo de 30 días desde su otorgamiento es muy corto.
Hay unanimidad entre los especialistas consultados sobre la urgencia de perfeccionar el sistema vigente, sin embargo, se enfatiza la necesidad de tener en cuenta el fomento de la inversión y el fortalecimiento de las instituciones relacionadas. Por otra parte, se hace indispensable que el proyecto contemple un aumento en los recursos y dotación de la Dirección General de Aguas.