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Diseño eléctrico con mayor resiliencia

El sector energético chileno se encuentra en un periodo de cambios y avances importantes, y en este contexto, urge contar con un sistema eléctrico que se adapte positiva y rápidamente a eventos de baja probabilidad pero de alto impacto.

Los prolongados cortes de suministro eléctricos registrados en Santiago entre junio y julio, a causa de eventos climáticos pusieron aprueba al segmento de la distribución, y abrieron un debate acerca de la calidad del servicio otorgado en algunas zonas de concesión, además de las inversiones y costos operacionales que se requieren para el mantenimiento y actualización de las instalaciones eléctricas del sistema. Ello se produjo cuando estaba en marcha el proceso de consensuar las modificaciones a ese sector de la energía y que el Ejecutivo convertirá en un proyecto de ley.

Lo sucedido también plantea dos temas de fondo para la distribución. Uno: consensuar entre el regulador y el sector privado cuáles son las condiciones para definir los estándares de calidad, a partir de la realización de inversiones y de los costos de mantenimiento asociados. Dos: establecer las condiciones sobre qué es y qué no es el motivo de fuerza mayor dentro de la regulación.

En medio de esta discusión, varias son las propuestas que han surgido desde distintos frentes, incluidas las mismas compañías que han entregado sus planes frente a futuras contingencias, los que al cierre de esta edición han sido considerados insuficientes por la SEC.

Entre estas iniciativas se encuentra la poda y tala extraordinaria de árboles, coordinada con los municipios respectivos.

A esto se suma la idea de soterrar la totalidad de las redes (actualmente en la RM el 20% está instalado de esta manera) e incluso se ha escuchado la alternativa de concesionar los ductos subterráneos realizando una coordinación entre los distintos servicios públicos que las necesitan. En este caso, no hay unanimidad entre los especialistas de que sea una solución viable, debido a su alto costo y a la incertidumbre de lo que pueda ocurrir frente a inundaciones.

Por otra parte se ha planteado la alternativa de enmallar las redes de media y baja tensión, de realizar nuevos trazados con alimentadores de refuerzo y de incorporar tecnologías o mecanismos que eviten que se junten las líneas en el caso de que ocurran fuertes vientos o caídas de objetos. También se plantean las ideas de relocalizar parte de las redes aéreas o modificar el tipo de vegetación en su ruta, aumentar las cuadrillas para la ejecución de las actividades preventivas, y la adquisición y arriendo de equipos electrógenos para pacientes electrodependientes.

El reporte de Systep de julio expuso un aspecto importante a considerar en este debate. La regulación actual traspasa a los consumidores el costo de una red eficiente, pero está ausente una planificación integral con otros agentes (municipalidades, PMGDs, centros de planificación urbana) y asigna limitada atención a mejoras operacionales. En otras palabras, dado el esquema de remuneración de las empresas distribuidoras, no es posible pedirles que estén preparadas para responder a un evento extremo como este, que podría suceder cada 40 años.

En este sentido, la actual discusión sobre la Ley de Distribución podría ser una gran oportunidad para incorporar este tipo de incentivos, además de analizar las eventuales soluciones, sin perjuicio de que el Ejecutivo materialice la presentación de una “ley corta” para abordar la contingencia.

El sector energético chileno se encuentra en un periodo de cambios y avances importantes, y en este contexto, urge contar con un sistema eléctrico que se adapte positiva y rápidamente a eventos de baja probabilidad, pero de alto impacto. Solo de esta manera se logrará la meta de un promedio máximo de indisponibilidad de suministro eléctrico de una hora al año para 2050.