COP 25: avances, perspectivas y el sector energético

El reforzamiento de la industria de la energía en Chile debe necesariamente considerar avances legislativos claros en materia medioambiental, como instrumentos legales que establezcan metas y una gobernanza climática adecuada a la realidad del país.

La organización de las Conferencias de las Partes en Chile (COP25) de la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático sigue avanzando a través de una serie de conversatorios previos que se realizan por estos días, con miras a su realización en diciembre próximo. El sector energético tiene mucho que decir y aporta, considerando que actualmente un 75% de las fuentes de energía del país provienen de combustibles fósiles que al quemar generan gases efecto invernadero, principalmente del petróleo y sus derivados utilizados en transporte o industria, como también del carbón utilizado para la generación de electricidad.

A  partir de este dato es que surge la oportunidad de Chile para contribuir al evento internacional, gracias al avance de los últimos años: desde el ingreso masivo de energías renovables a la matriz, pasando por el retiro de las unidades generadoras a carbón, hasta el impulso a la electromovilidad, entre otras iniciativas que dejan al país como un referente en la región en materia de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero.

Estos avances también hablan de la transición hacia la electrificación de la matriz energética no eléctrica, en reemplazo de fósiles, que es otra de las piezas claves que puede mostrar el sector privado chileno en esta cumbre, y que contribuyen hacia el objetivo de alcanzar la carbono neutralidad.

Para el sector energético esta también es una oportunidad para dar a conocer esta transición a la sociedad, a través de la pedagogía climática, explicando los orígenes, riesgos y las oportunidades de combate al cambio climático. Pero este escenario para reforzar el rol de la energía debe necesariamente considerar otros aspectos de primer orden. El primero de ellos es que la legislación nacional avance de forma clara en instrumentos legales que establezcan metas y una gobernanza climática adecuada a la realidad del país, lo que debe considerar aspectos de costo-eficiencia y socio-ambientales.

Ello plantea el desafío de coordinar los esfuerzos institucionales para contar con políticas públicas económicas, ambientales y sociales, donde el sector energético privado puede ser protagonista con el propósito de colaborar con otros sectores productivos, como obras públicas de infraestructura, agricultura y minería, en la mitigación y adaptación al cambio climático.