A propósito del debate en la opinión pública respecto al aumento en los plazos de evaluación de los proyectos que ingresan al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), se hace urgente implementar, al menos, algunas de las 25 propuestas que la Comisión Asesora Presidencial presentó en su informe final.
Como ya es sabido, el actual sistema se ha ido complejizando en cuanto a los requerimientos de información, llevando a un aumento en la discrecionalidad de las consultas de los distintos Órganos de la Administración del Estado con Competencia Ambiental (OAECA), tal como es refrendado en el informe final de la Comisión (ver propuesta N° 14).
Dicha discrecionalidad, muchas veces implica contradicciones entre distintos OAECA o genera consultas que no son claras respecto de lo que se solicita al titular que presenta un proyecto al SEIA, siendo cada vez más frecuente encontrarse con opiniones más que consultas en los procesos de Adenda.
¿Será necesario esperar la implementación de todas las medidas propuestas por la Comisión para mejorar el Sistema? Creemos que no, pues hay mejoras en el corto plazo que pueden ser implementadas rápidamente con las potestades actuales que posee el SEA, siendo la más evidente la generación de instructivos y guías que pueden dar mayor “practicidad” a la información que se presenta en el sistema.
Este camino daría mayor claridad a los regulados para que puedan presentar información con la calidad que espera la autoridad, fortaleciendo así el principio preventivo de eficiencia que inspiró la Ley N° 19.300. Así, al entregar lineamientos claros respecto de la información que debe ser presentada por cada componente ambiental (donde además se indique los OAECA’s involucrados), se daría mayor certeza jurídica, se podría disminuir la discrecionalidad y así agilizar la evaluación ambiental de proyectos.
Así como la propuesta N° 6 del CAP-SEIA señala la necesidad de “establecer obligación explícita para que el SEA y los OAECA proporcionen asistencia al regulado y a la ciudadanía interesada”, en la elaboración de guías, además se debería considerar la participación de titulares y consultores, que con su experiencia pueden aportar en dar un carácter más práctico a los objetivos que busca implementar la autoridad.