Hasta el 4 de diciembre se extiende el período de consulta pública sobre la política energética a largo plazo que ha diseñado el ministerio de energía, tras un novedoso proceso de definición. La propuesta se basa en cuatro temas relevantes: Seguridad y Calidad de Suministro, Energía como Motor de Desarrollo, Compatibilidad con el Medio Ambiente y Eficiencia y Educación Energética. Respecto al cuarto tema, compatibilidad con el medio ambiente, se plantean como desafíos relevantes y paralelos, el impulso de una matriz energética renovable y el desarrollo de lineamientos para abordar los impactos al medio ambiente, tanto a nivel global como local.
En relación a la matriz energética renovable, el objetivo es recuperar la proporción de energía hidroeléctrica que ha ido a la baja en los últimos años debido a las sequías, a través de proyectos de energía geotérmica, solar, y eólica. En la misma línea, se postula la necesidad de privilegiar la generación termoeléctrica, en base a gas y biomasa. Respecto a esta última, es relevante enfatizar que la propuesta es comenzar a regularla como un combustible sólido, lo que aparece como positivo en términos generales puesto que permitirá definir un estándar de calidad y así asegurar la composición de este producto. Sin embargo, la política energética en cuestión también plantea la necesidad de renovar los calefactores que funcionan en base a biomasa forestal, especialmente en las zonas latentes y las saturadas de contaminación. Esto último tendrá una incidencia real en el centro y sur del país, donde se emplazan las zonas latentes o saturadas por particulado.
Respecto de los impactos ambientales de la generación eléctrica, se plantea un concepto novedoso, la “Pérdida de Biodiversidad Neta Cero”, bajo el cual se busca evitarlos, en primer lugar, mitigarlos cuando resultan inevitables y compensarlos cuando no se ha podido realizar ninguna de las anteriores. Surge, entonces, la necesidad de acotar el alcance del concepto, definiendo una metodología estandarizada, conocida, discutida y acordada con los principales actores, de modo que la demostración de esta nuevo significación no quede sujeta a discrecionalidades de ningún tipo.
Finalmente y sin querer ser exhaustivos respecto al contenido del documento, una mención especial se merece el capítulo Energía como Motor de Desarrollo Inclusivo y Competitivo, particularmente al tema de la inclusividad territorial. Se quiera o no, este aspecto se relaciona fuertemente con el ámbito medioambiental y, en ese contexto, condiciona el desarrollo de nuevos proyectos de generación eléctrica o ampliaciones de las instalaciones existentes. La política en consulta propone formular una planificación energética a largo plazo, así como la materialización de planes energéticos regionales de carácter indicativo, los que además incidan en la formulación de planes regionales de ordenamiento territorial. Interesante enfoque se le ha dado al tema, por cuanto deja de lado la inaplicable aspiración de definir, por parte de la autoridad, dónde puede o no desarrollarse un proyecto de infraestructura energética. En tanto, centra toda la atención en planes energéticos regionales que definirán aspectos más relevantes que la mera localización de un proyecto energético, una mirada más integral que, sin duda, dará resultados positivos.